La Jornada martes 29 de diciembre de 1998

Niega Eduardo Andrade que haga activismo para llegar a la PGR

Estimada señora directora: Me refiero a la nota aparecida en la edición de anteayer, de su prestigiado diario, suscrita por los reporteros Roberto Garduño y Juan Manuel Venegas, en la que se da cuenta de presuntas versiones según las cuales yo asumiría la titularidad de la Procuraduría General de la República.

Al respecto deseo hacer las siguientes precisiones:

1. No estoy practicando ningún ``activismo'' con la pretensión a la que se refiere la nota. Efectivamente, he tenido que estar muy activo en mi función de vicepresidente de la Gran Comisión del Senado de la República, en virtud del cúmulo de trabajo que, todos saben, existe actualmente en el Congreso de la Unión.

2. En ningún momento me he encargado de divulgar ``mis posibilidades'' de ascender al gabinete del presidente Ernesto Zedillo, como señala la mencionada nota.

3. No he establecido ningún tipo de contacto con delegados estatales de la PGR para conocer la situación de la dependencia. Mis relaciones con los funcionarios de dicha Procuraduría, siempre conocidas y concertadas con su titular, sólo han tenido que ver con mis funciones legislativas, como integrante de comisiones que analizan asuntos vinculados con aspectos jurídicos, constitucionales y penales.

El señor procurador Jorge Madrazo es mi colega y amigo desde hace muchos años y por ningún motivo deseo que tenga la falsa impresión de que promuevo o divulgo rumores que tengan que ver con su función.

Quiero dejar claro que no cuestiono la responsabilidad ni el profesionalismo de los reporteros que firman la nota, porque, habiéndome dedicado yo a la misma profesión durante varios años de mi vida, entiendo el contexto en el que se inscribe y el carácter especulativo y condicional con el que está escrita, el cual se expresa claramente en su redacción, pero para mí es muy importante que se conozcan las precisiones que ya he formulado.

Aprovecho la oportunidad para hacerle llegar un cordial saludo y mis mejores deseos con motivo del año que se inicia.

Dr. Eduardo Andrade Sánchez, senador de la República

Respuesta de los reporteros

Señora directora: Los legisladores y funcionarios que en el Senado de la República, el Partido Revolucionario Institucional y la Procuraduría General de la República nos proporcionaron la información sobre el activismo de Eduardo Andrade Sánchez con vistas a su presunto nombramiento como sucesor de Jorge Madrazo, se sostienen. Es más, confirmaron el contenido de la nota elaborada por nosotros, al señalar que el legislador sí ha sugerido la posibilidad cercana de que dirija la PGR.

Roberto Garduño y Juan Manuel Venegas

Precisiones del INM a la carta de Anaya Gallardo

Muy distinguida directora: Ayer apareció publicada en el periódico que usted dignamente dirige una carta suscrita por el abogado Federico Anaya Gallardo, quien expresó sus comentarios respecto a un supuesto ``hostigamiento del Instituto Nacional de Migración contra extranjeros'' que, como él mismo señala, ``colaboran con la diócesis de San Cristóbal de las Casas y las ONG que trabajan en el área''.

Sobre el particular, me permito solicitarle sean publicadas las siguientes precisiones:

El licenciado Anaya considera que es ``muy discutible que el retén instalado en la cabecera de Chenalhó sea legal''. Ante ello sólo basta recordarte que el artículo 151 de la Ley General de Población señala que la autoridad migratoria podrá llevar a cabo: (fracción V) ``revisión migratoria en rutas o puntos provisionales distintos a los establecidos'', fronteras, puertos marítimos o aeropuertos. Por cierto, el artículo 20 a que hace referencia el abogado Gallardo, no hace ninguna alusión, como él lo afirma, al establecimiento de ``puntos de revisión temporal''. Por lo tanto, el punto provisional de revisión migratoria establecido en Chenalhó es perfectamente legal.

El mismo señor Anaya Gallardo cuestiona ``la buena fe'' con la que se expidieron los citatorios a nueve extranjeros de los setenta que el día 22 de diciembre transitaron por el punto de revisión migratoria de Chenalhó; al respecto cabría recordarle que el artículo 64 de la ley de la materia señala: ``los extranjeros, cuando sean requeridos por la Secretaría de Gobernación'', están obligados a ``comprobar su legal estancia y permanencia en el país''. Y que si de dicha revisión migratoria se desprende la posibilidad de violaciones a la ley, pueden ser citados a comparecer ante la autoridad migratoria, de acuerdo con lo que establece el artículo 51 de la propia ley. De los nueve extranjeros citados, tres de ellos lo fueron por no portar documento migratorio, uno por tener documento migratorio vencido y cinco para verificar actividades conforme a su calidad y características migratorias.

El señor Anaya Gallardo sostiene que ``la única razón legal y jurídica para realizar inspecciones de tipo migratorio'' sólo se da, según él, para ``verificar la documentación migratoria de los extranjeros''. Esta afirmación también resulta inexacta, ya que los citatorios para hacer comparecer ante la autoridad migratoria a los extranjeros incluyen a aquéllos que tienen por objeto verificar tanto la autenticidad de la documentación migratoria, como el tipo de actividades que realizan los extranjeros en el país que, en algunos casos, pudieran ser distintas de las que están autorizadas en sus respectivos documentos migratorios.

Finalmente, es preocupante advertir que, precisamente en estas fechas, se quiera hacer aparecer el estricto cumplimiento de las leyes mexicanas como algo incorrecto, calificándolo de hostigamiento, a grupos o personas con las que se tiene simpatía o afiliación ideológica.

Atentamente,

Sufragio efectivo. No reelección

Lic. Alejandro González Navarro, coordinador Jurídico del INM

Recuerdan en Alemania a las víctimas de Acteal

Señora directora: Solicitamos la publicación de esta carta abierta dirigida al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Estimado presidente Zedillo, ¡no nos olvidamos de la masacre de Acteal, tampoco en Alemania!

El 22 de diciembre hace un año 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres fueron asesinados por un grupo paramilitar armado por las autoridades.

No nos olvidamos de las víctimas. Las conmemoramos a cada una en este aniversario.

No nos olvidamos de los sobrevivientes, de Las Abejas que luchan sin armas por los derechos y la dignidad de los indígenas.

No nos olvidamos de los asesinos, de los ejecutores y de los instigadores. La sangre clama al cielo.

No sabemos exactamente hasta qué grado el PRI y las autoridades sean culpables de la matanza. Sabemos que el terror de los grupos paramilitares continúa y son responsables de la miseria de miles de desplazados. Sería fácil para los 70 mil soldados desarmarlos en lugar de ocupar las comunidades, pero al contrario, colaboran con ellos en una estrategia de opresión y de muerte. Por tanto, usted como comandante en jefe del Ejército es responsable de lo que pasa actualmente en Chiapas, y su gobierno comparte la responsabilidad de lo que pasó en Acteal.

Exigimos que las fuerzas estatales respeten la vida, la dignidad y los derechos de cada ser humano en Chiapas, especialmente los derechos de los indígenas, establecidos en los Acuerdos de San Andrés, firmados, que paren la guerra de baja intensidad, que desarmen a los paramilitares.

Hay que atacar las causas económicas, sociales y políticas de la rebelión en lugar de atacar a la gente que sufre por ellas.

Profr. Harald Ihmig y las firmas de 87 profesores, estudiantes y otros ciudadanos de Hamburgo, Alemania

Felicitan a autoridades del Distrito Federal

Señora directora: Los defensores de los derechos humanos del STUNAM, queremos manifestar nuestra felicitación a las autoridades de la Dirección General de Reclusorios del Distrito Federal, por el manejo dado al motín en el Reclusorio Sur, que evitó derramamiento de sangre; y hacemos una petición a Jaime Alvarez Ramos, para que se retomen los lineamientos que sean de utilidad, que proporciona el Observatorio Internacional de Prisiones, que en su informe de 1994 habla de los reclusorios del DF. Asimismo, se asuman los conceptos del primer Congreso de las Naciones Unidas Sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, efectuado en Ginebra en 1995. Estos fueron aprobados por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (31 de julio de 1957 y 2076 del 13 de mayo de 1997; esto, mientras se encuentran medidas alternativas a la pena de prisión.

Unidos con los derechos humanos para el bienestar social,

Promotores y defensores de derechos humanos: Francisco Castro Meléndez, Adrián Pedrozo, Alicia Andrade Rodríguez, María de Lourdes González, Carmelo de Jesús Hernández, Mariano Flores Nieto, Horacio Sereno Casas, Máxima Castro, Guadalupe León Prado, Ana María Solares Bazaldúa, Carmen Sosa García, Candelaria Martínez, Oralia Fregoso, Felipe López López, Isaac Zaragoza García