La Jornada martes 29 de diciembre de 1998

Alberto Aziz Nassif
Militares rebeldes

Una de las piezas que faltaba para completar el complicado escenario político de 1998 ya está entre nosotros: un grupo de militares, encabezado por el teniente coronel Hildegardo Bacilio Gómez, decidió rebelarse: hizo una marcha pública, emitió un ``Manifiesto al Pueblo de México'' -firmado por el llamado Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP)- y pide, entre sus principales demandas, la eliminación del fuero de guerra y la creación de un ombudsman para los integrantes del Ejército. El problema abre un nuevo espacio de conflicto en una institución cuyos valores emblemáticos son la disciplina, la obediencia y el orden.

Uno de los espacios sociales en los que se puede aplicar de forma más interesante el concepto de campo social de Pierre Bourdieu es, sin duda, en el ámbito militar. En cualquier espacio de la actividad social existen reglas y lugares en donde los actores participan para ganar legitimidad, prestigio, capital, y en esa red hay posiciones que gozan del monopolio de los atributos y otras que se encuentran prácticamente descubiertas. Con ese enfoque, Bourdieu ha realizado análisis sobre el campo del arte, la alta costura y la religión, todos ellos cruzados por relaciones de poder.

El campo de lo militar ha tenido en México características especiales en las últimas décadas. Ha sido uno de los espacios más apartados del escrutinio público, se conoce poco lo que sucede dentro de las instituciones militares. Hay un doble parámetro sobre el Ejército: un discurso oficial que reivindica a las fuerzas armadas y reconoce sus labores sociales de servicio a la población y sus valores de lealtad y patriotismo.

Y al mismo tiempo, en las últimas décadas el Ejército Mexicano se ha visto envuelto en una serie de intervenciones que han afectado su imagen por el carácter represivo de sus actos, como con el movimiento estudiantil de 68, la guerrilla de los 70 y, en estos años, la guerra en Chiapas; además, el hecho de involucrar al Ejército en el combate al narcotráfico ha generado malestar dentro de sus filas por la creciente componenda, que llegó a una crisis con el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, acusado de proteger intereses del narco. En suma, hay un desconocimiento de lo que pasa adentro del Ejército; existen unos cuantos casos, muy pocos, que han llegado a la opinión pública, como el expediente del general José Francisco Gallardo.

No se sabe hasta dónde pueda llegar ese movimiento; por lo pronto, ha sido mal recibido por las mismas élites del Ejército. Por otra parte, el PRD ha sido sensible a las demandas de respeto a los derechos humanos del CPCP. Varios de los militares rebeldes ya son acusados y perseguidos por las instancias de la justicia militar y se han amparado por la justicia federal. El problema de fondo tiene que ver con la impartición de justicia dentro del fuero militar, y la demanda implica una reforma del artículo 13 de la Constitución, en el cual se establece la vigencia del fuero militar.

Si se ve el movimiento desde la legalidad civil, no existe ninguna falta: marchar por la vía pública, hacer un pliego petitorio, tener acceso a los medios masivos de información y hacer alianzas políticas es perfectamente legal y no se viola ninguna ley, pero el problema se complica porque el campo de lo militar no está diseñado para rebelarse; en la institución del orden y la disciplina no hay espacio para la disidencia y, en ese sentido, el CPCP está condenado al fracaso.

Sin embargo, el movimiento expresa un problema grave para los militares y quizá se trate de una situación crítica que no se debería de ignorar y menos reprimir con actos de autoridad. El actual clima político del país posibilita que esas demandas tengan foro y se expandan en la opinión pública. Desde la sociedad civil, cualquiera cuenta con la oportunidad a tener garantizados sus derechos humanos; el otro tema para discutir es el de la vigencia de los tribunales y los fueros especiales.

Más allá de las intenciones de los militares rebeldes, el movimiento ha puesto en el debate nacional un problema real del campo de lo militar, lo cual puede ser sano para un país que todavía tiene zonas vedadas al escrutinio público.