Fracasa maniobra de la fracción priísta para imponer el impuesto telefónico

Mireya Cuéllar y Ciro Pérez Ť La Cámara de Diputados no pudo salir anoche de su entrampamiento. El Partido Acción Nacional se negó a asistir a la reunión de la Comisión de Hacienda donde serían presentados los proyectos de dictamen de la Ley de Ingresos, Miscelánea Fiscal y Ley de Coordinación Fiscal elaborados por el PRI, porque los priístas incluyeron en el documento la autorización al Ejecutivo para cobrar un impuesto telefónico de 15 por ciento -exentando a los usuarios de consumo básico, el servicio en casetas y la telefonía rural-. Así, la Comisión nunca pudo sesionar y al filo de la media noche el pleno de los diputados fue mandado a dormir y citado para hoy a las 10 de la mañana.

Los panistas argumentaron -para no asistir- que los dictámenes incluían muchas cosas que ellos habían aceptado porque se suponía que al final no habría impuesto telefónico y que no se iban a exponer a ``un albazo'' del PRI. Mientras que Arturo Núñez acusó al PAN y al PRD de ``boicotear'' los trabajos de la Comisión de Hacienda y el presidente de dicha comisión, Angel Aceves Saucedo, dijo que la oposición había usado un tono de ``plañidera'' para solicitar que no hubiera reunión.

``Tienen miedo porque no hacen mayoría, algunos de sus diputados andan de vacaciones y de fiesta y no quieren perder en la Comisión'', señaló el priísta Jorge Estefan Chidiac, quien dijo que el ofrecimiento al PAN y al PRD fue de que se reunieran y ahí se votaran los dictámenes. ``Si ellos tienen los suyos que los lleven y vemos quién tiene mayoría'', apuntó un muy seguro Estefan Chidiac, sabedor de que el único dictamen que estaba preparado era el del PRI.

Y es que el PRI tomo los dictámenes que había elaborado con el PAN en la mesa del club de banqueros y le incluyó el impuesto telefónico (con lo cual también ajustó la cifra de ingresos) y los presentó como suyos. Eso molestó de tal manera al PAN que en principio quiso revivir al bloque opositor y elaborar dictámenes alternos, pero el PRD no aceptó sus condiciones y el PVEM y el PT tampoco vieron con buenos ojos que de última hora, cuando no se había podido arreglar con el PRI, buscará el acercamiento con la oposición.

La oposición en conjunto tiene mayoría en la Comisión de Hacienda -16 contra 14 del PRI- y pudo sacar dictámenes alternos, pero como PRD y PAN no lograron un acuerdo ya ni siquiera se intentó ese camino. También la oposición tiene mayoría en el pleno, 262 contra 238 priístas. Por la fracción del PRI, la Secretaría de Gobernación se encargó, vía Diódoro Carrasco, de llamar a todos los diputados para obligarlos a mantenerse en San Lázaro todo el día.

La oposición no pudo hacer lo mismo. Al PAN le faltaba un diputado y al PRD 5. La ecologista Verónica Velasco fue muy cuestionada, porque pese a ser miembro de la Comisión de Hacienda no se ha aparecido por San Lázaro. Su ausencia hubiera imposibilitado a la oposición para hacer quórum, si lo hubiera intentado, porque se requieren 16 de sus 30 miembros, es decir, la mitad más uno.

El PRD se deslindó totalmente de lo que ocurrió en San Lázaro. Porfirio Muñoz Ledo, el coordinador de los diputados perredistas, expresó que PAN y PRI llevaron a la Cámara a dicha situación cuando sacaron las negociaciones del Palacio Legislativo y se las llevaron al club de banqueros. ``Que se pudran'', espetó Muñoz Ledo cuando los panistas intentaron un acercamiento con el perredismo y le ofrecieron autorizar a Cuauhtémoc Cárdenas el endeudamiento que solicitó -de 7 mil 500 millones de pesos- y otorgar más recursos al Distrito Federal, a cambio de que el PRD avalara, sin condiciones, sus propuestas de ingresos, miscelánea y coordinación fiscal.

``Ellos (PAN y PRI) están obligados a ponerse de acuerdo porque legalizaron el desaguisado llamado Fobaproa. Que se hagan cargo de sus actos política y socialmente'', dijo Pablo Gómez en una conferencia de prensa, quien al interior de su fracción se mantuvo muy firme en esa postura cuando el sector más cuauhtemista pretendió que se plegarán a las intenciones del PAN para que el jefe de gobierno del Distrito Federal tuviera más recursos para el próximo año.

Consultados sobre esa propuesta, el dirigente del PRD, Andrés Manuel López Obrador y el propio Cárdenas, dijeron que no era aceptable porque no podían cambiar principios por recursos para el DF.

Del PRI, Muñoz Ledo dijo ``que con su PAN se lo coman'', ellos negociaron a escondidas el paquete ahora tienen que ``destrabar'' las cosas.

Al filo de la media noche unos 300 diputados estaban en el salón de sesiones a la espera de unos trabajos que se suponía iniciarían a las siete de la noche. El presidente de la mesa directiva por este mes, Juan Marcos Gutiérrez, hizo funcionar el sistema de sonido tan sólo para decretar un nuevo receso de la sesión plenaria para hoy en la mañana. La decisión provocó la gritería de los priístas quienes gritaban ``¡sesión! ¡sesión!'', el PRI envió a Jaime Moreno Garavilla a revivir la sesión, pero le cortaron el sonido de los micrófonos de la presidencia.

Los priístas se fueron del salón gritando que la oposición ponía en riesgo al país porque si no hay ingresos el gobierno no puede funcionar. Enrique Jackson hizo en el salón un pequeño mitin, en un último intento por mantener a los diputados en el salón. Pero no, la oposición se había ido.

Los dictámenes

Los tres proyectos de dictamen que circularon ayer fueron elaborados por PAN y PRI -con la inclusión del impuesto telefónico por parte del PRI- y contienen varios aspectos encorchetados.

De acuerdo con el proyecto de dictamen de la Ley de Ingresos, se reducirían los ingresos del gobierno federal en 13 mil 612.9 millones de pesos, al autorizarle a recaudar tan sólo un billón 27 mil 322.8 millones de pesos, en lugar del billón 40 mil 935.7 que le solicitó al Congreso y le autoriza a cobrar un impuesto telefónico de 15 por ciento.

De acuerdo con el anteproyecto de dictamen, el gobierno recaudaría 9 mil 799.5 millones de pesos por concepto del impuesto telefónico, en lugar de los 11 mil 188.7 que pensaba obtener con un gravamen del 15 por ciento sin exenciones. El impuesto abarcará -según el anteproyecto- la telefonía básica local, móvil, radiotelefonía con tecnología celular y acceso inalámbrico, satelital, de larga distancia nacional e internacional.

Calcula el preció del petróleo en 9 dólares y aumenta el precio del diesel. Autoriza al gobierno federal un endeudamiento externo que no exceda 5 mil millones de dólares estadounidenses y uno interno de hasta por 95 mil millones de pesos, como solicitó. En cambio, rechaza la solicitud de endeudamiento por 7 mil 500 millones de pesos que hizo el Distrito Federal y sólo autoriza a Cuauhtémoc Cárdenas a contratar 2 mil millones de pesos.

Propone una reducción paulatina del ISR de las empresas de 34 a 32 por ciento, y en el 2000 de 32 a 30 por ciento y mantiene el impuesto a las bebidas alcohólicas.

Coordinación fiscal

El anteproyecto de dictamen de la Ley de Coordinación Fiscal establece que atendiendo a principios de ``equidad distributiva'', se modifica la Ley de Coordinación Fiscal y se excluye al Distrito Federal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios -anteriormente ``y del Distrito Federal''-, de este modo los recursos serán distribuido únicamente en beneficio de los municipios.

El Fondo se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al (1.5 ó 2.35) por ciento de la recaudación federal participable. Este Fondo se entregará mensualmente por partes iguales a los municipios, por conducto de los estados.

Se crean además otros dos fondos. El primero para la educación tecnológica y de adultos, que considera la transferencia de recursos adicionales a los gobiernos estatales para el cumplimiento de los servicios educativos que deja en sus manos, con lo que se garantiza la marcha armónica de la educación del país y el proceso de federalización correspondiente.

El segundo para la Seguridad Pública que pretende la transferencia a los gobiernos estatales y el Distrito Federal recursos para apoyar el cumplimiento de la función concerniente a la seguridad pública, proveyendo más eficazmente a la construcción de un mecanismo encaminado a prevenir y combatir el delito por las distintas instancias competentes en los diversos niveles de gobierno, de forma tal que todos ellos asuman plenamente, en el ámbito que les corresponde, la obligación esencial del Estado de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas.

Los recursos proporcionados a través del Fondo se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de éstos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. El Fondo de Aportaciones será distribuido en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada estado.

José Gil Olmos Ť El secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, reconoció que al gobierno no le gusta la decisión de reducir el presupuesto o aumentar los impuestos, pero advirtió que de no hacerlo el daño para el país sería mayor. Argumentó que tales decisiones se tomaron a raíz de la caída de los precios del petróleo, cuyo costo se calcula en 75 mil millones de pesos.

``No nos gustan (estas decisiones), pero lo que es más serio y más dañino es no decidir y no resolver'', argumentó tras señalar que el gobierno no puede ``meter la cabeza en un agujero para no ver los problemas''.

Por su parte, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, dijo que se acaba el tiempo para aprobar la Ley de Ingresos, la miscelánea fiscal y el Presupuesto de Egresos y el retraso genera un problema de confianza en los mercados. La solución, subrayó, es aumentar ingresos y ajustar el gasto. Añadió que se busca un presupuesto sin ``cifras alegres'' ni cálculos demasiado optimistas y reiteró la disposición del gobierno a reducir en 10 mil millones de pesos más el Presupuesto de Egresos, lo que significaría un recorte superior a 60 mil millones para 1998, incluidos los tres que se hicieron durante el ejercicio fiscal que está por concluir.

Mientras, entrevistado al llegar a sus oficinas luego de acudir a la reunión del presidente Ernesto Zedillo con los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, Labastida insistió en que la iniciativa de presupuesto del gobierno es responsable porque ``no podemos vivir de ilusiones y menos andar viviendo de prestado''.

Tras insistir en el impacto que tendrá la reducción de los precios del petróleo, ejemplificó: ``Es como cuando en una familia uno de sus miembros pierde el trabajo. La familia tiene que decidir qué hacer, si ajusta su presupuesto o si vive de prestado. Es lo que tenemos que hacer también en el país''.

Confió en la ``sensatez y cordura'' de los legisladores, sobre todo de la oposición, para aprobar la iniciativa del Ejecutivo, y dijo que la decisión se ha tomado sin pensar en los costos políticos sino en los intereses del país.

``Los costos políticos, cuando esto pasa, se pagan de cualquier manera. Uno tiene que actuar con responsabilidad pensando en los intereses del país, independientemente de que haya problemas o costos políticos. La responsabilidad es lo que tiene que impulsar las decisiones de quienes trabajamos en el gobierno y de quienes trabajan en el Legislativo'', argumentó.

Incluso advirtió que sería prematuro pensar que el costo político para el PRI sea perder la Presidencia de la República en las elecciones del año 2000, pues la sociedad, señaló, juzgará a todos los actores políticos.

Señaló que el problema de las finanzas públicas es real y ``no desaparece por taparnos los ojos ni los oídos''. Es, agregó, un problema que hay que solucionar, pero que tampoco puede paralizar al país, pues éste tiene una gran vitalidad.

Apoyó los argumentos del gobierno federal para aumentar impuestos y reducir el presupuesto, al recordar que cuando fue secretario de Energía hubo una situación similar: la inflación aumentó el primer año ciento por ciento y al siguiente 160 por ciento, además de que el producto interno bruto cayó 3 por ciento.

``Lo que es claro en economía es que cuando uno no decide deciden las inercias, y entonces los problemas son más graves. No hay costo más alto que no decidir y no actuar'', concluyó.

En riesgo, programas educativos y de combate a la pobreza: Gurría

En declaraciones a una radioemisora, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Angel Gurría, argumentó que un ajuste mayor al propuesto, sin ingresos, aumentaría el déficit público proyectado en 1.25 por ciento del producto interno bruto (PIB) y desmantelaría programas enteros de educación, infraestructura y combate a la pobreza.

Gurría sostuvo: ``No aceptar más impuestos es una posición, sin duda, elegante y políticamente muy rentable, pero no es una posición responsable. En este momento se tiene un hueco que va en más de 20 mil millones de pesos, y simplemente se pretende que se ajuste por la vía de recortar el gasto. Ya el gasto se ajustó en 1998 en más de 30 mil millones de pesos; la propuesta original para 1999 se recortó en más de 20 mil millones y ahora se propone un ajuste adicional de 10 mil millones. Así, en los últimos 12 meses el gobierno habría recortado su egreso en más de 60 mil millones''.

Ahora, agregó, se exploran ``algunos esfuerzos que necesariamente serían marginales; hablamos ya no de cortar grasa ni músculo, sino de cortar hueso. Eso quiere decir que el esfuerzo por la vía de recortar el gasto ya es limitado. Es necesario buscar el equilibrio del presupuesto para que sea sólido, no desmantele programas prioritarios ni provoque un aumento en el déficit público, porque sería muy indeseable aumentar el endeudamiento'', concluyó.