Luis Linares Zapata
Un año de agonía financiera
Lo que debía ser un año de prueba para la pluralidad en la Cámara de Diputados que se reflejara en un debate legislativo de altura y en un ensayo serio de la división de poderes, se desdibujó en una escaramuza entre dos bandos de similares intereses, protestas de la oposición irreductible y oscuras encerronas en las oficinas del Ejecutivo federal.
PRI, PAN y el gobierno acordaron, desde hace semanas, un arreglo que mucho tiene de cupular y que limitará, lastrándolo con una penosa agonía que se extenderá por toda la década por venir, el esfuerzo colectivo de los mexicanos. La cascada de impagables réditos es una de las causas de la catástrofe, y quizá sea la fundamental. Se tiene que incluir en este escenario, claro está, la drástica caída de los precios del petróleo, durante el año que termina, como un factor que ha agudizado la penuria fiscal y fuerza a la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.
Primero se aprobó una ``salida'' para el Fobaproa y, con seguridad, se pasará la Ley de Ingresos a pesar de los jaloneos de última hora, que no evitarán la elevación impositiva. Antes del fin de este periodo de sesiones se votará también un presupuesto con recortes drásticos al gasto llamado programable, abultadas partidas para pago de deuda y nula inversión pública. Un verdadero paquete de candados para el desenvolvimiento de la fábrica nacional y una ruta de penurias para todos al menos por todo el 99.
La razón profunda de tan tétrico panorama se encuentra en el costo que se ha decidido pagar para retener al medroso y escaso capital. Para lograr convencer a los inversionistas, locales y del exterior, se prefiere elevar los intereses reales a cifras que castigan sin piedad la economía de producción efectiva y, como consecuencia, desatan la especulación al corto plazo y el rentismo como modo de operación. Y esto último no es una frase hueca de contenido o proveniente de grupos radicales o críticos amargados, sino una muy densa y conocida realidad que grava toda la economía nacional. Se piensa que, después de la emergencia y con férrea disciplina que controle salarios, se privilegie la inversión y equilibre las finanzas públicas, se entraría a una era de bonanza autosustentable. Tal paraíso entrevisto por el oficialismo se ha escapado, por angas o mangas, durante los últimos quince años de experimento neoliberal. Pero lo importante es perseverar, se nos dice, aunque en el camino aparezcan devaluaciones, quiebres, controles salariales, desarticulaciones productivas, fugas de divisas o altos niveles de desempleo, como los que se van acumulando en el inacabable lamento que ya ha sido hasta escriturado.
Los pasivos contingentes, derivados de la compra de cartera del ``salvamento bancario'', tan conocida con el tenebroso nombre de Fobaproa, seguramente alcanzarán montos cercanos a los 700 mil millones de pesos al finalizar este angustioso año que fenece. A tan enorme suma se llegará, precisamente, por la piramidación de descomunales intereses que fueron capitalizados unos sobre los anteriores y que hicieron impagables los créditos otorgados por la banca. Para cuando termine el 99, esta cifra volverá a aumentar puesto que el presupuesto que se discute no prevé pago alguno de intereses, sino que éstos se volverán a capitalizar nuevamente.
No hay que olvidar, aunque no engruesen los clubes de deudores en falta, ese otro mundo de penalidades, también derivadas de la misma crisis, que padecieron y aún cargan todos aquellos negocios e individuos que, con grandes esfuerzos, pudieron sortear sus compromisos pero a costa de limitar seriamente sus posibilidades de crecimiento, bienestar y consumo. Para todos ellos, el ahorro fue pospuesto, destilado o abiertamente nulificado y, con esto, cercenaron las oportunidades de financiar, sanamente, el mínimo progreso.
Pero quizá el segmento de la población más afectado por la quiebra tan mencionada fueron aquellos mexicanos lanzados fuera de la formalidad de la economía. Esto quiere decir, en términos usuales y corrientes, pobreza o destierro. Las cifras del deterioro en las condiciones de vida durante el 98 no se conocen con precisión, pero lo acaecido durante el periodo entre 95 y 96, dos fatídicos años que reportó tardíamente el INEGI en su encuesta, nos pone sobre aviso de que el 80 por ciento de la población del país se encuentra bajo el nivel de la pobreza. Con toda seguridad, el incipiente crecimiento del PIB en el 98 y el todavía más escuálido que se proyecta tener en el 99, arrojarán fuera del consumo normal a otro decil (10 por ciento) de los anteriormente catalogados como clasemedieros acomodados y dramatizará la miseria de muchos más que ya la sufren cotidianamente.