La Jornada sábado 2 de enero de 1999

Comenta acerca de las obligaciones fiscales de radio y televisión

Señora directora: Le suplico publicar la siguiente, dirigida al:

Señor presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Hasta hoy he esperado saber que en las discusiones de esa comisión -urgentes y vitales, según pidió el secretario de Hacienda, para encontrar nuevos ingresos que llenen los vacíos presupuestarios resultantes de la baja en el precio internacional del petróleo- se tomara en cuenta la situación que prevalece respecto a los impuestos a las empresas de radio y televisión, pero parece que se ignora o intenta ignorar esta cuestión.

Veamos, en apretada síntesis: el 31 de diciembre de 1968, se promulgó la Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos, con dudosa técnica legislativa en cuanto determina un impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público. Específicamente, la ley, en su artículo 9, estatuye un gravamen de 25 por ciento a las personas físicas o morales concesionarias de bienes del dominio directo de la nación, como las radiodifusoras o televisoras y sus concomitantes.

El artículo cuarto de sus transitorios, para su vigencia fija el 1o. de julio de 1969. Ahora bien, en esta fecha, se publica en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo del presidente Gustavo Díaz Ordaz, que autoriza a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, a pagar el impuesto mencionado, con 12.5 por ciento del tiempo diario de transmisión, en cada estación operativa, para el servicio que determine el Estado, con lo que se ``libera a los sujetos pasivos y a los responsables solidarios del mencionado impuesto en relación con los objetivos del mismo''.

En el Presupuesto de Ingresos para 1970, tal impuesto no se incluye y consecuentemente, resulta que desde hace 29 años las empresas de radio y televisión no pagan verdaderos impuestos, siendo obvias sus magnitudes.

A nadie pasará inadvertida la omisión injustificable en que se incurrirá si esa comisión pasa por alto este renglón de ingresos necesarios.

Alexandro Martínez Camberos

Aclaración a una nota sobre el CAM

Señora directora: Mucho agradeceré incluir la presente.

Cónsul Carlos Félix, Consulado General de México en San Diego, California.

Sirva la presente para aclarar algunos términos acerca de la nota aparecida el 31 de diciembre pasado, enviada por el corresponsal de La Jornada en Baja California, cuya cabeza señala: ``Ninguna queja del CAM por abusos en EU ha prosperado'' (página 19).

En la nota de referencia, un servidor señala que las quejas presentadas ante nosotros por los migrantes mexicanos, que han sufrido violación de derechos humanos en Estados Unidos no han prosperado, e incluso, que varias de ellas ni siquiera fueron aceptadas por el Consulado General de México en San Diego, California, por no estar debidamente fundamentadas.

En efecto, esto es así, pero si algunas quejas carecen de la debida integración es porque los quejosos no aportan mayor información, lo cual es entendible en personas recién deportadas que se encuentran en situación de crisis general. Nuestra obligación moral es documentar esas quejas y canalizarlas a los consulados con los datos disponibles, lo cual puede dar una idea de los patrones de abusos más comunes y ser referentes en la negociación de los acuerdos bilaterales entre ambos países.

Pero lo que más nos llamó la atención son sus declaraciones, contenidas en dicha nota, en el sentido de que las víctimas ``no requieren de ser representadas por organismos como el CAM'', porque ``no queda muy claro que sea una organización no gubernamental sin intereses, pues es filial del PRD. Las quejas se deben presentar a través de las instituciones del gobierno mexicano, como el consulado o la SRI''. (los subrayados son nuestros).

De lo anterior se desprenden lo siguientes comentarios:

1. El migrante que es víctima de violación a sus derechos humanos, no distingue el carácter de la persona u organismo que lo atiende y canaliza su queja, además de que no existe ningún impedimento legal para que las víctimas de abusos pueden ser representadas por cualquier persona u organismo público, privado o partidista, más cuando se trata de población de extrema vulnerabilidad y alta movilidad, como es el caso de los migrantes.

2. El Centro de Apoyo al Migrante (CAM) en Tijuana es un proyecto social que, por sus acciones y propuestas, es reconocido socialmente en la región como un organismo especializado en la atención integral de la población migrante, por lo que participa junto con otros organismos no gubernamentales en instancias oficiales de planeación municipal, y en foros y reuniones locales, regionales, nacionales e internacionales que tienen que ver con los temas de Derechos Humanos y Migración.

3. El CAM es un proyecto nacional del PRD, no proselitista, con oficinas en el Distrito Federal, Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez y Reynosa. Entre otras cosas, es el único partido político que distrae parte de su presupuesto para atender gratuitamente y sin condición a los trabajadores migratorios y sus familias. Además, debe recordarse que quienes participamos en este programa somos personas que arribamos de una experiencia en el campo de la Migración y los Derechos Humanos. Bien harían los otros partidos políticos nacionales en tener programas prioritarios para atender directamente a núcleos de población marginada, sobre todo en estos momentos de grave crisis.

4. Por último, es bien sabido que los consulados mexicanos no tienen la suficiente capacidad para documentar todas las quejas que pudieran existir, por lo que sería más conveniente consideramos como referentes y coadyuvantes para lograr el mejoramiento de las condiciones de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, que en última instancia es el objetivo común.

Raúl Ramírez Baena, coordinador del Centro de Apoyo al Migrante

Convocan a realizar acciones para liberar a maestros de la sección 9

Señora directora: Las agresiones orquestadas por el gobierno contra del pueblo mexicano parecen no tener límite, pues no satisfecho con la aprobación por el poder legislativo de su propuesta del gasto público, que condena a la mayoría de los mexicanos y mexicanas a la miseria, a la enfermedad y la ignorancia, hoy pretende violentar la decisión de la mayoría de los maestros, maestras y educadoras de preescolar, primaria y educación especial del Distrito Federal, quienes en nuestro XIV Congreso Sindical celebrado en julio de 1998 elegimos a nuestro Comité Ejecutivo de la sección 9 del SNTE, que encabeza la profesora Blanca Luna Becerril y en el cual no quedó ningún priísta. Por este simple motivo, el primero de enero de 1999 fueron detenidos los profesores Blanca Luna Becerril, Elio Bejarano Martínez, Néstor Manuel Trujano Molina, Alonso Raúl Vargas Vallejo y Alejandro Salcido, bajo los falsos cargos de motín, robo y secuestro.

Queremos dejar claro que nuestros compañeros son inocentes; son trabajadores de la educación, reconocidos por la comunidad por su trabajo educativo en sus escuelas, y por su tradición de lucha, algunos de ellos por más de 20 años en pro de la democratización de nuestro sindicato; de la educación y de nuestro país México. Estos son los verdaderos motivos que llevaron a la cárcel a nuestros compañeros, pero por estos motivos tendrán que meter a miles, millones de mexicanos que hemos dicho, ``ya basta'' a la política criminal del actual régimen.

Para organizar los actos que pondrán libres a nuestras compañeras y compañeros, convocamos a los maestros del Distrito Federal, de la CNTE y organizaciones sociales a la reunión, que se llevará a cabo el sábado 2 de enero a las 12 horas en el auditorio 15 de Mayo de la sección 9, ubicado en Belisario Domínguez 32 colonia Centro.

Juan Calvo, Norma Rodríguez y María de Lourdes Torres, por la sección 9 del SNTE