Como concepto rector del ejercicio del poder público, el Estado responde a la aspiración de los mexicanos de ejercer sus derechos en un ambiente de convivencia democrática, donde prerrogativas y garantías sean plenamente respetadas y protegidas por las leyes. Esto representa un proceso basado no solamente en la promulgación de normas que respondan a las necesidades de la ciudadanía, sino también a que la cotidiana determinación de que los actos de la autoridad se apeguen a la ley.

En el marco del equilibrio entre los poderes de la Unión y entre los tres niveles de gobierno, el orden jurídico y su aplicación también responden a las aspiraciones de los mexicanos de regir su vida con base en los principios de coexistencia socialmente aceptados, lo que se traduce como respeto a las leyes. Un estado de derecho se construye y consolida con instituciones fuertes y legislación justa, y sobre todo con nuevas actitudes que hagan de la norma una práctica cotidiana. Por ende, es preciso continuar avanzando en la modernización de nuestro marco jurídico para que se aliente la actividad productiva y facilite la solución rápida de las controversias.

El respeto entre los poderes del Estado es indispensable para forjar el equilibrio de fuerzas tan necesario para garantizar la convivencia pacífica, en un contexto de consideración y tolerancia. Y aquí conviene resaltar lo que todos sabemos: la soberanía reside en el pueblo, por lo que es importante dar cauce a las diversas expresiones de la opinión ciudadana y procurar que la administración pública responda a la voluntad popular. Prudencia, criterio equilibrado para discutir e incorporar un programa económico favorable para el estómago y bolsillo de la gente a fin de generar el bienestar común y favorecer a la población de menores ingresos, estimulando la inversión y generando fuentes de empleo.

Si en lo político es posible lograr acuerdos, ¿por qué en el terreno económico vamos a estar impedidos para hacerlo? Lamentablemente los tiempos de que disponemos los legisladores son breves para discutir estos temas, que en última instancia repercute directamente en el pueblo. Vale resaltar que los partidos políticos no son simples instancias electorales, sino entidades de interés público. La práctica política involucra normas éticas y el ejercicio de facultades constitucionales ineludibles, no las prácticas especulativas que llevan a la inacción o a decisiones inadecuadas.

Estamos en un tiempo y un espacio democrático, de participación ciudadana. La democracia exige una ética de responsabilidad, que fija propósitos y fines en el presente y ante el futuro a fin de que el poder político proteja y defienda a la sociedad y a las personas y se oriente a través de cauces constructivos. Constituye una ética que transforma la aritmética de mayorías y minorías, en instrumentos de decisiones públicas, lúcidas, lejos del populismo y los protagonismos personales.

No desconocemos que hay percepciones muy distintas, valoraciones muy diversas, enfoques a veces opuestos, hasta la médula; pero si hay voluntad de impulsar al país, para darle más honda certidumbre, es claro que debemos aceptar la convocatoria para entrar al análisis de todas las propuestas. Así como se combate la economía especulativa, es impostergable combatir también la política especulativa por estéril, por dañina, por denigrante. La nueva relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo se finca en una clara concurrencia de facultades y en el ejercicio cada vez más amplio de la corresponsabilidad. A esto es indispensable responder.

* Senador de la República