Al cumplirse ayer el quinto aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el balance de la situación prevaleciente en amplias zonas de Chiapas resulta, a la vez, doloroso y esperanzador.

A lo largo de 1998 las comunidades indígenas simpatizantes del zapatismo tuvieron que enfrentar tanto el hostigamiento de grupos delictivos paramilitares --tolerados y pertrechados por instancias del poder público-- como la represión proveniente de las propias autoridades. La matanza de Acteal, acontecida en los últimos días de 1997, dio inicio a una intolerable escalada de violencia y persecución: mientras que los responsables materiales e intelectuales del asesinato de 45 mexicanos indefensos permanecen impunes y las autoridades se cruzaron de brazos ante la actividad descontrolada y criminal de los grupos paramilitares, el gobierno estatal emprendió una ofensiva injustificada en contra de los municipios autónomos chiapanecos y enfrentó peligrosamente a las comunidades entre sí.

Por otra parte, a sabiendas de que la Comisión Nacional de Intermediación era la única instancia capaz de acercar a las partes en conflicto para restablecer el proceso de paz, diversas autoridades locales y federales, con el apoyo de algunos medios de comunicación, emprendieron una campaña de descalificaciones y ataques en contra de la Conai y, con ello, la orillaron a su disolución. La Comisión de Concordia y Pacificación, instancia legislativa que ha desempeñado una notable labor de coadyuvancia y que es uno de los pilares del proceso de paz, también fue objeto de presiones. Por añadidura, el gobierno federal --por conducto del Instituto Nacional de Migración-- arremetió en contra de los defensores internacionales de los derechos humanos presentes en Chiapas. Y aunque el gobierno federal realizó a lo largo de 1998 numerosos llamados en favor del diálogo y de una salida pacífica al conflicto chiapaneco, en los hechos fue poco lo que las autoridades locales y federales llevaron a cabo para alcanzar esos objetivos y mucho lo que dejaron de hacer: no hubo la necesaria distensión militar, no se ha castigado conforme a la ley a todos los responsables de la matanza de Acteal y se mantiene el acoso, tanto de la fuerza pública como de los grupos paramilitares, en contra de las comunidades y los desplazados indígenas. Ayer mismo, el coordinador gubernamental para el diálogo, Emilio Rabasa, formuló una serie de descalificaciones que, antes de contribuir a la distensión y al acercamiento entre las partes, introducen nuevas fricciones y desencuentros que en nada ayudan al proceso de pacificación.

Con todo, a cinco años de la aparición del EZLN y pese a las numerosas oportunidades perdidas para alcanzar una salida pacífica y negociada al conflicto de Chiapas y para atender los justos reclamos de los pueblos indígenas del país, todavía existen esperanzas para la reconciliación y la paz. En primer lugar, la Cocopa se mantiene como una instancia plural e incluyente y mucho es lo que podrá aportar --tanto en el plano legislativo como en sus labores de coadyuvancia-- a la solución del conflicto. Además, con la realización de la consulta ciudadana, que tendrá lugar en marzo próximo, se abre una nueva oportunidad para que los mexicanos expresen su deseo de paz y validen, de forma libre y democrática, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Prolongar todavía más el conflicto chiapaneco sólo se traducirá en mayores tensiones y enfrentamientos sociales, en riesgos de nuevas atrocidades y vulneraciones de los derechos humanos y en el mantenimiento de la opresión, la injusticia, la pobreza y la marginación que agobian a miles de mexicanos indígenas. Por ello, al gobierno federal corresponde abandonar posiciones autoritarias y descalificadoras, cumplir sus compromisos y despejar, a la brevedad, los obstáculos que, por su acción o complacencia, impiden la reactivación del proceso de paz. A las instancias de coadyuvancia, como la Cocopa, y a las numerosas organizaciones civiles nacionales e internacionales comprometidas con la paz en Chiapas y la defensa de los derechos de los pueblos indios del país toca redoblar sus esfuerzos en favor del diálogo constructivo, la vigencia de los derechos humanos y la reconciliación social. Y, finalmente, la sociedad en general tiene la oportunidad de hacer oír, una vez más, su voz solidaria y contribuir nuevamente a la construcción de una nación más libre, más justa y más democrática para todos los mexicanos.