Reconocimiento de derechos indios, no la toma del poder, meta insurgente, insiste

1o. de enero de 1999.

Al pueblo de México:

A los pueblos y gobiernos del mundo:

Hermanos y hermanas:

El día de hoy se cumple el quinto aniversario del alzamiento de las tropas zapatistas en demanda de democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos. Por este motivo, el CCRI-CG del EZLN dice su palabra.

I. Acteal: el etnocidio y la impunidad como políticas de Estado

El año de 1998 fue el año de guerra gubernamental en contra de las comunidades indígenas de México. Este año de guerra se inicia el 22 de diciembre de 1997 con la masacre de Acteal. Ese día, bandas paramilitares armadas, entrenadas y dirigidas por los gobiernos federal y estatal asesinaron a 45 niños, mujeres y hombres, indígenas todos ellos. El brutal acto significó el inicio de una larga ofensiva militar y policiaca en contra de los pueblos indios de Chiapas.

Acteal sintetiza el mejor ejemplo de la forma de hacer política del gobierno de Ernesto Zedillo. Los crímenes cometidos por el poder reciben garantía de impunidad y encubrimiento por parte de todo el aparato de Estado. El mal llamado ``Libro Blanco'' de la Procuraduría General de la República no tiene otro objetivo que garantizar la impunidad de los cerebros enfermos que concibieron, diseñaron y ordenaron la matanza de Acteal. Será inútil.

Los responsables intelectuales directos de la masacre de Acteal tienen nombre y apellido. La lista la encabeza Ernesto Zedillo Ponce de León, y le sigue Emilio Chuayffet, Francisco Labastida, general Enrique Cervantes, Julio César Ruiz Ferro y Adolfo Orive. Se les han sumado, en la labor de encubrimiento, Rosario Green, Emilio Rabasa Gamboa, Roberto Albores Guillén y Jorge Madrazo Cuéllar. Estos criminales ocupan u ocuparon diversos cargos gubernamentales en los ámbitos federal y estatal, y tarde o temprano habrán de comparecer ante la justicia y responder por su grado de implicación en este hecho brutal y sangriento que marcó ya definitivamente el fin del siglo mexicano.

La activación de grupos paramilitares constituye la columna vertebral de la guerra sucia del gobierno de Zedillo en contra de los indígenas mexicanos. Desde febrero de 1995, cuando fracasó la ofensiva militar desatada por la traición gubernamental, Ernesto Zedillo conoció, aprobó y echó a andar la estrategia paramilitar para resolver mediante el uso de la fuerza la lucha zapatista. Mientras el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ponía la mano de obra de esta empresa de muerte y el Ejército federal daba armamento, municiones, equipos, asesoría y entrenamientos, el gobierno de Zedillo iniciaba la simulación de un diálogo y una negociación que no buscaban ni buscan la solución pacífica del conflicto. Por el contrario, los distintos equipos ``negociadores'' del gobierno han tenido y tienen una sola consigna: ``Simular disposición al diálogo y posponer continuamente el logro de acuerdos y su cumplimiento, e impedir la firma definitiva de la paz''. Esteban Moctezuma Barragán, Marco Antonio Bernal, Jorge del Valle, Gustavo Iruegas y Emilio Rabasa Gamboa son los distintos nombres que ha tenido la hipocresía gubernamental. Ninguno de ellos ha tenido el valor de, sabiéndose usados para la guerra, negarse a ser cómplices de los asesinatos que son el único haber del gobierno en el conflicto del sureste mexicano.

Un nombre resume la posición gubernamental respecto a Chiapas: Acteal, el etnocidio que quiere ser ocultado con hipocresía, la impunidad garantizada por la legalidad institucional.

II. Los ataques contra la paz en Chiapas

Al crimen de Acteal se siguió una cadena de hechos violentos, protagonizados todos por el gobierno, cuya dirección fue clara: romper toda iniciativa de paz, destruir toda esperanza de una solución pacífica del conflicto y renovar una y otra vez el canto de guerra y muerte en contra de los habitantes originales de estas tierras.

a) Ataques a los municipios autónomos. Reconocidos por los acuerdos de San Andrés, firmados por los representantes de Zedillo en la mesa del diálogo, los municipios autónomos fueron objetivos militares de las fuerzas armadas federales y de la jauría que simula gobernar el estado de Chiapas. Tani Perla, cabecera municipal de Ricardo Flores Magón, y Amparo Aguatinta, cabecera del municipio Tierra y Libertad, fueron tomados a sangre y fuego por tropas conjuntas del Ejército federal, la Judicial federal y las policías del estado de Chiapas. Más de mil hombres armados destruyendo casas comunitarias, farmacias y bibliotecas, golpeando y torturando niños, mujeres, hombres y ancianos. Solitarios, el gobierno y algunos medios de comunicación que lo acompañan en la pérdida de legitimidad, se aplaudieron a sí mismos. A nombre de una legalidad construida sobre la simulación y la corrupción, se golpeaba y destruía la esperanza de una paz real y pronta a la guerra en el sureste mexicano.

Cada nuevo golpe represivo de esa mezcla de perro faldero con perro de caza que se llama Albores Guillén, fue acompañado por un Zedillo dispuesto a avalar personalmente la guerra en contra de los indígenas.

El municipio autónomo de San Juan de la Libertad recibió el sello sangriento que Acteal prometía en los choques armados de Chavajeval. Tres indígenas fueron asesinados, y en Unión Progreso cinco indígenas fueron tomados presos y ejecutados sumariamente por tropas conjuntas del Ejército federal y la policía de Seguridad del estado de Chiapas. Así, Ernesto Zedillo Ponce de León sumaba a su lúgubre haber más muertes morenas.

b) Ataques a la Conai y a la Cocopa. Las instancias de mediación y coadyuvancia fueron definidas también como objetivos a destruir en la guerra vergonzante del gobierno mexicano.

Los ataques a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) siguieron la lógica de los ``ajustes de cuentas'' de la clase política en el poder. Siguiendo el peligroso juego de ``ahora sí, ahora no'', el gobierno primero aceptó el proyecto de ley elaborado por la comisión legislativa y luego se desdijo. Teniendo la solución pacífica al alcance de la mano, Zedillo dio una patada a la mesa de diálogo y presentó unilateralmente una iniciativa de ley indígena al Congreso de la Unión, desconociendo así lo que sus representantes firmaron en la mesa de San Andrés. Después de tratar de anular políticamente a la Cocopa, el gobierno federal la emplazó a definirse a su favor (es decir, a favor de la guerra). Los legisladores se negaron y ahora el gobierno pretende hacerlos a un lado y convertirlos en un adorno inútil y aparatoso. El Ejecutivo federal no concibe de otra forma al Poder Legislativo: o lo sigue incondicionalmente en sus aventuras bélicas o es un estorbo.

Por esta vez el Congreso de la Unión hizo valer su independencia como Poder de la Federación, y voces dignas y razonables dentro de las distintas fracciones parlamentarias detuvieron la iniciativa del Ejecutivo federal y pararon así lo que detrás de ella se ocultaba: la reanudación de la guerra abierta en contra de los zapatistas.

La derrota de la iniciativa de Zedillo en el Congreso no le preocupa al gobierno. Lo que le preocupó y preocupa es no encontrar consenso ni apoyo, ni siquiera dentro del partido de Estado, para su proyecto de guerra.

Si Acteal y los alevosos ataques en contra de los municipios autónomos son muestra de que el gobierno de Zedillo no quiere otra cosa que la aniquilación de los indígenas mexicanos, la presentación de la iniciativa de ley Zedillo es un síntoma de su decisión definitiva de no cumplir su palabra y de su desesperación por darle una careta de legalidad a la guerra ilegítima que lleva adelante.

En forma paralela al ridículo al que redujo a la Cocopa, Zedillo desarrolló una verdadera campaña de ataques (que incluyó los intentos de asesinato) en contra de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y especialmente en contra de su presidente, el obispo Samuel Ruiz García. A las emboscadas fallidas realizadas por el brazo militar de la Secretaría de Desarrollo Social, la banda autodenominada ``Paz y Justicia'', el gobierno sumó una intensa campaña de desprestigio en prensa, radio y televisión, el hostigamiento conjunto de la Secretaría de Gobernación y del alto clero católico, y los golpes policiacos del Instituto Nacional de Migración.

La destrucción de la Comisión Nacional de Intermediación se consumó apenas unas horas antes del asesinato vil de cinco indígenas en Unión Progreso y tres en el choque armado en Chavajeval. La muerte de la Conai fue seguida inmediatamente por su consecuencia lógica: la muerte violenta de indígenas y la reanudación de los combates.

Si la reducción a la inmovilidad de la Cocopa y el envío unilateral de su iniciativa de ley fueron las señales que Zedillo envió al Congreso para que se entendiera que no aceptaba que el Poder Legislativo impidiera su guerra, la destrucción de la Conai significó el desmantelamiento del único puente de diálogo y comunicación entre las partes.

Atacando al Congreso de la Unión y a la sociedad civil nacional representada simbólicamente por la Conai, el gobierno federal repitió el mensaje que escribió con sangre en Acteal.

c) Ataques a los observadores internacionales. La evidente decisión guerrera de Ernesto Zedillo no sólo recibió el rechazo del Poder Legislativo Federal y la franca oposición de la sociedad civil nacional. La comunidad internacional vio con horror el genocidio que esas medidas gubernamentales anunciaban y prontamente se movilizó para hacer lo posible para detener la muerte que ya se sembraba en tierras indígenas. Observadores de norte, centro y Sudamérica, así como de Europa y Asia cruzaron miles de kilómetros y atravesaron océanos enteros para llegarse hasta las montañas del sureste mexicano con un solo mensaje: paz con justicia y dignidad. El gobierno federal decretó entonces que la guerra de exterminio en contra de los indígenas era una muestra de la soberanía nacional y exigió que no hubiera testigos sino cómplices. Así, todos aquellos que no simulaban y no aplaudían la guerra fueron y son acusados de ``turistas revolucionarios'' y de ``pretender la injerencia en asuntos internos''. A las acusaciones siguieron las expulsiones y el resultado es hoy claro: en Chiapas son bienvenidos los extranjeros que aplauden la guerra y la destrucción, y los que buscan la paz y la construcción son hostigados y expulsados.

Borracho de sangre, el gobierno no sólo desprecia al Congreso de la Unión y al pueblo de México, también ignora el clamor internacional que se hace eco de una misma exigencia a Zedillo: detenga su guerra y comprométase con la paz.

Esto fue 1998 para el gobierno federal en el conflicto del sureste mexicano: la masacre de indígenas, el ataque a los municipios autónomos, la reanudación de los combates, la destrucción de la Conai, la inmovilidad de la Cocopa, el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, el desprecio al Congreso de la Unión y la expulsión de observadores internacionales.

Este es el resumen de un año, el de 1998, para el gobierno federal: guerra de exterminio en contra de los indígenas mexicanos, impunidad para los criminales, incumplimiento de los acuerdos pactados, destrucción de los puentes de diálogo y negociación, y desafío a la opinión pública nacional e internacional.

En 1998 el gobierno mexicano no ofreció a los indígenas mexicanos otra cosa que no fueran la guerra y la destrucción.

III. La política económica del gobierno: la otra guerra de destrucción

Mientras el gobierno llevó adelante su guerra de exterminio en contra de los pueblos indígenas, otra guerra continuó. La política económica neoliberal que el señor Ernesto Zedillo impone con el apoyo de un puñado de cómplices y en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de los mexicanos, siguió destruyendo las bases materiales del Estado nacional. Presa de una crisis financiera internacional que no ha hecho sino apenas anunciarse, la economía mexicana sólo promete ser cada día peor para los mexicanos más pobres y asegura a las llamadas ``clases medias'' un lugar entre los desposeídos. Ni la pequeña ni la mediana empresas tienen las mínimas posibilidades reales de sobrevivir dentro de este modelo económico. Incluso las grandes empresas nacionales enfrentaron y enfrentarán condiciones desventajosas en la competencia por los mercados.

El crecimiento desmesurado de los precios en los productos básicos, los recortes presupuestales, las deudas impagables por intereses usureros, la impunidad para banqueros delincuentes, el aumento de impuestos, la inseguridad pública como patrimonio, todo es parte de un modelo económico importado que opera en México como un cruel nivelador social. La mayoría de los mexicanos están en condiciones igualitarias de vida, pero no en la bonanza o en los niveles mínimos de una vida digna. No, por el contrario, la pobreza iguala hoy a las clases medias de ayer con los pobres de siempre. Lo único que crece de manera apreciable en este modelo económico son los índices de pobreza, el número de desposeídos y la cantidad de empresas nacionales en bancarrota.

En 1998 las señales de que el modelo económico neoliberal es criminal e ineficaz no sólo vinieron del interior. De los puntos más lejanos de la geografía mundial llegaron, una tras otra, oleadas de crisis financieras que terminaron de arruinar la empresa nacional, devaluaron el peso mexicano y angostaron más aún las ya raquíticas expectativas de recuperación. Pero ni las protestas y el descontento de los nacionales, ni las serias advertencias de las crisis financieras en Asia, Europa y Sudamérica, convencen al reducido grupo de ciegos iluminados que dirigen los destinos de este país. En contra de todos los ciudadanos, en contra de la historia, incluso en contra de la realidad, los zedillistas han decidido no variar el rumbo hacia el naufragio.

En la maltrecha nave de la economía nacional, el ebrio timonel ha decidido ya a quiénes sacrificar primero en el inminente naufragio. Decenas de millones de mexicanos verán reducirse sus condiciones de vida a niveles por debajo del mínimo, los gobernantes privatizarán hasta la bandera y el escudo nacionales, los ricos serán menos pero más ricos, y en la radio, la televisión y la prensa se nos dirá que todo es por nuestro bienestar... y el de nuestra familia.

La administración de la impunidad en el crimen económico que se llama neoliberalismo tuvo en 1998 una oportunidad de lucir toda su podredumbre. Con Fobaproa no sólo se condenó a generaciones enteras de mexicanos a pagar el enriquecimiento ilícito de banqueros y gobernantes, también se exhibió el verdadero objetivo de la política económica gubernamental: proteger al rico y poderoso, aun a costa de todo y de todos.

El cambio de nombre que el PRI y el PAN dieron al Fobaproa no alcanza a ocultar la naturaleza de su acción: a pesar de las pruebas evidentes de violaciones a la Constitución por parte del Ejecutivo, a pesar de que el fondo fue usado con fines políticos partidarios, a pesar de que el dinero se usó para financiar a delincuentes de cuello blanco, y a pesar de que es innegable la responsabilidad del gabinete económico en este sucio asunto, la traición legislativa se consumó y demostró que el ciudadano común y corriente se encuentra indefenso ante las acciones de mal gobierno.

En este oscuro túnel neoliberal no hay salida. La única salida real, posible y necesaria, es el cambio de modelo económico.

IV. Un botón de muestra de la crisis del sistema político mexicano

La última de las instituciones del Estado mexicano que se mantenía soportando el desmoronamiento, el Ejército federal, encontró en este año de 1998 la confirmación de que su crisis no es sólo de legitimidad. Gracias a las decisiones y órdenes de su ``mando supremo'' (Ernesto Zedillo), el Ejército federal se vio a sí mismo en el trabajo de ``bombero'' de los políticos. Ahí donde falla la política, se recurre al Ejército. Y como la política está fallando en todas partes y en todos los niveles, los militares se han visto en un terreno que no es el suyo como institución. Los resultados no se han hecho esperar, además de las evidentes violaciones a los derechos humanos en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, la Huasteca y Jalisco, el contagio del narcotráfico aumentó y el descontento interno volvió a manifestarse.

Después de una costosa campaña publicitaria que buscaba recomponer su maltrecha imagen, el Ejército federal vio desmoronarse en cuestión de minutos lo poco que había ganado. El 2 de octubre de 1998, 30 años después de un crimen que creían olvidado, la historia vino a pasar la cuenta y el Ejército pagó, y pagó caro. Apenas unas semanas después, en vísperas de que el primer aniversario de la matanza de Acteal volviera a poner a los militares en el banquillo de los acusados, un grupo de militares disidentes con el nombre de ``Comando Patriótico por la Concientización del Pueblo'' tomó la voz y las calles para denunciar una serie de irregularidades dentro de las filas castrenses.

Los militares del Comando Patriótico de Concientización del Pueblo recibieron, como respuesta a sus demandas, lo mismo que reciben de parte del poder todos los mexicanos que individualmente o en grupo exigen sus derechos: condenas, campañas publicitarias en contra, difamaciones, descrédito, acusaciones de traición, persecución, silencio.

Ciertamente el Comando Patriótico despierta no pocas dudas y el camino que deberá recorrer para ganarse legitimidad ante el pueblo es largo todavía.

Falta ver y conocer.

V. EZLN: contra la guerra de exterminio, la resistencia

La oferta gubernamental de muerte no fue comprada por los zapatistas. A la guerra de exterminio no opusimos nuestra guerra. A la destrucción no respondimos con destrucción. A la muerte no contestamos con muerte.

Una palabra sintetiza un año de callado heroísmo protagonizado por decenas de miles de indígenas, hombres, mujeres, niños y ancianos: resistencia.

Todo el esfuerzo organizativo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se volvió hacia adentro. Callados hacia fuera, los zapatistas volteamos hacia dentro nuestro y organizamos la resistencia de nuestros pueblos. Todos nuestros recursos humanos y materiales se dedicaron no a la guerra sino a la resistencia contra la guerra. Toda nuestra fuerza se orientó no a la destrucción, sino a la construcción. Nuestra bandera no fue la muerte sin la vida.

Un análisis sereno de las acciones gubernamentales nos hizo entender que su objetivo era la guerra abierta. Decidimos entonces no sólo no seguirlo en su invitación al horror, también nos esforzamos por hacerlo fracasar rotundamente.

Una guerra no se derrota con iniciativas de guerra. Se derrota con iniciativas de paz. Y para preparar esas iniciativas de vida nos encerramos en nosotros mismos y levantamos entonces el arma del silencio. Protegidos por ella miramos al pasado inmediato y vimos nuestros compromisos, miramos al lejano pasado y vimos nuestras experiencias y conocimientos, miramos al futuro colectivo y vimos el mañana de todos. Así decidimos la resistencia, así la vivimos, así la sostenemos.

Para no caer en el juego de la muerte, en esa trampa sangrienta de la guerra entre indígenas, miles de zapatistas dejaron todo lo que tenían y se convirtieron en desplazados de guerra. Hombres, mujeres, niños y ancianos, tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles y mames, abandonaron sus casas y tierras porque queremos la paz con justicia y dignidad. No queremos ni la rendición ni la paz simulada ni la guerra entre pobres.

Por eso los nuestros no hacen la guerra contra indígenas ni civiles, pero tampoco aceptan las limosnas gubernamentales. No nos alzamos para obtener beneficios propios. Nuestra lucha es para todos, todo, nada para nosotros. Esta es nuestra resistencia. Una apuesta a un mejor mañana, sí, pero con todos.

Después de transcurrido este quinto año de la guerra contra el olvido, los zapatistas podemos decir que somos más y más fuertes. Lo somos porque nuestro corazón y fuerza principal, los pueblos zapatistas, han resistido con paciencia y sabiduría una de las peores ofensivas en contra nuestra. No es la primera. No será la última. Pero tarde o temprano habrán de verse cumplidas nuestra demandas y entonces, sólo entonces, la paz y será verdadera.

El Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace aquí y hoy un reconocimiento público a los pueblos indígenas zapatistas. Ellos son nuestros verdaderos jefes, nuestra sangre, nuestra arma y bandera.

Después de haber demostrado que el silencio es también arma en mano de los desposeídos, fortalecidos y claros, los zapatistas lanzamos en junio de este año la quinta Declaración de la selva Lacandona. En ella llamamos al pueblo de México y a los pueblos del mundo a una movilización por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y por el fin de la guerra de exterminio.

A pesar de que de parte del gobierno sólo recibimos mensajes de invitación a hacer la guerra, los zapatistas respondemos con una iniciativa política que es, en esencia, un nuevo esfuerzo de diálogo y paz.

Entendiendo que en el gobierno no hay ni el ánimo ni las intenciones ni el compromiso sincero de asumir la vida del diálogo con todas sus consecuencias, el EZLN insiste en dirigirse a los elementos de la sociedad mexicana que desean y promueven la paz como camino, ruta y destino.

La sociedad civil nacional, esa nueva fuerza política y social despreciada en todo tiempo y lugar que no sean los electores, está llamada a convertirse en el arquitecto principal y protagónico, no sólo del proceso de paz, también de las transformaciones fundamentales que harán de este país una nación democrática, libre y justa. A esta sociedad civil es a la que el EZLN reconoce como interlocutora en un nuevo diálogo.

El Congreso de la Unión es otra parte del Estado mexicano que tiene la oportunidad de construir la paz. El Poder Legislativo es eso: el poder de hacer leyes que beneficien, que reconozcan, que hagan justicia. Vendrá la hora del Congreso, y en esa hora deberá responder una cuestión importante, incluso más que cualquier ley de ingresos y egresos, y definirse a favor de la paz.

Como parte de la movilización a la que llama la quinta declaración se ha lanzado la iniciativa de una consulta a todos los mexicanos sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y por el fin de la guerra de exterminio. Esta consulta se realizará el día domingo 21 de marzo de 1999 en todo el país y en todos los lugares del mundo donde mexicanos y mexicanas se organicen para participar y dar a conocer su opinión.

Para promover y realizar esta consulta, 5 mil delegados zapatistas (2 mil 500 hombres y 2 mil 500 mujeres) se movilizarán para visitar todos los municipios del país. La consulta se hará con base en cuatro preguntas: dos sobre los derechos indígenas, una sobre la guerra y una sobre la relación entre gobernantes y gobernados.

Compuesta por varias etapas, la consulta está ahora en la difusión y promoción. Hoy reiteramos nuestra invitación a todos los mexicanos y mexicanas para que formen brigadas de promoción y difundan la realización de esta movilización democrática que busca sólo dos cosas: el reconocimiento de los derechos indígenas y la paz en México.

VI. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indios, principal demanda del EZLN

Hoy, a cinco años del inicio de nuestro alzamiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional repite: nuestro objetivo no es hacernos del poder, tampoco obtener puestos gubernamentales ni convertirnos en un partido político. No nos alzamos por limosnas o créditos. No queremos el control de un territorio o la separación de México. No apostamos a la destrucción ni a ganar tiempo.

Nuestras demandas principales son el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos y mexicanas.

En estas demandas nos acompañan no sólo los más de diez millones de indígenas mexicanos, también caminan junto nuestros millones de hombres y mujeres obreros, campesinos, desempleados, maestros, estudiantes, artistas, intelectuales, colonos, amas de casa, homosexuales y lesbianas, discapacitados, seropositivos, jubilados y pensionados, religiosos y religiosas, choferes, vendedores ambulantes, pequeños empresarios, pilotos y sobrecargos, diputados, senadores, mexicanos que viven en el extranjero, organizaciones no gubernamentales, niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos... y militares.

Con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios la paz será posible. Sin ese reconocimiento ningún punto de la ya larga agenda de pendientes nacionales podrá resolverse a cabalidad. Con la democracia, la libertad y la justicia para todos los mexicanos será posible otro país, uno mejor, uno más bueno.

VII. 1999: la vieja y la nueva política

Hermanos y hermanas:

Este es el México que tenemos al iniciar este año de 1999. En este año, el sexto de la guerra, se enfrentarán de nuevo dos formas de hacer política.

Por un lado, los partidos políticos con registro habrán de definir sus candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión. Con la selección de esos candidatos se elegirán, explícita o implícitamente, las diferentes propuestas de nación, los proyectos económicos, las posiciones políticas.

Para la clase política mexicana, 1999 es el año de los partidos políticos, de los ajustes internos (que en el caso del PRI podrían llegar de nuevo al asesinato), de las preparaciones y de las elecciones internas. Esta es la vieja política, la que se decide entre profesionales y sólo se vuelve a ver al ciudadano cuando lo necesita como elector. Después de ese momento le secuestran su capacidad de decisión, lo suplen en sus derechos ciudadanos y le oponen la maquinaria del Estado su manifiesta inconformidad, rebeldía o desacuerdo. Esta política ha demostrado su ineficacia, su exclusión, su autoritarismo.

Los partidos políticos son ciertamente necesarios. Lo que es innecesario es un modo de hacer política, ese que no manda obediencia ni tiene los mecanismos para mandar obedeciendo.

Por otro lado, las fuerzas sociales, ciudadanas e individuales deberán definir el espacio de su participación política. No sólo para el año 2000, pero también para el 2000. Desde este primero de enero y hasta el 21 de marzo de 1999 un espacio se ha abierto para intentar construir otra forma de hacer política, una que incluya y tolere, una que escuche permanentemente una que se construya hacia los lados y mire hacia arriba con dignidad, y también con las herramientas necesarias para obligar a los de arriba a estar mirando continuamente hacia abajo.

Con un nuevo esfuerzo de diálogo, como una muestra de nuestra disposición a una salida pacífica, como una reafirmación de nuestro compromiso con los pueblos indios, como una reiteración de nuestro anhelo de vida, como una colaboración en la lucha por abrir espacios de participación ciudadana, como una lucha más por construir una nueva forma de hacer política con la gente, por la gente y para la gente, este primero de enero de 1999, año sexto de la guerra contra el olvido, los zapatistas llamamos a todos y a todas a participar en la consulta por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y por el fin de la guerra de exterminio el día domingo 21 de marzo.

Para este año de 1999 no llamamos al pueblo a la guerra, pero tampoco lo llamamos al conformismo ni a la inmovilidad.

Lo llamamos a la movilización pacífica, a la lucha por los derechos de todos, a la protesta en contra de la injusticia, a la exigencia de espacios de participación democrática, a la demanda de libertad.

Llamamos a todos y a todas no a soñar, sino a algo más simple y definitivo, los llamamos a despertar.

¡Democracia! ¡Libertad! ¡Justicia!

Desde las montañas del Sureste Mexicano

Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.