Pese a las sucesivas y poco convincentes aclaraciones oficiales en el sentido de que el Ejecutivo federal nada tuvo que ver en la reducción del presupuesto que ejercerá este año el gobierno de la ciudad de México, lo cierto es que, para varios analistas, organizaciones políticas y sociales y para la mayoría de los capitalinos, las severas restricciones impuestas al DF en materia de endeudamiento para financiar obra pública indispensable tienen un promotor y un destinatario claramente definidos: la alianza PRI-PAN y el gobierno perredista de la capital del país, respectivamente.

Aunque la Secretaría de Gobernación afirma que el presidente Zedillo nada tiene que ver con estos hechos, lo cierto es que la medida tiene una motivación claramente política: castigar la posición opositora del PRD y obstaculizar el trabajo de Cuauhtémoc Cárdenas con la intención de desacreditarlo ante la ciudadanía y restarle apoyos con miras a su posible participación en la contienda presidencial del 2000. Y si se tiene en cuenta que las negociaciones en torno a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación fueron conducidas desde la Secretaría de Hacienda, y no desde San Lázaro, resulta obvio que fue desde las oficinas gubernamentales --con el consentimiento del PRI y el PAN-- donde se fraguó la maniobra. ¿Puede, entonces, pensarse que las autoridades hacendarias actuaron sin consultar con el Presidente y decidieron por sí mismas reducir las fuentes de ingresos del DF?

A fin de cuentas, los principales afectados del fuerte ajuste presupuestal que tuvo que realizar el gobierno de la metrópoli no son ni Cárdenas ni el PRD, sino los propios habitantes de la ciudad: la falta de recursos retardará la construcción de obras de infraestructura fundamentales para la vida de la capital y, con ello, prevalecerán muchos de los problemas que más agobian a los capitalinos. Suponer que los ciudadanos no comprenderán que la postergación de las soluciones a muchas de las limitaciones y obstáculos que enfrentan diariamente en materia de agua, transporte, seguridad o vivienda tienen su origen en determinaciones ajenas al gobierno de la ciudad es subestimar el despertar cívico y la conciencia social de los capitalinos. Y si se considera que la población tiene presente que golpes a la nación como la conversión en deuda pública de los activos del Fobaproa fue avalada por el PRI y el PAN, es previsible que los efectos de la reducción del endeudamiento autorizado para el DF no harán sino acrecentar la irritación social en detrimento no de las autoridades capitalinas, sino del gobierno federal, priístas y panistas.

La legalización del Fobaproa, la aprobación de una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos incompatibles con las necesidades del desarrollo nacional (pero que, en cambio, favorecen a los banqueros y mantienen los gastos superfluos del gobierno federal) y la reducción de las opciones de financiamiento del DF pesarán, finalmente, en la balanza de los electores. Así, lo que para el gobierno federal, el PRI y el PAN parece un ``triunfo parlamentario'' no sería sino una victoria pírrica que la sociedad, como sucedió con el alza del IVA hace algunos años, podría cobrarse en las urnas.