Giran orden de aprehensión contra el oficial mayor de la Sectur

José Galán Ť El juzgado cuarto penal giró orden de aprehensión en contra del priísta Manuel Merino García, oficial mayor de la Secretaría de Turismo, acusado de desfalco y usurpación de funciones, luego de que no pudo comprobar el uso y destino de cerca de 300 millones de pesos propiedad de la hacienda pública durante los tres años que fungió como oficial mayor del gobierno capitalino, bajo las órdenes directas de Oscar Espinosa Villarreal, actual titular de Sectur.

Este es el funcionario de mayor nivel de la última regencia priísta en ser sometido a un procedimiento penal por uso indebido de sus atribuciones, desfalco y por hacerse pasar como contador público cuando al parecer no cuenta con ese título profesional. Sin embargo, se encuentran bajo investigación de la PGJDF Javier Beristáin Iturbe, ex secretario de Finanzas y actual director de la Afore Siglo XXI del IMSS; Jorge Federico Meade García de León, ex director general de Programación y Presupuesto; los ex directores de Comunicación Social, Ramón Ojeda Mestre y Amado Treviño; el ex director de Información Mario Santoscoy, y Eduardo Camacho Ruiz, ex director de Recursos Materiales y Servicios Generales, todos ellos relacionados con los trámites necesarios para la autorización y uso de los citados fondos.

Bajo los rubros de ``gastos de difusión'' y ``otros gastos de prensa'', Merino García dispuso de 300 millones de pesos -30 millones de dólares-- sin que hasta el momento haya podido comprobar su destino, de acuerdo con los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría Interna del gobierno capitalino, bajo la dirección de Gastón Luken, y que dieron lugar a la presentación ante la procuraduría capitalina en la segunda mitad del año pasado de dos denuncias penales.

El juez cuarto penal con sede en el Reclusorio Norte, Leonardo Pérez Martínez, encontró elementos suficientes para iniciar la causa 236/98 en contra de Merino García, quien no ha renunciado a su cargo en la secretaría de Turismo, y hasta el momento trascendió en la procuraduría capitalina que el ex funcionario del DDF no se ha amparado. El magistrado incluso obsequió una orden de cateo en la residencia del funcionario priísta, ubicada en Matamoros 1043 esquina Emiliano Zapata, colonia Universidad, en el sector XVIII, en Toluca, estado de México.

Sin embargo, esta orden está sujeta a la voluntad de colaboración de las autoridades judiciales del estado de México, que ya negaron el pasado 24 de diciembre un exhorto para emitir la orden de cateo emitido por las autoridades de la procuraduría capitalina. Hoy lunes, la juez sexta penal del fuero común, con sede en Almoloya de Juárez, Martha Maricela Rosales García, deberá decidir si obsequia la orden de cateo luego de que las autoridades capitalinas se lo solicitaran mediante oficio de colaboración el pasado lunes 28 de diciembre de 1998.

Sin embargo, trascendió que la juez demanda a la procuraduría capitalina la declaración jurada de por lo menos dos agentes de la Policía Judicial en el sentido de que Merino García está efectivamente dentro de su casa, a pesar de que las autoridades judiciales de la capital demandan la orden de cateo para conocer si está o no, y en su caso proceder con su arresto.

Para la PGJDF, sin embargo, todo parece indicar que el todavía funcionario de la Sectur --no ha presentado aún su renuncia aunque en su oficina ha sido nombrado otro funcionario como ``encargado de despacho''-- se encuentra fuera del país.

La Contraloría Interna determinó que en 1997 Merino García dispuso de manera irregular de recursos por 80 millones de pesos, etiquetados como ``otros gastos de difusión'', a través de 24 cuentas por liquidar, y cuyos movimientos siempre se hicieron con dinero en efectivo, nunca comprobados, lo que provocó una multa de 235 millones de pesos y la inhabilitación del funcionario como servidor público capitalino por 20 años.

Cuarenta y cinco días después, la misma Contraloría presentó una nueva demanda ante la PGJDF, esta vez por el uso sin comprobar de otros 205 millones de pesos a lo largo de los tres años como oficial mayor.