Las pensiones del IMSS, atadas al salario mínimo

Fabiola Martínez /II Ť La reforma a la Ley del IMSS en 1995 dejó sin resolver la situación de 1.7 millones de jubilados y pensionados, cuyos ingresos continúan ``atados'' al incremento del salario mínimo, circunstancia que los coloca -en la mayoría de los casos- en el ``ejército de pobres extremos''.

Así lo señalan diputados del Partido de la Revolución Democrática en la iniciativa de reforma al artículo 131 de la Ley del IMSS, y de adición de dos transitorios de la normatividad referida, que presentaron al Congreso de la Unión desde noviembre del año que recientemente terminó; sin embargo, hasta ahora no ha habido avances al respecto.

En la aprobación del Presupuesto de Egresos no hubo cabida para ampliar los recursos que beneficien a los trabajadores en retiro y las esperanzas para ellos deberán aguardar, una vez más, al siguiente periodo ordinario de sesiones.

En la exposición de motivos, los legisladores argumentan que a la fecha la situación de este sector ha empeorado, ``llegando, incluso, a límites dramáticos'', con una pérdida de poder adquisitivo de por lo menos 71 por ciento respecto a 1977.

``Es decir -con percepciones en su mayoría de mil 034 pesos-, este grupo ni siquiera recibe lo suficiente para cubrir sus necesidades alimenticias de sobrevivencia''.

Ante ello proponen el incremento gradual de la pensión mínima. De prosperar esta iniciativa, durante este año las pensiones se incrementarían a 1.5 veces el salario mínimo, lo que continuaría en el año 2000, hasta alcanzar un monto de dos veces el salario mínimo general.

Asimismo se homologarían a ciento por ciento las pensiones de viudez, entre otros beneficios para los trabajaddores con incapacidad permanente total y aquellos en retiro por riesgos de trabajo, vejez o cesantía en edad avanzada.

Los legisladores hacen un llamado a revalorar el espíritu de la seguridad social -consagrada desde 1942-, para garantizar los servicios y prestaciones en caso de enfermedad, vejez, invalidez y otros riesgos.

Advierten que tras la reforma de 1995, esta normatividad ha sufrido ``retrocesos significativos'', principalmente al trasladar el esquema de pensiones a un sistema privado de capitalización individual, cuyos efectos se verán hasta el año 2025.

``A ese grupo de la sociedad, que contribuyó al desarrollo del país y al engrandecimiento de la seguridad social, simplemente se le dejó en el olvido, al convertirlo en un pasivo incómodo de la transición de un régimen de pensiones a otro''.

La diputada Socorro Aubry Orozco, del PRD, promotora de la iniciativa, señala que la situación de los pensionados y jubilados en el país ``es un verdadero drama, que debería ser una prioridad nacional''.

A decir de la legisladora, la iniciativa, presentada en el pleno de la Cámara el 5 de noviembre pasado, ``fue vista por todos los partidos con muy buenos ojos, porque es una deuda histórica con los trabajadores en retiro''.

Por su parte, Alberto Curi Naime, presidente de la Comisión de Jubilados y Pensionados de la Cámara de Diputados, manifestó su preocupación por el crecimiento de 5 por ciento anual de este sector. ``La pirámide se revierte y llegará un momento que existan menos personas en activo que jubilados''.

Ante ello, propone el análisis, ``a la brevedad posible'', de diversos mecanismos financieros que aseguren la viabilidad del pago vitalicio de las pensiones, así como servicio médico gratuito, préstamos y programas de recreación, entre otros.

En entrevista reconoce que el rezago de las pensiones en el país no es nuevo y por lo tanto esta tendencia no se podrá revertir de la noche a la mañana.

``Se trata de sentarnos en un plano de la realidad y tomar en cuenta que hay 20 millones de personas en pobreza extrema, quienes no tienen acceso ni siquiera a servicios mínimos... Entonces, en un sentido mínimo de equidad, ¿se debe apoyar a un grupo con cierto ingreso garantizado, o a otro que no tiene nada?''

Por ello, dice, la alternativa debe ser la reincorporación paulatina de los trabajadores en retiro al aparato productivo.

Respecto a la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, asegura de modo tajante que no existe ninguna iniciativa para modificar la Ley del ISSSTE y su respectivo régimen de pensiones. ``No hay visos de privatización; el gobierno habrá de garantizar el pago de pensiones''.

Desfavorable situación de burócratas pensionados y jubilados

La situación de los pensionados del ISSSTE tampoco es favorable, en virtud de que deben esperar, en el mejor de los casos, incrementos mínimos anuales; ello a consecuencia de la derogación del artículo 57 de la Ley del ISSSTE (en 1993), a través del cual se promovían de manera paulatina aumentos en la misma proporción que a la burocracia nacional en activo.

Tampoco son merecedores de beneficios para otros empleados al servicio del Estado, como bonificaciones de fin de año y ayuda para despensa, entre otros. En opinión de jubilados del ISSSTE, adscritos al Distrito Federal, los programas de ``evolución salarial'' para estos pensionados son escasos y con múltiples trámites ``engorrosos''.

Aunado a lo anterior, señala María del Carmen Carmona Gutiérrez, coordinadora de uno de los grupos de jubilados del ISSSTE que existen en el país, el gobierno les ofrece ``algunos pequeños programas'' ocupacionales que no resuelven la crisis que padecen. Por si esto fuera poco, agrega, deben enfrentar el maltrato en las clínicas del ISSSTE, y escasez de medicamentos para curar los padecimientos más comunes.

``En la entrevista que tuvimos con la actual directora del ISSSTE, Socorro Díaz, no ha habido ninguna respuesta favorable, la licenciada no se comprometió a nada; no hay propuestas ni trabajo para nosotros, sólo atole con el dedo... Creo que el gobierno no está funcionando bien, los jubilados estamos en la ruina, sin un peso en la bolsa'', reclama.

En el mismo sentido se expresa Hortensia Vega, representante de la Unidad de Jubilados y Pensionados Democráticos del Magisterio Mexicano, quien señala que aunque las pensiones de los maestros en retiro varían según el salario y puesto desempeñado, el rezago también es grave.

Por ejemplo, un profesor que alcanzó el puesto de director de plantel recibe como pensión alrededor de 2 mil 200 pesos al mes, mientras que otro que se desempeñó sólo en una plaza alcanza únicamente mil pesos.

Vega, profesora jubilada con 30 años de servicio en doble turno, reitera que la situación de los jubilados en México ``es triste, porque gobierno y sociedad nos relegan a último término; de verdad, uno ya no tiene ni para la canasta básica, se suponía que después de 30 años de trabajo tendríamos una vida digna, pero esto no ocurrió''.