Acuerdan las bancadas de PRI y PRD aprobar el endeudamiento solicitado

Raúl Llanos, Gabriela Romero, Enrique Méndez, Ciro Pérez y Mireya Cuéllar Ť Las fracciones de PRI y PRD en la Cámara de Diputados llegaron, en principio, a un acuerdo para aprobar en su próximo periodo extraordinario de sesiones el aumento en el techo de endeudamiento del gobierno del Distrito Federal hasta en 7 mil 500 millones de pesos; recursos que, previo a su autorización, deberán ``etiquetarse'' con las obras públicas que se realizarán durante este año.

El coordinador de los diputados perredistas, Porfirio Muñoz Ledo, y el vicecoordinador del PRI, Fidel Herrera Beltrán, informaron ayer que ``cruzaron'' puntos de vista y quedó de manifiesto la voluntad de reconsiderar el monto solicitado por el jefe de gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas.

``He hablado con el gobierno federal y con el partido oficial y me han manifestado de modo formal que hay esa disposición de reconsiderar el tope, que de hecho fue un chantaje'', dijo Muñoz Ledo, quien comentó que ayer por la mañana habló con Cárdenas y éste manifestó su disposición de entregar a los diputados copia de lo enviado en su momento a la Secretaría de Hacienda.

--¿Comparecerá el jefe de gobierno ante comisiones de la Cámara?

--No lo sé, pero parece que no está en el marco legal, si no todos los que solicitan presupuesto a Hacienda tendrían que venir, comparecer aquí, y eso no está previsto.

Acusan a Cárdenas de chantajista

Por otra parte, el PRI y el PAN capitalinos calificaron ayer al jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, de ``chantajista e ignorante'', pues no sólo trata de asustar a la ciudadanía haciéndole creer que al no autorizársele el monto exigido de deuda se paralizará la ciudad de México, sino que también se evidencia que su equipo no sabe ni siquiera argumentar una solicitud de endeudamiento, tal y como ocurrió con el documento que enviaron a la Cámara de Diputados para su aprobación. Ante el planteamiento de que corrija esa situación, dijeron, el Ejecutivo local responde con soberbia.

En entrevista, el diputado priísta Octavio West afirmó que el Congreso de la Unión no puede entregar a Cuauhtémoc Cárdenas ni a cualquier otro gobierno estatal un ``cheque en blanco'' y autorizarle, sin mayores detalles ni explicaciones, los techos financieros que exigen; por eso se le negaron los 7 mil 500 millones de pesos, por esas carencias, y no porque se trate de un ``revanchismo político''.

Aunado a ello, criticó el ``gesto supremo de soberbia'' del Ejecutivo local, al responder a los diputados federales que si quieren explicaciones y precisiones de su planteamiento financiero, acudan a sus oficinas del Zócalo. ``Es un acto de prepotencia grave que abre el camino para que ahora se genere un enfrentamiento con el Poder Legislativo federal''.

West Silva destacó que por estar metido en ese tipo de controversias, Cárdenas Solórzano ``está perdiendo la oportunidad histórica de hacer un buen gobierno, por lo que debe dedicarse a gobernar y no a otras cosas''.

Mientras tanto, el líder capitalino del PAN, Gonzalo Altamirano Dimas, indicó en conferencia de prensa que ``a través del chantaje envuelto en la ignorancia pretende ahora el gobierno de esta ciudad hacerse la víctima para obtener recursos que aún no justifica''.

Recriminó, asimismo, la actitud de soberbia que muestra Cárdenas Solórzano al responder que los 500 diputados federales pueden ir a su oficina para que les explique los programas a que se destinaría el dinero, por lo que advirtió que si el Ejecutivo local quiere realmente llegar a acuerdos, debe rectificar su postura y asistir al Congreso de la Unión.

Todo se puede resolver, señala Estefan Garfias

En este contexto, el contralor general del CEN del PRI, Antonio Estefan Garfias, consideró que será ``muy difícil'' que el Congreso pueda rectificar y aumentar los ingresos por participaciones al Distrito Federal, porque dentro del presupuesto federal ``no hay ningún margen de maniobra'' posible.

Todos los rubros, dijo, sufrieron fuertes recortes y una partida adicional al gobierno capitalino implicaría quitarle recursos a áreas que también son prioritarias para el desarrollo nacional. ``Abriríamos un hoyo para tapar otro'', declaró.

Ricardo Olayo Ť El jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas ofreció un uso eficiente y transparente del gasto público en el Distrito Federal, y dar preferencia a la atención de las demandas ciudadanas. Como condición esencial para tener éxito en el ejercicio presupuestario de este año, se requiere la participación activa de los ciudadanos, señala en un mensaje dirigido a la población en volantes en los que expone las características de la política económica en el ámbito capitalino.

El gobierno inició una campaña de difusión en la que Cárdenas menciona que las autoridades locales no pueden revertir la política económica del gobierno federal, pero asegura que habrá un estricto control contra el mal uso de los recursos, a fin de defender la calidad de vida de la ciudad.

Una vigilancia ciudadana sobre cualquier evidencia de corrupción, mayor eficacia en el pago de obligaciones fiscales y el control a los malos manejos son sin duda las ``mejores armas'' para defender a los habitantes del Distrito Federal ``en la presente situación'', subraya Cárdenas en el escrito que se ha empezado a difundir en trípticos.

Por medio de preguntas, la autoridad plantea a los ciudadanos si conocen que ``mientras el gobierno federal aprobó 14 por ciento de aumento al salario mínimo, el gobierno del Distrito Federal dará 18 por ciento de aumento a sus trabajadores''. Si están enterados que a nivel federal se aumentó el precio de la gasolina, y en el ámbito local el gobierno capitalino ``decidió no incrementar las tarifas del Metro y el transporte eléctrico, manteniéndolas en un peso con 50 centavos, y que en apoyo a los ciudadanos de la tercera edad este servicio será gratuito''.

Comenta que escapa a las facultades y a la capacidad de decisión de su administración ``revertir la política económica del gobierno federal e impedir sus efectos sobre la población de la ciudad y sobre su propio presupuesto. La ciudadanía resentirá aumentos federales a la tortilla, la gasolina'' y otros que tienen por fin ``rescatar finanzas en quiebras por ineficiencia o por fraudes''.

El mensaje del gobernante es similar al que presentó hace unas semanas por televisión y radio, pero hace mención especial al uso selectivo, eficiente y transparente del gasto público, y de reducir al máximo el crecimiento del gasto corriente.

Se da un trato diferencial al DF

A su vez, la secretaría general de Gobierno, Rosario Robles Berlanga, dijo que hay un trato diferencial entre los deudores del Fobaproa, que absorberán 25 mil millones de pesos, y las necesidades del Distrito Federal, cuyo monto de endeudamiento, reducido a sólo mil 700 millones de pesos, pone en riesgo obras importantes.

En entrevista radiofónica, dijo que los ciudadanos del DF siguen siendo de segunda categoría en cuanto a sus derechos políticos, pues es la única entidad cuyo monto de endeudamiento lo decide el Congreso de la Unión, lo que permite la aplicación de criterios políticos ajenos al ámbito local.

Esta semana inició también la difusión de carteles elaborados por la Secretaría de Finanzas, en los que con argumentos similares se establecen diferencias entre ambas políticas. Se destaca que en la ciudad de México el predial y el agua no suben para importantes franjas de la población, y tampoco incrementos en las cuotas por servicios de salud que el gobierno proporciona a la población abierta.

Si bien volantes y carteles no hacen una mención específica a la reducción presupuestaria que aprobaron los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional en el Congreso de la Unión, se pone énfasis en el correcto uso de los recursos disponibles. Por ello el presupuesto será para mejorar los sistemas de seguridad pública ``que permitan restablecer la confianza y credibilidad social en nuestras instituciones''; avanzar en la incorporación activa de la sociedad en la toma de decisiones y promover las actividades económicas que propicien mayores oportunidades de inversión productiva y mejoren las perspectivas de empleo e ingreso de la población, entre otras.

En los volantes que se distribuyen en las delegaciones políticas --con el mensaje de Cárdenas-- se distingue que ``mientras el gobierno federal disminuye el presupuesto de le educación superior en su presupuesto de 1999, el gobierno del Distrito Federal destinará 34.5 por ciento del presupuesto de la ciudad a servicios a la población, salud, educación, vivienda y promoción del desarrollo económico''.

Ricardo Olayo Ť El primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), José Antonio Aguilar Valdez, dijo que un ``recorte injustificado'' al presupuesto de la ciudad obstaculizaría la buena administración del gobierno y podría constituir una violación a los derechos humanos.

Sin embargo, en esta hipótesis, la clave sería determinar si para tomar decisiones las autoridades dispusieron de suficiente información en cada uno de los pasos, acotó durante una conferencia de prensa citada por la institución como primera actividad al inicio del año.

Precisó que el ombudsman capitalino, como institución, tiene que analizar si tiene competencia en este asunto en caso de que se presente una queja, lo que hasta ahora no ha ocurrido. Por lo pronto, la comisión está dispuesta a recibir cualquier queja de los ciudadanos en este sentido, al igual que en otros asuntos.

Precisó que si existe un ``recorte injustificado'' podría presentarse el escenario de una presunta violación a las garantías de los ciudadanos, lo que de entrada requiere de un trabajo meticuloso para determinar responsabilidades en el ámbito legislativo y en el local, para establecer si hay información suficiente y con soporte técnico para tomar decisiones, en este caso la negativa al gobierno del Distrito Federal de tener capacidad de endeudamiento.

Pero en el escenario contrario, es justo decir que una reducción presupuestaria plenamente justificada es una determinación que protege los derechos humanos. En todo el estudio del caso no debe perderse de vista que el dinero de que se habla proviene de los recursos de los contribuyentes, explicó José Antonio Aguilar Valdez cuando se le pidió abundar sobre el tema, en entrevista posterior a la conferencia de prensa.

Hasta ahora no se han presentado quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pero en caso de que se presente alguna, recibirá el mismo trato que en otras ocasiones, se analizará si hay competencia y si hay una presunta violación; ocurre muchas veces que también por la competencia de los asuntos, corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atender los expedientes que le envía la instancia capitalina, sobre todo en este caso por tratarse de un asunto en el que participó el Congreso de la Unión.

En la conferencia de prensa, el primer visitador declaró también que en las cárceles de la ciudad prevalece el desorden y la corrupción, y que hay una recomendación en ese aspecto que está parcialmente cumplida.

Aguilar Valdez expresó que la relación más difícil ha sido con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que atiendan los diferentes expedientes que se abren por la dilación en la integración de averiguaciones previas y los abusos de autoridad.