A pesar de los cambios observados en la composición de la Cámara de Diputados, el poder Ejecutivo continúa siendo el gran legislador, como lo muestra la forma en que se resolvió el paquete económico para 1999. A pesar de que el gobierno quiere hacer creer a la opinión pública que se decidió sobre el programa en la Cámara de Diputados, la realidad es que prácticamente no hubo discusiones entre los Diputados. Todo fue negociado entre representantes del poder Ejecutivo y algunos dirigentes del PAN, fuera de los recintos parlamentarios.

Como se puede recordar, a mediados de noviembre el Ejecutivo envió al Congreso su propuesta económica para 1999, la cual fue muy cuestionada por los distintos partidos políticos y por los diversos sectores sociales. En particular, resultó muy impopular la pretensión del gobierno de elevar los impuestos a la población, manteniendo una política de gasto altamente recesiva. El gobierno respondió con su acostumbrada postura de que no había de otra; de que era única forma de mantener la estabilidad, acusando a las propuestas alternativas de irresponsables.

El PRD realizó entonces un estudio a fondo del presupuesto de egresos presentado, como nunca se había hecho. Para ello, se revisaron los 33 volúmenes analíticos del tomo III del presupuesto, de los que sólo se envía una copia a la Cámara de Diputados. La información que contienen estos volúmenes es muy detallada, pero su análisis requiere un gran esfuerzo, ya que no incluyen resúmenes y es necesario capturar toda la información, procesarla y ordenarla, para tener un panorama claro de lo que contienen.

Después de la ardua tarea de procesar una inmensa cantidad de datos, se concluyó que existía gran número de partidas presupuestales injustificadas y que había mucha tela de dónde cortar. A partir de ese análisis, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD presentó el 8 de diciembre un Proyecto Inicial de Ajuste y Reasignación Presupuestal, que consistía en eliminar el gasto superfluo y el destinado al saneamiento financiero, y reasignar esos recursos a programas prioritarios como educación y combate a la pobreza, así como para otorgar un aumento salarial de 18 por ciento a todo el personal federal, incluidos los maestros.

La Secretaría de Hacienda respondió de inmediato, descalificando la propuesta del PRD. En particular, caricaturizó la idea de disminuir el gasto no justificado en servicios personales, para lo cual se proponía un recorte de casi 5 mil 900 millones de pesos en los ingresos de los altos funcionarios, bajo el argumento de que toda la nómina de los mandos medios y superiores era inferior a esa cifra. Pero eludió dar respuesta a los cálculos que se presentaron, los cuales demostraban que las nóminas presupuestadas para varias secretarías estaban infladas y que quedaba un remanente, cuyo real destino no se identificaba.

El vocero del gobierno también criticó la propuesta de disminuir los muchos gastos superfluos localizados, como los de alimentos para los altos funcionarios, argumentando que el PRD pretendía dejar sin comer a los soldados y a los enfermos de los hospitales. Aquí tampoco respondió a la propuesta de recortar, por ejemplo, un millón de pesos presupuestado para alimentos sólo para la oficina del Secretario de Hacienda, así como de muchos otros casos similares.

En lugar de debatir abiertamente, el gobierno inició una campaña para convencer a la opinión pública de que la propuesta del PRD carecía de seriedad. De manera inexplicable, algunos diputados de ese mismo partido hicieron eco a esa campaña, declarando que las propuestas de recorte estaban ``sobredimensionadas''. A pesar de que los cálculos se hicieron con todo rigor técnico, y se basaron exclusivamente en la información proporcionada por el gobierno, el debate sobre el uso de los recursos públicos no se pudo llevar a cabo.