Letra S, 7 de enero de 1999
Era de esperarse que este mes de enero, semanas antes del arribo del Papa Juan Pablo II al país, los jerarcas católicos y los grupos de fanáticos ligados a ellos arreciarán su campaña de intolerancia y sus ataques contra los funcionarios responsables de las políticas educativas y de salud. De esta manera, buscan aprovechar la coyuntura y la enorme cobertura que los medios dedican a la presencia del pontífice para promover sus consabidas condenas contra ciertas prácticas sexuales muy extendidas entre amplios sectores de la población, sobre todo juvenil, y contra las políticas de educación sexual y de prevención de enfermedades sexualmente transmisibles.
La intolerancia religiosa sentó sus reales durante muchos años en el país. Durante décadas, la necesidad de informar y educar a la población joven sobre aspectos de la sexualidad fue pospuesta y bloqueada por el veto impuesto por la presión y el chantaje de la jerarquía católica. Por fortuna, en vísperas de un nuevo milenio, la sociedad mexicana es otra. Los valores de la tolerancia y el respeto a la diversidad sexual son cada vez más difundidos y aceptados. Eso se nota en el divorcio existente entre las prédicas doctrinarias de los jerarcas eclesiásticos y las prácticas cotidianas de la gente.
El proceso de secularización en marcha desde décadas atrás en la sociedad mexicana comienza a rendir sus frutos civilizatorios y ello favorece a las labores de prevención y de educación sexual. Impulsar y fortalecer ese proceso es apostar, en materia de sexualidad, a un futuro libre de enfermedades transmitidas por la vía sexual, de embarazos no deseados y a una vida amorosa saludable y libre de culpas.
Como parte de un paquete de reformas tendientes a modernizar a México, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari aprobó en 1992 una reforma al artículo 130 de la Constitución con el fin de fortalecer la libertad religiosa. Este cambio benefició primordialmente a la Iglesia católica, ya que ahora la Constitución protege su presencia pública. A pesar de que la separación oficial del Estado y la Iglesia existe en México desde 1917, ésta última siempre ha jugado un papel importante en la política mexicana, sobre todo en el terreno de la sexualidad. La reforma mencionada la institucionaliza como una fuerza política independiente en nuestra sociedad. Hoy la Iglesia católica tiene libre acceso a los medios de comunicación para difundir sus posturas respecto a un amplio espectro de cuestiones sociales; sus líderes han unido sus fuerzas a las de otros líderes políticos, en particular los del Partido de Acción Nacional (PAN), para lanzar así fuertes campañas locales y nacionales sobre los temas de la familia y la abstinencia sexual, o en contra del uso del condón. Esta ofensiva ha modificado el paisaje político y remodelado los debates encendidos y el activismo propios de la política sexual mexicana de los últimos años.
En materia de sexualidad, señala Carlos Monsiváis, el siglo XX en México arranca apenas en los años setenta. De ahí el tufo decimonónico de las reglamentaciones, explícitas e implícitas, respecto de la sexualidad y el atraso mayúsculo en cuestionamientos y debates sobre prácticas e identidades sexuales modernas. Un elemento determinante en la configuración de la política sexual mexicana es la Iglesia católica. De 1917 a 1991, la Iglesia carece de estatuto legal en México. Las influencias, tanto liberales como socialistas, de la Revolución Mexicana, y el temor a la intromisión política del clero, conducen al establecimiento de leyes anticlericales que no se limitan a reivindicar un Estado laico, sino que pretenden estimular alternativas de pensamiento a la religión mayoritaria.
La legislación laica consagrada en la Constitución de 1917, rechazada por el Vaticano y el clero mexicano, conduce a la Cristiada, el levantamiento de campesinos auspiciado por los obispos. Al responder el gobierno, la guerra civil dura tres años (1926-1929) y al final se acuerda una aplicación flexible de las leyes anticlericales y se establece un modus vivendi, una transacción que facilita la convivencia de las partes en litigio. Con este pacto de ``no agresión'' establecido a partir de 1929 y consolidado en 1940, la Iglesia católica gana márgenes de ``tolerancia'' en materia educativa, y abre colegios privados donde imparte educación religiosa. Monsiváis agrega que, de cierta manera, el Estado también le ``entregó'' a la Iglesia católica la vida cotidiana: todo lo relativo a la sexualidad y la familia (Comunicación personal).
Aunque la Iglesia católica siempre ha tenido una presencia real sustantiva, su situación de marginalidad constitucional contribuyó a una cierta moderación publica: no podía poseer bienes y sus declaraciones y manifestaciones públicas estaban controladas y medidas. Si bien durante su ``ilegalidad'' la Iglesia católica no dejó de expresarse y de presionar al gobierno, hoy disfruta de una total libertad, más que de acción y de discurso, de intimidación y chantaje. Cada hecho que le molesta, o del cual discrepa, lo convierte en campaña, no sólo, como siempre, desde los púlpitos y confesionarios, sino ahora, por sus relaciones con importantes empresarios y dueños de cadenas televisivas, periódicos y radiodifusoras, en tiempos y espacios preferenciales en los medios masivos de comunicación. Arrogándose una representatividad absoluta de la sociedad mexicana, mediante asociaciones religiosas de la burguesía (Opus Dei, Legionarios de Cristo y Caballeros de Colón) o con sus aliados instrumentales como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) o el Comité Nacional Pro-Vida, la jerarquía católica utiliza su gran influencia y poderío económico para impulsar su política sexual.
La nueva beligerancia conservadora
Es preocupante el poder político/económico de los grupos católicos en su promoción de una política sexual sexista y homófoba. En especial ha sido nefasta la influencia de ciertos empresarios aliados de la jerarquía católica, miembros del Opus Dei, que utilizan ese poder para influir en políticas comunicativas. Las empresas Domecq y Bimbo, por ejemplo, amenazaron en 1987 con retirar su publicidad en la televisión si Conasida pasaba un videoclip con Lucía Méndez sobre prevención del sida mediante el uso del condón. Y en 1998 el dueño de Bimbo presionó con lo mismo si el canal 40 transmitía un programa en el que se acusaba de perversión de menores a Marcial Maciel, dirigente y fundador de los Legionarios de Cristo.
Si la ofensiva de la iglesia a partir de la reforma de 1991 ha sido espectacular, no ha sido menos notable el repliegue gubernamental. El ejemplo más evidente es la Secretaría de Educación Pública (SEP), que sin demasiada convicción intenta dar una parca educación sexual en las escuelas públicas. La SEP ha sido el blanco de una agresiva campaña principalmente en los medios de comunicación. Un libro para adolescentes y la capacitación de maestros de secundaria en educación sexual generaron revuelo en 1994. Lo que más irritaba a la derecha era el reconocimiento de que los valores dependen de lo que la sociedad acepta. También le irritaba que se hablara, de manera clara y directa, de las posibles consecuencias de una relación sexual (embarazo, parto o aborto), pues hablar de ello era ``promover el aborto''.
Las declaraciones fueron feroces: ``Organizaciones de padres de familia demandan retirar libros que incitan al libertinaje y dañan la moral mexicana'' (El Heraldo de México, febrero 11); ``los líderes de los paterfamilias criticaron que se hayan incluido imágenes poco apropiadas para los niños, que rayan en la más vulgar pornografía'' (La Jornada, febrero 11); ``distribuye la SEP un libro que raya en la pornografía'' (Excélsior, febrero 11). Y aunque los autores del libro respondieron días mas tarde, sus declaraciones quedaron consignadas a la sección de cartas, sin el impacto de las otras noticias. Por su lado la SEP, con la tradicional política del avestruz tan común del Partido Revolucionario Institucional (PRI), optó por guardar silencio.
A partir de la organización en contra del sida y a favor de las personas que viven con VIH, algunos grupos de homosexuales logran presencia pública, aunque no precisamente por su lucha contra la homofobia. Por su parte, las lesbianas organizadas participan dentro del movimiento feminista, aunque hay algunos grupos separatistas sin visibilidad pública. Comparado con los grupos gays, el movimiento feminista aparece como más articulado. Sin embargo, a pesar de que las movilizaciones en los setenta cohesionaron a las feministas como nuevos actores sociales, el movimiento no ha significado una opción política para el grueso de las mexicanas. En cambio, la organización popular de mujeres, que parte del terremoto de 1985, sí se volvió para muchas una alternativa de participación. Pero las demandas que movilizaron a estas mujeres no tocaban cuestiones sexuales, a pesar de que precisamente esos sectores son los que más padecen las consecuencias de la doble moral sexual, de la falta de educación sexual y, en especial, de la penalización del aborto.
En 1995, una campaña del Partido Acción Nacional (PAN) y del Episcopado Mexicano contra la delegación gubernamental que había firmado los acuerdos de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, atrae el interés de los medios de comunicación sobre la discusión de la política sexual. La estrategia de esa campaña fue atemorizar a la población con mentiras: que el gobierno había aceptado la despenalización del aborto, las familias de homosexuales y lesbianas con derecho a adoptar, la eliminación de la palabra ``Madre'' y la promoción de uso de anticonceptivos desde la edad preadolescente (11 años) sin importar la opinión de los padres. Para combatir esos supuestos horrores, el Episcopado llamó a la comunidad católica de la arquidiócesis de México a una peregrinación a la Basílica ``en pro de la vida y la familia''.
A pesar de que las mentiras eran movilizadoras, la peregrinación no tuvo la afluencia esperada. Esto tiene que ver con lo que Monsiváis registra como un cambio de mentalidad debido principalmente a ``la internacionalización cultural del país, el auge de la educación media y superior, la secularización generalizada que usa de la tolerancia como vía de desarrollo, y las teorías del feminismo'' (Debate feminista, núm. 3, sep., 1991). Este cambio también afecta las posturas del bajo clero mexicano, cuya permisividad es un fenómeno extendido. Por eso, gran parte de las y los mexicanos tienen actitudes más liberales y tolerantes que las de los grupos conservadores que los gobiernan.
Además, otro elemento que ha ido conformando la modernización sexual es la educación informal, derivada de la cultura audiovisual. A pesar de la desigualdad socioeconómica, el cambio cultural generado por películas y canciones ha tenido un impacto notable en sectores populares. Tal vez ese ha sido el mayor contrapeso a los discursos puritanos, aunque en muchos casos sus expresiones comercializadas reproduzcan actitudes sexistas y homófobas de la doble moral machista.
Las imágenes del cine han ido erosionando prohibiciones tradicionales con una nueva mirada sobre el ámbito de la sexualidad y la reproducción. Esta contradicción con los valores tradicionales se introduce vía las series televisivas y las películas norteamericanas las cuales fomentan un ejercicio de la sexualidad más abierto y menos culpígeno, y perfilan una nueva imagen de mujer activa sexualmente y no por ello ``puta''. También tratan más libremente el tema de la homosexualidad con figuras lésbicas y gays positivas.
En este contexto empieza a emerger un elemento importante: la transformación del proyecto de futuro. Basado antes en el sacrificio en aras de la familia, ahora empieza a ser desplazado por un mayor deseo individualista de vivir la propia vida. Esto se da mucho entre las nuevas generaciones, las cuales también se caracterizan por su alejamiento de la política y parecen concentrar su tiempo libre en el hedonismo. El avance del New Age impacta a grandes sectores juveniles y, según Monsiváis, el rock se vuelve un espacio cultural de desahogo existencial sensorial.
Sin embargo, ante los obstáculos al ejercicio de la sexualidad hay una gran desmovilización política. Tal vez es esta ausencia de activismo un elemento generacional que cruza clases sociales: no se ve una protesta juvenil, ni siquiera entre los jóvenes que sufren más la represión: los gays. En el caso particular de los jóvenes homosexuales urbanos de la ciudad de México, Monsiváis encuentra que una inmensa mayoría ha alcanzado un cierto nivel de aceptación de ``normalidad'' con el término gay. Monsiváis plantea que el espacio semántico de la palabra ``gay'' se transforma en el espacio social de la tolerancia: asumirse gay es formar parte de un movimiento internacional, es pasar de una condición problemática a un modo de vida extravagante, pero ``moderno''. Este tránsito disuelve el prejuicio y desactiva una militancia. A estos jóvenes no les interesa pensar o actuar sobre la ausencia de una cultura de derechos, sino vivir sus posibilidades existenciales. Está también el fenómeno de quienes rechazan el activismo porque lo asocian con grupos sectarios de liberación homosexual, o quienes confunden la lucha por una ciudadanía plena con planteamientos de la izquierda, a la cual rechazan ideológicamente. Asimismo, entre esta juventud se muestra el impacto negativo de la cultura audiovisual, que ha desmotivado la lectura, y con ello, posibilidades importantes de formación y teorización.
El impulso de la modernización
A todo lo anterior se suma el hecho de que los derechos sexuales y reproductivos empiezan a adquirir reconocimiento popular en México, precisamente en el momento en que las fuerzas conservadoras alcanzan las posiciones públicas desde donde impedir su ejercicio. Dedicado a ganar posiciones con un discurso pseudo democrático que denuncia la corrupción y autoritarismo del partido gobernante, el PAN ha ido obteniendo municipios y gubernaturas en varios estados de la república, y ha sido un aliado eficaz de El Vaticano.
Desde sus primeros triunfos, los gobiernos panistas han emprendido iniciativas de ``moralización''. Así, Chihuahua realiza una reforma a la Constitución local, para defender la vida ``desde el momento de la concepción''. En otros estados la identificación con las posturas de la jerarquía católica lleva a varios de los funcionarios panistas a manifestarse con acciones arbitrarias: prohibir el uso de minifaldas a empleadas de gobierno en Jalisco, clausurar una exposición de fotos de desnudos en Aguascalientes, impedir la transmisión de películas que tocaban el tema gay en Veracruz, sustituir el nombre de Juárez (el presidente que lleva a cabo la separación Iglesia/Estado) en una calle en el Estado de México. En Guanajuato el presidente municipal impide, por petición del obispo, la realización de una conferencia de Católicas por el Derecho a Decidir y GIRE sobre el aborto.
Este tipo de acciones sexistas, homófobas y decididamente ridículas, se han ido difundiendo y cierta ciudadanía asocia ya al PAN con un moralismo anticuado y autoritario. En las elecciones de 1997, donde se jugó la gubernatura de la Ciudad de México, el candidato panista, abiertamente anti-condón y anti-aborto, Castillo Peraza, arrastró a su partido a la derrota. Uno de sus errores más criticados fue escribir un mañoso artículo combatiendo al condón por la supuesta contaminación ecológica que genera el látex (Proceso, marzo 30).
Ahora bien, en ausencia de educación sexual y de campañas preventivas contra la infección del VIH, la sexualidad se vuelve un terreno de serios riesgos. Los obstáculos y problemas que derivan de los embarazos no deseados son no sólo los cientos de miles de abortos, sino también los miles de hijos no deseados. Estas criaturas, antes bienvenidas como un seguro para la vejez, son vividas como lastres en una sociedad que no ofrece apoyo al difícil trabajo de la crianza infantil. Además, en un contexto social marcado por el desempleo y la carencia de viviendas se da una reformulación de los arreglos familiares, lo cual también conduce a un cuestionamiento de las prácticas sexuales, amorosas y reproductivas.
Este rápido sobrevuelo al vasto entretejido que conforma la política sexual mexicana omite, por razones de espacio, las contribuciones académicas y profesionales, y los esfuerzos de artistas que trabajan en la construcción de representaciones no sexistas ni homófobas, plurales y modernas, sobre la sexualidad. Los procesos de secularización pasan grandemente por las producciones intelectuales y culturales. Sin poder dar cuenta de dicha aportación, quiero enfatizar que la articulación simbólica de ideas y de valores cohesiona y moviliza la acción de los grupos sociales.
Si bien es crucial resignificar valores y sentidos, de tal manera que toquen las fibras democráticas de las y los ciudadanos para que los derechos sexuales se vuelvan parte de su aspiración a una ciudadanía plena, también se requiere que dicha resignificación sea formulada políticamente, para que pueda colocarse en la agenda de los partidos y en la agenda pública del gobierno, y ser ampliamente difundida. Desgraciadamente el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no ha jugado un papel importante en esta resignificación ni en la articulación de campañas antisexistas y antihomófobas: todavía la política sexual es vista como algo secundario ante los graves problemas de pobreza, miseria y marginación. Aunque algunas figuras destacadas expresan posiciones progresistas, gran parte de los representantes perredistas tienen posturas atrasadas y machistas.
Ante tal vacío político, es clave el papel que juegan ciertas personas con espacios en los medios: no sólo Carlos Monsiváis, el crítico cultural más relevante de la realidad sexual mexicana, sino también comunicadoras, de radio y televisión, con una perspectiva feminista como Verónica Ortiz, o Patricia Kelly, o como el actor gay Tito Vasconcelos. El éxito de sus espacios es un indicador de que hay un público interesado en escuchar y debatir sobre sexualidad desde una perspectiva crítica.
Además de los valiosos aportes individuales, está el trabajo colectivo de los grupos feministas y gays, que intentan funcionar como diques ante la oleada conservadora. Una nueva agrupación política en formación, DIVERSA, intenta impulsar, bajo el modelo de coalición arcoiris, la defensa de la diversidad sexual y su valoración como vía política para alcanzar una ciudadanía plena y democrática. El activismo de estos grupos son los buenos presagios en un horizonte más bien nublado.