La fracción del PRD en la Cámara de Diputados enriqueció el planteamiento original del Comité Ejecutivo Nacional y construyó una propuesta alternativa a la del gobierno, con una solidez técnica no vista antes en el poder Legislativo. Ese plan se dio a conocer con todos sus detalles el 23 de diciembre, y consistió en recortar el gasto superfluo en casi 62 mil millones de pesos, lo que permitiría evitar la introducción del nuevo impuesto al servicio telefónico, no aumentar más el precio de la gasolina y compensar la pérdida de ingresos petroleros derivada de la nueva estimación del precio del crudo para 1999, presentada por el gobierno. Además, esos ahorros permitirían aumentar el gasto en más de 32 mil millones de pesos, otorgando prioridad a los programas de educación, apoyo a deudores, agricultura, bienestar social, incremento salarial de 18 por ciento y aumentos a los pensionados y viudas.

Lo novedoso de la propuesta de los diputados perredistas era que recortando el gasto superfluo e injustificado, había la posibilidad de evitar mayores impuestos, aumentar sustancialmente el gasto social y se mantenía inalterada la meta de déficit fiscal, propuesta por el gobierno, de sólo 1.25 por ciento del producto interno bruto. El PRD lanzó un desafío al gobierno, publicando la alternativa con todos sus detalles, identificando los recortes secretaría por secretaría, dirección general por dirección general, y partida por partida. En especial, se demostró -contabilizando plaza por plaza y dirección por dirección- que el presupuesto para servicios personales estaba ``inflado'', como era el caso de la propia Secretaría de Hacienda, con un sobrante no justificado de 871 millones de pesos.

La siguiente respuesta del gobierno fue el silencio, así como acelerar las negociaciones con algunos dirigentes del PAN, fuera de la Cámara de Diputados, igual que había hecho con la discusión del Fobaproa. Las reuniones de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados fueron suspendidas, y la esperada discusión de la propuesta del PRD nunca se produjo.

Finalmente, el gobierno logró que se votara su proyecto original, con algunos cambios menores, contando con la complicidad del PAN. Aunque el nuevo impuesto al servicio telefónico fue rechazado, a cambio se impuso a la población una carga impositiva mayor a la originalmente propuesta por el Ejecutivo, con un agravante, y dejó un mayor margen de discrecionalidad al gobierno en la asignación de los recursos. La forma en que se impuso la propuesta del Ejecutivo resultó grotesca. La gran mayoría de los diputados desconocieron hasta el final los detalles de lo que estaban votando. Los verdaderos legisladores fueron los funcionarios de Hacienda, quienes descaradamente decidían qué quitar o poner a los dictámenes finales. Una vez más, el gobierno resultó incapaz de responder con argumentos a las críticas del PRD, optando por la negociación con los dirigentes del PAN, a espaldas de la nación.