La aprobación por la alianza PRI-gobierno-PAN del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación para 1999 es un golpe bajo a la economía y las condiciones sociales de vida de la mayoría de los mexicanos y una violenta agresión a los capitalinos y al gobierno que eligieron democráticamente, por mayoría aplastante de votos, en julio de 1997.

El golpe dado a las finanzas públicas del DF, que las reduce 12 por ciento, sin contar la inflación prevista de 16.5 por ciento, tiene dos componentes: la reducción del endeudamiento de 7 mil 500 millones solicitado por el gobierno del DF, a sólo mil 700 millones de pesos y su exclusión de las participaciones correspondientes a la Ley de Coordinación Fiscal, en particular del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. Si tenemos en cuenta el exagerado monto de recursos provenientes de endeudamiento externo e interno aprobados al gobierno federal (145 mil millones de pesos) y aplicamos la participación de la población del DF en el total nacional (9.3 por ciento en 1995), le correspondería al DF un total de 13 mil 109 millones de endeudamiento; pero sólo se le autorizó 1.17 por ciento del total nacional. Este endeudamiento fue solicitado por el gobierno de Cárdenas para cubrir el creciente servicio (6 mil 937 millones de pesos en 1999) de la deuda pública legada por las administraciones priístas anteriores (11 mil 789 millones de pesos), y para iniciar o continuar obras vitales de desarrollo urbano en los rubros de transporte público, agua potable, drenaje y vivienda, que tendrán que ser pospuestas.

Al excluir al DF de las participaciones federales, éste pierde directamente 787 millones de pesos presupuestados inicialmente; pero si tenemos en cuenta que los fondos globales asignados a estas participaciones son de 140 mil 963 millones de pesos y aplicamos el criterio demográfico de distribución negociado por el PAN en beneficio de los estados y municipios que gobierna, al DF le corresponderían aportaciones federales por 13 mil 485 millones, que no recibirá. Si aplicáramos el criterio de la aportación del DF a la economía nacional y a los ingresos públicos, que es de más de 24 por ciento, la desproporción entre lo que aporta y recibe es más impactante y lesiva para su desarrollo.

Los sectarios objetivos políticos de la alianza PRI-gobierno-PAN, con miras a las elecciones del 2000 saltan a la vista: asfixiar financieramente al gobierno de Cárdenas y al PRD en el DF, para debilitar su capacidad de respuesta ante las demandas ciudadanas de seguridad, transporte, vivienda, obras y servicios públicos, así como desgastar su imagen de gobernante y mermar su evidente popularidad nacional y local mostrada por las encuestas. Pero es inadmisible que se hayan antepuesto los intereses electorales de PRI-PAN al bienestar de más de 9 millones de capitalinos.

Consumado el acto de revanchismo político, se imponen tres conclusiones políticas. El gobierno del DF deberá acentuar los rasgos republicanos que lo han caracterizado: austeridad en el gasto; focalización de éste hacia los proyectos que más benefician a los sectores populares, donde están las más graves carencias; trasparencia en el gasto y rendición de cuentas claras a los capitalinos; honestidad en todos los niveles y lucha contra la corrupción pasada y presente; eficacia en la gestión y participación activa de la sociedad en los actos de gobierno. Todos los capitalinos tenemos que manifestar nuestro rechazo a la acción irresponsable del PRI-gobierno-PAN porque lesiona nuestra sobrevivencia y condiciones colectivas de vida, y agravará la situación de empobrecimiento, informalización y violencia generada por la política económica y social neoliberal impuesta por los tres últimos gobiernos del PRI, con el apoyo vergonzante del PAN.

Finalmente, lo ocurrido en el Congreso es una razón más para luchar por la conclusión de la reforma política del DF, para eliminar todo lo que queda del estatuto de excepción con el que se gobierna y que la mantiene como entidad federal de segunda clase en el concierto nacional, y convertirla en un estado más de la Federación, con igualdad de derechos, obligaciones y prerrogativas, otorgándole soberanía plena en el marco del pacto federal y la Constitución mexicana.