Acciones políticas, sociales y militares, en la propuesta oficial al EZLN

David Aponte Ť La propuesta de distensión del gobierno federal para la reanudación del diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) establece criterios de ``bilateralidad, progresividad y reciprocidad'' y ``acciones políticas, jurídicas, sociales y de tipo operativo-militar'' en el estado de Chiapas, según un documento de la coordinación para el diálogo y la negociación de la Secretaría de Gobernación.

El texto, entregado por el coordinador para el diálogo, Emilio Rabasa Gamboa, a los embajadores y cónsules de México acreditados en el exterior, afirma que la autoridad federal ha intentado entregar de manera directa e indirecta a la directiva zapatista la propuesta de distensión y una iniciativa de un nuevo formato y agenda para las conversaciones.

Sin embargo, no explica en forma detallada las acciones políticas, jurídicas y militares que tomará el gobierno federal y el nuevo formato y agenda para el diálogo con el EZLN.

A manera de argumentación para lograr la distensión, enumera lo que denomina Estrategia para Chiapas en siete vertientes, principalmente acciones de corte político, económico y social para la entidad: focalización de atención de demandas sociales con gasto social, federal y estatal programado; impulso a la economía, inversión privada, creación de empleos e infraestructura; reafirmación y vigencia del estado de derecho; concertación política intercomunitaria; ayuda humanitaria; impulso a la legislación de los pueblos y comunidades indígenas, y vía política y pacífica con el EZLN.

En forma detallada, expone los avances en cada una de los siete puntos:

Del primero, destaca el incremento de los recursos federales destinados a Chiapas, que han pasado de 5 mil 52 millones de pesos en 1995 a 11 mil 7 millones en 1998. El propósito de esta línea está orientado a dar respuesta a las principales demandas de carácter social y desarrollo agropecuario.

Por lo que hace al segundo punto, indica que el desarrollo productivo de la entidad representa uno de los factores principales para la superación de los problemas de marginación y pobreza. En ese sentido, precisa los montos más recientes de inversión canalizados a Chiapas, que suman más de 300 millones de pesos provenientes de la iniciativa privada y del sector público.

Sobre el punto tres, menciona las acciones para garantizar la seguridad y el orden público, como el convenio denominado Todos unidos para la seguridad pública, que incluye una inversión de más de 127 millones de pesos para la capacitación y equipamiento de los cuerpos de seguridad. Adicionalmente, señala que las autoridades han dado apoyo a la integración de juzgados de paz y conciliación en las localidades donde tiene presencia el EZLN.

Respecto de la cuarta vertiente, explica que el gobierno de Chiapas ha establecido un equipo de operadores sociales que promueven la reconciliación comunitaria en ocho regiones estratégicas y ha desarrollado una política de tolerancia a las diferencias políticas y religiosas, ``como instrumentos de convivencia a fin de propiciar el distensionamiento y la recuperación de la institucionalidad''.

De la quinta línea, asegura que en la actualidad existen un total de 7 mil 890 desplazados (6 mil 592 en el municipio de Chenalhó y el resto de Tila, Ocosingo y Altamirano). Para atender el problema de las personas que abandonaron sus lugares de residencia por ``conflictos inter e intracomunitarios'', las autoridades crearon el Comité Interinstitucional de Asistencia a Desplazados, detalla.

Con la carátula El conflicto en Chiapas, balance de la estrategia gubernamental, el documento dice que la sexta vertiente busca dar cumplimiento a los convenios internacionales relacionados con los derechos indígenas y a los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Por tal motivo, el presidente Ernesto Zedillo presentó una iniciativa de reformas constitucionales al Senado en marzo del año pasado, la cual tiene alcance nacional y que ``pretende contribuir al proceso de paz en ChiapasÉ''

La última vertiente menciona las acciones dedicadas al diálogo y a la negociación política con el EZLN y las constantes visitas del jefe del Ejecutivo a la entidad, orientadas a dar certeza sobre la estrategia general del gobierno federal para la solución del conflicto.

Entre sus consideraciones políticas, opina que la suspensión de funciones de la Conai a partir del 7 de junio de 1998 dio un giro a la política de solución negociada del conflicto e hizo necesaria una mayor intervención de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) en las tareas de coadyuvancia.

``A fin de propiciar condiciones para el retorno a las negociaciones, el gobierno federal elaboró un conjunto de medidas de distensión que se han propuesto al EZLN como muestra de la disposición gubernamental a concretar una salida pacífica al conflicto.

``La propuesta gubernamental de distensión se articula en torno a los criterios de bilateralidad, progresividad y reciprocidad, en busca de un avance verdadero en las negociaciones e incluye acciones políticas, jurídicas, sociales y de tipo operativo-militar''.

El documento entregado a los diplomáticos mexicanos, para que difundan en el extranjero las acciones gubernamentales encaminadas a la solución política del conflicto, no entra al detalle de las acciones políticas y militares que podría llevar a cabo el gobierno federal en aras de reiniciar la negociación con el EZLN.