Arrestan a cinco oficiales del grupo castrense inconforme

Gustavo Castillo y Jesús Aranda Ť El director de la prisión militar, general Raúl Sánchez Azuara, ordenó ayer el arresto administrativo de cinco elementos del Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP), por infringir la Ley General de Deberes Militares y la Ley de Disciplina Militar. Sin embargo, el CPCP aseguró que se trató de una ``detención arbitraria y anticonstitucional'' de los citados oficiales, como represalia por haber participado en la infructuosa entrega de una misiva dirigida al presidente Ernesto Zedillo en la que denunciaban abusos del titular de la Defensa Nacional.

El ex capitán Alberto Enríquez del Valle aseguró que los miembros de la agrupación no se han saltado ninguna instancia, razón por la que no hay motivo alguno para su detención. Sostuvo que desde hace más de tres meses hicieron del conocimiento del titular de la Defensa las irregularidades que dieron lugar a las denuncias en contra del fuero de guerra que terminaron con el surgimiento del CPCP.

Por su parte, en entrevista, el procurador general de Justicia Militar, general Rafael Macedo de la Concha, afirmó que la institución a su cargo no ha girado ninguna orden de aprehensión en contra de los tenientes Juan Francisco Bernal Vázquez, Luis Gerardo Avila Guzmán, Gerardo Torres Ramírez, Ignacio Manzano Ramírez y Carlos Alberto Guinto López, quienes permanecerán arrestados únicamente por un período no mayor de ocho días.

Macedo explicó que de acuerdo con información del superior de los arrestados, el general Sánchez Azuara, los militares violaron la legislación castrense por ``dar mal ejemplo con sus murmuraciones estando en servicio, exteriorizando su disgusto y salvando conductos que no les corresponden''.

Estas actitudes, dijo, se castigan severamente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 42 del Ordenamiento General de Deberes Militares, y el artículo 11 de la Ley de Disciplina.

Rechazó tajantemente que la acción constituya una ``represalia'' en contra de los oficiales por haber intentado el pasado 5 de enero entregar una misiva al Presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas, en la que acusaban al secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, de ``abusar del poder que le confirió'' el Ejecutivo, al someter a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, y en particular a los militares sujetos a proceso penal, ``a una represión brutal, basado en las obsoletas y caducas leyes militares, en donde a través de la Procuraduría General de Justicia Militar, faltas leves de disciplina que son administrativas, son convertidas en delitos judiciales''.

Además, la misiva solicitaba la intervención del Ejecutivo para poner en libertad a los presos de conciencia civiles y militares.

El general Macedo insistió en que no se han girado órdenes de aprehensión, porque el Ministerio Público Militar trabaja aún en la integración y perfeccionamiento de una averiguación previa en contra de los miembros del CPCP como consecuencia de la marcha del 18 de diciembre pasado que encabezó el teniente coronel Hildegardo Bacilio Gómez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia castrense por el delito de deserción.

Antes de la entrevista con Macedo, el CPCP había denunciado ``la detención arbitraria e inconstitucional'' de los oficiales citados, cuando se presentaron por la mañana a su pase de lista cotidiano.

El escrito hacía notar ``la gravedad de estas detenciones'', ya que las leyes y reglamentos militares indican la atribución de todo militar de que si sus quejas o denuncias no son escuchadas por sus superiores, podrán acudir inclusive a exponer éstas ante el Presidente de la República.