La situación de los cinco dirigentes magisteriales de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), detenidos desde el pasado 2 de enero, y a quienes ayer se les dictó auto de formal prisión por motín, secuestro y robo, ilícitos presuntamente cometidos durante la irrupción de integrantes de esa instancia sindical en el Senado de la República, el 11 de noviembre del año pasado, ilustra la gravedad que pueden alcanzar los conflictos sociales cuando no se les atiende y encauza oportunamente desde el poder público.

En efecto, lo que empezó siendo una imposición antidemocrática -rescoldo del charrismo sindical- en la sección del SNTE que agrupa a los maestros de preprimaria y primaria del Distrito Federal, generó una fundamentada inconformidad de grandes proporciones entre los mentores capitalinos, quienes intentaron, por diversos medios, hacer valer los métodos democráticos en la integración de su Comité Ejecutivo seccional. Ante la falta de resultados, la exasperación se tradujo en una toma -ciertamente indebida e injustificada- de la casona de Xicoténcatl, en el curso de la cual se causaron algunos estropicios y se cometieron actos menores de violencia física.

Esta acción -reprobable, sin duda- dio pie a acusaciones penales del todo desproporcionadas que llevaron, a su vez, a la aprehensión, la consignación y la formal prisión de cinco dirigentes seccionales, quienes ahora enfrentan la perspectiva de juicios por delitos graves. Con ello, el conflicto sindical original alcanza proporciones de asunto de Estado, no sólo porque se añade un nuevo agravio a la inconformidad de los maestros capitalinos, sino porque se da pie a que los profesores encarcelados sean descritos como ``presos políticos'', ante la evidencia de que no actuaron con el propósito de causar un motín, de robar o de secuestrar, sino con la motivación de manifestar una inconformidad sindical precisa y de revertir los mecanismos autoritarios, antidemocráticos y verticalistas que persisten en su organización.

Es necesario, por ello, revisar la forma en que la Procuraduría General de la República integró la averiguación previa y las imputaciones formales, y encontrar una vía legal que permita -sin violentar las normas jurídicas- la excarcelación de estos cinco ciudadanos que no son -como podrían sugerirlo las acusaciones- ladrones ni secuestradores, sino profesores y luchadores sociales que, en todo caso, recurrieron a métodos torpes, equivocados y reprobables en el marco de una lucha sindical en esencia justa y legítima.

Ayer, el presidente Ernesto Zedillo abrió una perspectiva para superar el conflicto, al comprometerse, ante legisladores perredistas que se lo solicitaron, a pedir a la Secretaría de Gobernación que busque una posible salida para los encarcelados. Cabe esperar que la gestión prospere y que el problema en la sección 9 del SNTE pueda ser resuelto a la brevedad, antes de que alcance mayores dimensiones.