Pablo Gómez
Dos programas dos

En julio de 1997, el ascenso del PRD le entregó al PAN, paradójicamente, una fuerza de la que no había contado en todos los años de su existencia. Por primera vez, el PRI no iba a tener mayoría en la Cámara de Diputados, mientras el PAN, con el mismo número de legisladores que había alcanzado en la legislatura anterior, se encontraba, al fin, en condiciones de imponer su propia coalición con el gobierno.

El intento anterior había sido todo un caos: Lozano Gracia había tenido que abandonar la Procuraduría General de la República entre silbidos casi unánimes del público. Pero, ahora, la situación era más propicia ya que la gran convergencia tenía que darse en el Congreso, con la consecuente posibilidad de presentarla como si se tratara de una verdadera negociación política en beneficio de la democracia.

Después del pacto de las oposiciones a la hora de instalar la legislatura, cuando el PRI no tuvo más remedio que hacer el ridículo antes de admitir su carácter minoritario, y de las incipientes reformas parlamentarias, el PAN obtuvo del gobierno 6 mil millones de pesos para un nuevo fondo presupuestal destinado a los municipios. Hasta aquí llegó entonces la gran convergencia, la ``compartición del poder'', la colaboración entre los viejos adversarios, por lo demás innecesaria ya que eso mismo y mucho más se hubiera alcanzado con un acuerdo entre el PAN y el PRD en materia presupuestal, tal como estaba ya convenido en principio entre ambos partidos.

Desde finales de 1997, toda la política del PAN se encaminó a lograr su deslinde con el PRD y avanzar en su acercamiento con el Presidente de la República. La carta fundamental de toda la partida fue el Fobaproa: Acción Nacional no podía desechar lo que Zedillo había hecho a hurtadillas al poner en la cuenta de las agotadas finanzas públicas nacionales la quiebra del sistema bancario privado de México. Por más que el PAN buscó veredas que lo condujeran a un esquema diferente de solución de los quebrantos de la banca, siempre se impuso la ``responsabilidad'', es decir, la supeditación a los intereses de unos banqueros incapaces de construir un sano sistema de intermediación financiera.

El Fobaproa fue aprobado en los términos deseados por el presidente Zedillo, después de largas conversaciones en las que no había el menor espacio para las propuestas del PRD tendientes a drenar la quiebra de los bancos dentro del mismo sistema financiero y sin que el gasto público asumiera casi toda la carga del desastre bancario.

Sin el PAN, el Presidente hubiera fracasado en su política de usar los ingresos nacionales como medio de protección de las pérdidas privadas. Los panistas entendieron la dimensión del problema cuando el PRD lanzó la gran campaña de denuncia del Fobaproa y de consulta nacional. La politización de la quiebra de los bancos, la publicidad de las operaciones ilegales o ilegítimas, las grandes cantidades ya pagadas por la Tesorería de la Federación y el compromiso del poder de seguir pagando, unió al gobierno y al PAN, más que ningún otro factor de carácter económico o de estrategia financiera. En el fondo, la convergencia del gobierno y Acción Nacional se definió en el terreno de los intereses que cada quien defiende, los cuales, en esencia, son exactamente los mismos.

La coalición legislativa se produjo bajo la negativa del PAN a admitirla a las claras. Pero el voto inequívoco de la bancada de Acción Nacional no dejó lugar de dudas mayores: nadie coincide tanto y en asunto tan importante para al día siguiente hacerse el disimulado y olvidarlo todo. La Ley de Ingresos, la miscelánea fiscal y el presupuesto salieron, a jalones, con la misma mayoría que había sellado su unión en el asunto del Fobaproa. Cuando el PRI, el 29 de diciembre, propuso al PRD dejar salir de la Comisión de Hacienda de la Cámara el dictamen sobre el impuesto telefónico, para ser votado directamente en el pleno, a cambio de autorizar el financiamiento del Distrito Federal y mantener a éste dentro del fondo 4 de Desarrollo Municipal, nadie creyó que en verdad se iba a romper la coalición legislativa, sino que el Presidente necesitaba 24 horas para hacer una nueva propuesta de ajuste en los ingresos. El chantaje también corrió por cuenta del PAN, cuando por la noche de ese mismo día propuso al PRD la suscripción de un dictamen de ingresos, sin el impuesto telefónico, a cambio del financiamiento del presupuesto de la ciudad de México.

Siempre fue conocido que el PRD no iba a votar en favor del impuesto telefónico. Lo que no se sabía era qué tanto resistiría el PAN la presión del gobierno. En la madrugada del día 30 las cosas ya estaban claras: no habría impuesto al servicio de telefonía pero se crearían nuevos gravámenes y se aumentaría el precio del diesel: el PAN aceptó de inmediato tan ``generosa'' propuesta, pues no podía resistir más la presión psicológica de que por su culpa pudiera no haber dictamen de Ley de Ingresos y mucho menos de Presupuesto federal o, mejor dicho, de que las propuestas del PRD se convirtieran en elementos de negociación práctica.

La coalición legislativa entre el PRI y el PAN sería llevada al nivel de gobierno si viviéramos un régimen parlamentario. Pero en las condiciones actuales y bajo el desprestigio que impone juntarse con el PRI cuando se está en la oposición, toda convergencia con el poder tiende a ser vergonzante, pero no por ello menos real. El PAN ha sellado con su voto toda la política económica del Presidente y, por tanto, es responsable de la totalidad de las consecuencias. Ya no hay tres programas en México; solamente existen dos. Este es un hecho político que probablemente no es nuevo, pero ahora ha quedado mucho más claro.