Confirman detención de otro de los autores de la matanza de Sak Javel y de dos relacionados con el caso de Acteal

Juan Balboa, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 8 de enero Ť El centroamericano David Corrales Aguilar fue detenido hoy por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como uno de los autores materiales del asesinato múltiple en la comunidad de Sak Javel, del municipio de Ocosingo.

La PGJE detuvo a tres guardias blancas y un finquero por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro indígenas -entre ellos una mujer embarazada y una niña- en el rancho Sak Javel, en el municipio de Ocosingo, el más importante de la zona de conflicto.

Las autoridades judiciales confirmaron hoy la detención de David Corrales, Enrique Tello, Ramiro Ruiz y el encargado del rancho donde trabajaban las víctimas, Carlos Espinosa, acusados de homicidio calificado y lesiones.

Tanto víctimas como victimarios trabajaban para Ramiro Ruiz, que en estado de ebriedad ordenó que asesinaran a los indígenas, porque desde el pasado 22 de diciembre se le perdieron en su rancho dos armas largas, un rifle calibre 22 y una escopeta hechiza, informó el procurador general de Justicia, Eduardo Montoya Liévano.

Con la detención de David Corrales, las autoridades judiciales aseguraron que se dio ``cabal cumplimiento'' a las investigaciones de los presuntos responsables de los hechos. El proceso penal estará a cargo del poder Judicial.

Juan Balboa, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 8 de enero Ť Dos ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) -un oficial policiaco y un agente del Ministerio Público- fueron detenidos por miembros de la Procuraduría General de la República (PGR) por su posible participación en la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

La Fiscalía Especial de la PGR para el caso Acteal confirmó este mediodía que en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el Juzgado Segundo de Distrito en Chiapas, fueron detenidos el pasado jueves el ex oficial de la Coordinación de Seguridad Pública local, Absalón Gordillo Díaz, y el ex agente del Ministerio Público de la PGJE, Roberto Arcos Jiménez.

Los dos ex funcionarios del gobierno interino de Julio César Ruiz Ferro se suman a las cien detenciones que la PGR ha realizado en los últimos 13 meses por el caso de la masacre de Acteal.

La PGR informó que Absalón Gordillo Díaz fungió durante tres meses como jefe de sector en la comunidad de Majomut, en el municipio de Chenalhó, y tenía bajo su mando unos 300 agentes de la Policía de Seguridad Pública del Estado (PSPE). Según fuentes de la propia procuraduría, Gordillo Díaz ordenó a policías evitar decomisar armas a los grupos civiles que operan en el municipio de Chenalhó, en la región de los Altos de Chiapas.

Del ex funcionario de la PGJE, Roberto Arcos Jiménez, la PGR aseguró que no realizó los deberes de justicia que le imponían las averiguaciones previas contra los civiles armados, ``tolerando con ello esa situación ilícita''.

Sobre la vigilancia de comunidades de Chenalhó destacan las poblaciones indígenas de Miguel Utrilla, Los Chorros, Poconichim, Colonia Puebla, Chimix, Canolal, Joveltic, Yashjemel, Yabteclum, Pechiquil y Majomut.

Asimismo, la PGR señala que en la comunidad de Majomut -ubicada a unos 500 metros de la cabecera del gobierno autónomo zapatista de Polhó- hay un mina de arena, ``cuya propiedad se disputan desde 1996 grupos enfrentados de la región; simpatizantes del ayuntamiento formal de Chenalhó y el Concejo Autónomo de Polhó''.

La Fiscalía Especial de la PGR indica que en diciembre de 1997 las bases de la PSPE se encontraban en Majomut, que estaba instalado a unos cuatro kilómetros de distancia de la comunidad de Acteal.

Informó que Absalón Gordillo Díaz es responsable de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y portación de arma de fuego sin licencia, además de que cuando se desempeñaba como oficial de la policía del estado ``giró instrucciones a sus subordinados para no asegurar armas de fuego que flagrantemente tenían en posesión grupos civiles en Chenalhó''. Los dos ex servidores públicos se encuentran ya en el penal de Cerro Hueco.

El Juzgado Segundo de Distrito sentenció en días pasados a cinco ex integrantes de la PSPE -implicados en la masacre de Acteal- a 3 años y 9 meses de prisión por los delitos de transportación y portación de armas de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de México.

El pasado 14 de diciembre, la Contraloría del gobierno de Chiapas inhabilitó por 6, 8 y 10 años a 11 ex funcionarios del gobierno interino de Julio César Ruiz Ferro, y a 3 más los absolvió de responsabilidad administrativa para dar cumplimiento a los resolutivos tercero y séptimo de la recomendación 01/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.