Como se recordará, el gobierno iraquí había denunciado en su oportunidad que el jefe de la misión de inspectores de las Naciones Unidas, Richard Butler, espiaba en favor de Estados Unidos y de Israel. Poco después, los medios informativos y, oficiosamente, varios gobiernos europeos, confirmaron esa posición de Bagdad y agregaron que Butler no sólo había magnificado y deformado los incidentes menores que habían enfrentado a la Unscom con las autoridades de Irak sino que, también, había hecho llegar directamente su informe al presidente Clinton antes que al secretario general de la ONU, con el objetivo de dar una ``justificación'' a un ataque ya preparado desde hacía tiempo.

La prensa de Estados Unidos confirmó después que al menos Butler, pero también otro u otros integrantes de la misión mencionada, espiaban para Washington y lo hacían, además, en colaboración con Israel. Ahora, el mismo Butler afirma en El Cairo que la Unscom había intentado vigilar las telecomunicaciones en Bagdad y que su antecesor en el cargo ya rastreaba información mediante equipos electrónicos.

Los bombardeos que, según Estados Unidos, causaron más de mil 600 muertos iraquíes y cuantiosas destrucciones carecieron, por lo tanto, de toda justificación, además de resultar violatorios de la legalidad internacional.

Al ordenar el bombardeo contra Irak, el gobierno de Estados Unidos se enfrentó a la inmensa mayoría de los países que conforman la ONU y a los demás miembros del Consejo de Seguridad, salvo Gran Bretaña, su aliada tradicional, y violó el derecho internacional -acción en sí misma inaceptable- por motivos estrictamente internos (el juicio político que se le sigue al presidente Clinton), pues a la luz de las revelaciones sobre las actividades de varios integrantes de la Unscom en Bagdad, no existía razón para los ataques.

Utilizar un órgano de las Naciones Unidas para realizar actividades de espionaje y para legitimar un bombardeo que dejó centenares de víctimas representa una afrenta al derecho internacional, una grave vulneración de la credibilidad y la imparcialidad de la ONU y una burla a la comunidad de naciones. Para los dirigentes de Estados Unidos, sin embargo, tal parece que sólo cuentan las mentiras de Clinton en el affaire Lewinsky, pero no los agravios de Butler y de la Casa Blanca en contra de la ONU.

El cinismo implícito en este comportamiento debería suscitar, por un lado, un replanteamiento de las labores de inspección y vigilancia realizadas por organismos de la ONU y, por el otro, una protesta de todos los demás países, pues no puede tolerarse que, impunemente, se instaure la ley de la selva y, peor aún, se utilice la cobertura de Naciones Unidas para cometer actos de terrorismo y de barbarie.