El gasto social, en su nivel más bajo desde 1992, según estudio legislativo

Mireya Cuéllar Ť El gasto social de este año representa 7.8 del producto interno bruto (PIB), la proporción más baja desde 1992, según un estudio de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, donde se puede encontrar que las cifras gubernamentales sobre un crecimiento global por arriba de la economía son ``engañosas'' porque incluyen el costo de la reforma a la Ley del Seguro Social ``que no constituye un beneficio social, sino que sirvió para beneficiar a los patrones''.

Para este año se ejercerán 413 mil 963.9 millones de pesos en gasto social, lo que representa 8.9 por ciento del PIB -cifra que incluye el costo de la reforma-, cuando en 1994 dicho gasto representó 9.1 por ciento, es decir ``tenemos cuatro años en que no se ha podido lograr la recuperación presupuestaria''.

Si a la cifra se le descuenta el costo de la reforma, estimada en 53 mil 558.9 millones de pesos, representa tan sólo 7.8 por ciento del PIB.

Así, el gasto social representará 51.5 por ciento del gasto programable, proporción más baja que al inicio del sexenio -que era de 53 por ciento, y que 51.7 por ciento de 1993.

La Comisión de Desarrollo Social -que preside la perredista Clara Brugada- dice que debe descontarse el costo de la reforma al gasto social, pues con la anterior ley las empresas contribuían con 76 por ciento de las aportaciones a la seguridad social, y ahora paran únicamente en 52 por ciento: 24 puntos porcentuales menos, mientras que los trabajadores entregaban 20 por ciento y ahora aportan 9 por ciento, 11 puntos menos.

``El gran pagador es ahora el gobierno, pues con la ley anterior sólo pagaba 4 por ciento y ahora participa con 39 por ciento del costo de las aportaciones a la seguridad social. Más que un aumento del gasto social, se trata aquí de un nuevo programa de rescate financiero con costos altísimos para el erario público''.

De hecho, dice el análisis de la diputada Brugada, ``se trata de un nuevo subsidio, específicamente dirigido a los empresarios, lo cual en tiempo de austeridad y desaparición de subsidios, como el de la tortilla es, cuando menos, preocupante''.

Crecen de forma acelerada pobreza y carencias sociales

El documento cuestiona también la disminución en el gasto productivo del gobierno, porque modifica la estructura del gasto publico y deja en manos del sector privado esa responsabilidad. El año pasado el gasto para funciones productivas fue de 31.2 por ciento y este año será de 28.5 por ciento.

Con ello, el gobierno deja de convertirse en motor, a través del gasto publico, del desarrollo rural e industrial del país en las zonas más pobres. A esos lugares la iniciativa privada no llega para crear fuentes de empleo, dice.

Señala el análisis, esa situación ha generado una paradoja: desde 1992 el gasto social crece en proporción del gasto programable y representa más de 50 por ciento, pero al mismo tiempo la pobreza y las carencias sociales aumentan en forma acelerada.

Se observa también que en el discurso del gobierno se afirma que el gasto social tiene la más alta prioridad, pues en términos reales, crece 3.2 por ciento respecto a lo ejercido en 1998, pero el ramo 29 (Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero), crece en conjunto 25 por ciento y lo destinado a Fobaproa 243 por ciento, ``situación que resulta totalmente elocuente de sus prioridades y compromisos''.

La política en la materia para este año, apunta, está diseñada para que el gobierno atienda exclusivamente a los mexicanos en extrema pobreza, eliminando ``de un plumazo'' sus responsabilidades con los ``pobres moderados''.

Se atenderá a un número menor

de necesitados

Esto significa que mientras en otros años la política social estuvo encaminada a la atención de 70 millones de pobres del país, este año se circunscribirá a 26 millones, los de extrema pobreza, ``una cómoda disminución de 62 por ciento''.

De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares de 1996, 70 millones de personas, o sea 14 millones de familias, percibían un ingreso familiar inferior a los dos salarios mínimos. De acuerdo con el Instituto Nacional de la Nutrición, con ese ingreso no es posible acceder siquiera a una canasta básica y el Progresa establece en sus parámetros que una familia con ingresos menores a los 26.7 pesos al día se puede considerar pobre, refiere el documento.

Por lo tanto, la pobreza afecta cuando menos a 70 millones de mexicanos y los programas de pobreza del gobierno sólo están diseñados para atender a 26 millones, a partir de una estrategia tendiente a ``focalizar'' el gasto social en las zonas rurales con un modelo asistencialista.

``Borrar de un plumazo a 44 millones de personas que viven en situación de `pobreza moderada' es totalmente inapropiado, desde el punto de vista ético, político, social y hasta financiero'', dice el documento, que advierte incluso que del lenguaje oficial se ha borrado el termino `pobreza' para hablar siempre de `pobreza extrema'.''