Además de los ya casi habituales recortes presupuestales generales, ahora tenemos los selectivos. Los blancos de estas medidas no pueden menos que mover a preocupación.

Uno, muy reciente, es el que afecta al Distrito Federal. Aunque se usan diversos pretextos, éstos son específicos para una medida, sobre todo para haber reducido al mínimo la autorización de endeudamiento del Distrito Federal, después de que el gobierno federal lo endeudó y condenó a pagar un servicio de la deuda para el cual ahora le niega recursos. Pero estos pretextos, que se ven desmentidos por diversas informaciones publicadas en estas páginas en el sentido de que sí se habían cumplido todos los requisitos para obtener esa autorización, de plano se muestran como tales si vemos el otro recorte, el que deja al Distrito Federal fuera, por primera vez, de las participaciones federales a estados y municipios.

Es público que estas medidas no estaban previstas antes de que se decidiera castigar al DF y al gobierno que eligió. Pero en estas mismas páginas también hemos seguido viendo las secuelas de otro recorte, el del presupuesto del Instituto Federal Electoral, mayor en porcentaje que el sufrido por cualquier otra entidad federal. Es también público que este trato agresivo contra el IFE se inició con el retiro del PRI del organismo, siguió con una campaña pública contra este instituto y culminó con el citado recorte presupuestal.

¿Qué significa que estas medidas se estén aplicando al principio del año en el que se deberán definir los candidatos presidenciales para las elecciones del año 2000? Si lo antes dicho son hechos, a partir de este punto se abren varias posibles interpretaciones.

Tal vez la más preocupante de esas interpretaciones sería la de la intención de ganar las elecciones del 2000 fuera de las urnas. Se trataría de restar autonomía al IFE y de desacreditar a opositores presentándolos como incapaces de gobernar. En este último caso, no se trata sólo de la posibilidad de dejar recursos insuficientes en el Distrito Federal, sino también la posibilidad de que, si finalmente se acepta dejar disponibles esos recursos o parte de ellos, se haga con un retraso tal que sea difícil ejercer los recursos adecuadamente en el año 1999.

Si esta última interpretación fuera la correcta, dudo que tenga muchas posibilidades de imponerse. Es muy difícil revertir un proceso que ha calado tan hondo. De hecho, la resistencia sería tal que sólo una especie de golpe de Estado podría imponer, y no por mucho tiempo, semejante salida. Creo que lo razonable es que se dejen de lado los intentos de volver hacia atrás y revertir las conquistas en materia electoral, y de descalificar y pretender aplastar a quien discrepa, y se emprenda una vía más política de procesamiento de los problemas e incluso de las diferencias políticas que hay.