``Vaya si conozco las protestas de los maestros'', dice el presidente Ernesto Zedillo, quien fue secretario de Educación casi tres años. Luego promete ``ver qué se puede hacer'' en el caso de los cinco maestros presos en el Reclusorio Norte,

Ante diputados del PRD que le plantean el asunto durante la visita de cortesía de los legisladores -el jueves 7-, el presidente Zedillo subraya su estilo de gobernar que le impide intervenir en un asunto del Poder Judicial. Les dice, por ejemplo, que él se enteró de la elección de Genaro Góngora Pimentel como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ya era un hecho consumado.

En los asuntos del Poder Judicial -habría dicho el presidente- ``yo estoy como el chinito, nomás milando''.

Parece que no.

La instrucción de demostrar ``dureza'' en el caso de los maestros -corren las versiones en el Senado, el SNTE y el PRD- salió de la Secretaría de Gobernación. Pero el arreglo del ``embrollo'' -como le llamó Zedillo- podría venir de la propia Cámara alta.

El senador Ernesto Navarro llega a la sesión inaugural del Consejo Nacional perredista -el viernes 8- con una oferta bajo el brazo, a fin de presentarla a Andrés Manuel López Obrador, a quien las diversas corrientes disidentes del sindicato magisterial han erigido en una suerte de mediador.

La ruta legal no parece clara, pero María de los Angeles Moreno plantea la necesidad de hablar con el líder del PRD. Un día antes, la líder del Senado había expresado a legisladores perredistas: ``De veras no queremos que se queden (en la cárcel) meses ni años, queremos contribuir a que salgan''.

El camino podría ser que se diera curso a la apelación del auto de formal prisión presentado por la defensa, ruta que de cualquier modo consumiría varias semanas.

De no haber luces, las movilizaciones magisteriales podrían crecer, pues ya se ha convocado a un paro el próximo miércoles 13.

Y es que entre los efectos de la acción de fuerza derivada de la denuncia de los senadores estuvo el milagro de unificar a los distintos grupos disidentes del SNTE, en los cuales son mayoría los conocidos ultras, quienes -por decir lo menos- consideran al PRD una fuerza ``reformista''.

Cuatro maestros habían sido aprehendidos el primero de enero, todos al salir de sus domicilios. La quinta fue detenida el 3 de enero. A los profesores les dictan auto de formal prisión el jueves 7. Motín, robo y secuestro son los cargos que merecen penas de 10 a 50 años. Como El Mochaorejas.

La lucha por la libertad de los que ya llaman ``presos políticos'' se podría empatar con las tradicionales movilizaciones en pos del aumento salarial.

El conflicto y los terminos

La recapitulación necesaria.

En julio del año pasado, la sección 9 del SNTE -que agrupa a los maestros de educación preescolar y primaria en el DF- cambia de dirigentes. Desde 1989, cuando cayó Carlos Jonguitud, en la 9 manda la disidencia magisterial. Esta vez, sin embargo, un grupo de seguidores de la senadora Elba Esther Gordillo logra llegar con algunos delegados al congreso.

Según los estatutos del gremio, de llevar 15% de delegados, una corriente tiene derecho a unas cuantas carteras en el Comité Ejecutivo seccional. Los institucionales, como se llama a la corriente oficialista (priísta, pues), exige puestos, pues -argumenta- supera ese porcentaje. Empleando la misma medicina de la dirección nacional del SNTE en otras entidades, los disidentes se niegan a ``otorgar espacios'' a los institucionales. No sin jaloneos que duran varios días, los profesores de la 9 eligen a su nueva dirección, con Blanca Luna como secretaria general.

La dirección nacional del SNTE, que encabeza Tomás Vázquez Vigil, acepta a regañadientes al nuevo comité, aunque antes presenta una denuncia por el presunto secuestro de ocho de sus integrantes durante el congreso de la 9.

El conflicto sube de tono conforme transcurren los meses. En los hechos, el Comité Nacional del SNTE no reconoce a la dirección seccional: le retiene las cuotas sindicales y realiza toda la gestoría que a éste le corresponde.

Cuenta con un aliado a modo: Benjamín González Roaro, subsecretario de Servicios Educativos del DF, quien ocupa ese cargo gracias a su cercanía con la senadora Elba Esther Gordillo, de quien fue asesor y empleado. Desde la subsecretaría, González Roaro -según denuncia de los profesores de la 9- promueve a la corriente institucional, les retiene pagos y los hostiga con sanciones administrativas.

Durante el segundo semestre del año pasado, funcionarios del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas siguen con preocupación el asunto: ``Querían y quieren pegarle al ingeniero con un conflicto magisterial de grandes proporciones'', dice uno de ellos.

El DF es la única entidad a la cual no se ha transferido la infraestructura educativa, toda vez que un artículo transitorio de la Ley General de Educación -emitido en 1993- establece que ``el proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación... se llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical''.

La fecha está en veremos. Y el empecinamiento de la dirección nacional del SNTE en escalar un conflicto intersindical que pudo haberse resuelto hace seis meses obliga a preguntar: ¿en qué términos quiere el SNTE que el gobierno capitalino reciba los servicios educativos?

El misterio de don Belisario

La Cámara alta agraviada. La turba magisterial retuvo a senadores, destruyó escaños, puertas y -peor todavía- se robó el célebre discurso de Belisario Domínguez que se exhibía en una urna de cristal. La torpeza de algunos dirigentes magisteriales rebota en prensa, radio y televisión.

Más tarde se aclara que no se trata del original, sino de una copia facsimilar. El 16 de noviembre, casi una semana después de la toma, el funcionario del Senado Javier Romo Michaud denuncia que el documento fue robado. Dos días después él mismo entrega una relación de los objetos que desaparecieron del recinto, pero no incluye el discurso.

Paradojas. Unos meses atrás, la senadora Gordillo es la oradora en el acto de entrega post mortem de la medalla Belisario Domínguez al panista José Angel Conchello.

Unas semanas después se produjo la invasión magisterial al recinto donde Gordillo pronunció su discurso. Los maestros que demandan a la senadora sacar las manos del SNTE se roban, según el Senado, el discurso de Belisario Domínguez. En los medios este es el hecho que -después de la retención de los legisladores- más se condena.

¿Se robaron el discurso de Belisario Domínguez?

Quizá fue peor. Porque el 24 de noviembre el oficial mayor del Senado, Jorge Mendoza Alvarez, declara: ``Igualmente arrancaron el teléfono del Salón de Sesiones y se llevaron el manifiesto de don Belisario Domínguez, que en copia fotostática se exhibía en una urna ubicada en el Salón de Vitrales, documento que se encontró después destruido en un baño del edificio''.

Es decir, no se lo robaron, sino que lo destruyeron y lo tiraron en el baño.

Expedientes, contradicciones y videos

El 11 de noviembre unos 200 profesores invaden la oficina de la presidenta de la Gran Comisión del Senado de la República, María de los Angeles Moreno, y permanecen allí hasta las cinco de la mañana.

Horas después de que el último maestro abandona el recinto de Xicoténcatl, el director de Asuntos Jurídicos del Senado, Javier Romo Michaud, presenta ante la PGR una denuncia por los hechos y se inicia la averiguación previa 7585/DAEMJ/98 que, 26 días y 600 fojas después, se consigna ante el juzgado primero de distrito.

En el documento abundan las irregularidades:

La madrugada del 12 de noviembre los senadores Héctor Sánchez y Manuel Medellín salen del recinto para acompañar a una comisión que negociaría con la dirigencia del SNTE en el hotel Fontane.

En su denuncia, Romo Michaud omite mencionar este detalle.

Un día después dos peritos de la PGR se presentaron al recinto y se encontraron con que la manguera del oxígeno instalada en el escaño del panista Norberto Corella estaba desprendida; que un cuadro de Benito Juárez estaba fuera de su lugar, que faltaban dos ceniceros, y a una silla se le había roto una pata, entre otros daños.

Reparar los estropicios, concluyeron, costaría 36 mil pesos.

Los peritos Roberto Barrios Mendoza y Olinka Tello Gómez reconocen: ``para poder normar nuestro criterio al respecto, tomamos como base haber tenido a la vista los daños''. Es decir, dieron por sentado que los causaron los maestros.

Para identificar a los profesores se utilizaron siete videocintas con imágenes de los hechos, además de 25 fotografías. Televisión Azteca entregó un video, Televisa otro, la Dirección de Comunicación Social del Senado uno más, el director jurídico otro y del resto se desconoce el origen, al igual que las fotos.

Los videos, por cierto, están editados.

Cinco de los guardias de seguridad del Senado describen a Blanca Luna Becerril como una mujer robusta, que mide 1.68, cabello quebrado y tez morena. Otras personas, como el director de atención ciudadana, Héctor Ibarra Chávez (quien declaró haber hablado con la profesora), dicen que la secretaria general es ``delgada, de tez blanca, lentes y de pelo castaño claro que le llega al hombro''.

Las contradicciones siguen.

Al menos tres guardias afirman que cuando los maestros se metieron a la oficina de María de los Angeles Moreno (a las seis de la tarde), el senador Eduardo Andrade ya estaba allí junto con Sami David David, Héctor Sánchez, Manuel Medellín, Laura Pavón y María Guadalupe López.

No hubo tal. Según su propia declaración, Eduardo Andrade llegó hasta la medianoche, Manuel Medellín a las 18:45 y Héctor Sánchez a las siete.

El senador Medellín denunció por escrito que los maestros lo mantuvieron secuestrado. Párrafos más adelante, declara: ``...hasta cerca de la 1:30 de la madrugada del día siguiente, que salí para llevar una comisión de los invasores a dialogar con miembros del Comité Nacional del SNTE, se nos estuvo bloqueando el acceso de un área a otra e impidiendo totalmente la salida del recinto... Aproximadamente a las 2 de la mañana regresamos al Senado...''

De hecho, la denuncia penal indica que los maestros no permitieron entrar o salir a empleados y senadores. Pero el guardia Salvador Montes Domínguez ingresó al recinto a las 9 de la noche, y a la 1:30 el director de Planeación, Juan Carlos Abella, se retiró sin mayor problema.

Más. El 3 de diciembre se emitieron citatorios para Néstor Trujano, Nohemí Rossete Díaz, Elio Bejarano, María del Refugio Jiménez, María Concepción Báez, Blanca Luna, Gonzalo Martínez y Alonso Raúl Vargas. Sólo los tres primeros lo recibieron.

Cuando no tiene caso

Sonriente, el secretario del juzgado primero de distrito, Pedro Cruz Ramírez, decide acelerar la audiencia. ``No tiene caso seguir leyendo'', dice a los cuatro maestros que escuchan los cargos que los tienen en el Reclusorio Norte.

``En términos generales todos los que acusan dicen lo mismo: que ustedes se amotinaron y como dirigentes azuzaron a la gente, formaron una valla y los privaron de su libertad''.

Es el sábado dos de enero. Un día antes, sin mostrarles orden de aprehensión, Blanca Luna Becerril, Néstor Trujano Molina, Alonso Raúl Vargas Vallejo y Elio Bejarano Martínez son detenidos por agentes de la Policía Judicial Federal. Directo al Reclusorio.

El clásico sabadazo.

Un día después cae María del Refugio Jiménez Floreano.

La Procuraduría General de la República los acusa de motín, robo y secuestro, cometidos durante la toma de la Cámara de Senadores.

La averiguación previa se integra con celeridad, tiene varias contradicciones y carece de imputaciones directas hacia los detenidos. Uno de los presuntos secuestrados, el senador perredista Héctor Sánchez, declara que nunca se le privó de su libertad.

Elementos como ese no son considerados por la juez en funciones, María del Socorro Medina Jaimes. El jueves 7 decreta formal prisión a los profesores.

``Es un exceso'', dice Héctor Sánchez. ``Si esa va a ser la vara con que el gobierno va a medir todos los movimientos sociales, vamos rumbo al fascismo''.

En medio de la tormenta y tras la primera marcha magisterial por la liberación de los detenidos, la dirección nacional del SNTE responde a un desplegado de otros sindicatos que apoyan a los presos. Ahí acusa a los disidentes de intolerantes y sectarios, además de rechazar las afirmaciones ``falaces e impropias''.

Luego recuerda que ``fue el SNTE, con el SME y la COR, la organización que en febrero de 1995 llamó a construir el foro El Sindicalismo ante la Nación como un espacio inédito para la convergencia, la reflexión colectiva y el diseño de estrategias imaginativas y viables para enfrentar la crisis y sacar a las organizaciones de trabajadores del pasmo y la parálisis''.

En el manifiesto no se dice, sin embargo, que fue el mismo SNTE el que descarriló el camino de la unidad surgida del foro, ni tampoco que las ``estrategias imaginativas'' incluyen el regreso a los tiempos en que el gremio intervenía directamente en apoyo a las campañas electorales del PRI (ver, como botón de muestra, el reportaje sobre Nayarit, el cual menciona que el líder moral del magisterio creó 2 mil comités para entrar al juego electoral).

Justicia a secas

Dicen que el discurso le costó caer de la gracia del presidente Zedillo.

Lo cierto es que antes de citar a Belisario Domínguez, la senadora Elba Esther Gordillo fue ruda con los gobiernos de su partido: ``En términos de justicia, de justicia social, de justicia a secas, falta mucho, mucho por hacer...''

Por lo pronto, los maestros que se oponen a la legisladora ya comprobaron lo que significa la ``justicia a secas''.

Según la PGR:

Dos ceniceros.

Un teléfono.

La copia fotostática del discurso de Belisario Domínguez.

Las llaves de los baños de los senadores.

Las molduras de dos escaños.

La quincena de un guardia (mil 700 pesos), así como su licencia, credencial de elector y tarjeta de crédito.

Aldo y Zianya, de tres y cinco años, comienzan a llorar y gritan: ``¿Quiénes son? ¿A dónde llevan a mi mamá?''

El padre, Martín López, trata de interponerse entre los cuatro hombres armados que arrestan a su esposa. El que parece el jefe lo para en seco: ``Aquí yo doy las órdenes''.

Blanca Luna Becerril es subida al auto compacto, en medio de dos agentes. Son las 11 de la mañana del primer día de 1999. ``Hasta que llegué me di cuenta que era el Reclusorio Norte'', cuenta la secretaria general de la sección 9 del SNTE detrás de la rejilla.

A las cuatro de la tarde, la profesora Luna pudo al fin avisar en dónde se encontraba, pues sus familiares y otros maestros la buscaban por el rumbo de Xochimilco, donde fue aprehendida.

Para ese momento otros tres profesores ya habían sido aprehendidos: en Xochimilco, Néstor salía de su casa cuando lo rodearon cuatro policías. No se resistió, pero los agentes tardaron en arrancar, porque su esposa trató de subirse al vehículo a como diera lugar.

Alonso fue detenido cuando salió de su departamento a comprar refrescos. Elio salió a hablar por teléfono, porque se enteró que la secretaria general había sido capturada.

La alerta surtió efecto en otros casos: Nohemí Rossete, Patricia Salcedo y Gonzalo Martínez Villagrán -contra quienes también existen órdenes de aprehensión- lograron evadir a los federales.

Blanca Luna, de 30 años, nunca había querido entrar de lleno a las tareas sindicales. ``Cuando crezcan los niños'', decía.

Al fin la animaron. Integrante de la corriente reformista en la sección 9, llegó a la secretaría general tras un complicado proceso de elección lleno de candados. Hasta entonces su participación sindical se había limitado a la secretaría general de una zona escolar y delegada a algunos congresos.

Antes del congreso donde resultó electa, Blanca Luna trabajaba en una escuela del rumbo de Tláhuac, en un programa llamado 9-14, mediante el cual se atiende a niños trabajadores con un desempeño escolar irregular. ``Son niños que cuidan a sus hermanitos, venden chicles, lavan coches, y todos de hogares con problemas'', dice.

Sus compañeros dicen que fue una ``excelente estudiante'' en la escuela normal, donde gustaba de practicar la danza regional.

Hace un año, la profesora comenzó a trabajar doble plaza, con los que sus percepciones se elevaron a seis mil pesos mensuales.

En noviembre pasado, Blanca Luna acudió al senado junto con varios centenares de maestros: ``Queríamos pedir la intervención de la senadora Elba Esther, pues ella sigue manejando la vida política del sindicato'', dijo poco después a Masiosare.

Por entonces repitió una y otra vez que la sección 9 ofrecía ``una disculpa pública a los senadores que se hayan sentido agraviados''.

No fue suficiente. Esta semana se le dictó auto de formal prisión, con otros cuatro de sus compañeros, por los delitos de motín, robo y secuestro. La pena que podría alcanzar es de 50 años de prisión.

Por lo pronto ya no pudo bautizar a su hijo Aldo. La fiesta iba a ser el 2 de enero.