Las conversaciones de San Vicente del Caguán entre el presidente colombiano, Andrés Pastrana, integrantes de su equipo de gobierno y representantes del Congreso, con la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ocurren con el telón de fondo de una sangrienta ofensiva de grupos paramilitares de extrema derecha. Desde la víspera del encuentro entre Pastrana y los líderes guerrilleros, el jueves pasado, hasta ayer, el saldo de esta ofensiva era de casi un centenar de muertos.

El episodio más lamentable e indignante de esta guerra sucia tuvo lugar anteayer por la tarde, en la población de Playón de Orozco, en Magdalena, donde los escuadrones de la muerte sacaron de la iglesia local a cuando menos 21 personas -podrían ser 30, y entre ellas había varios niños- y las ejecutaron a la vista de otros pobladores y del párroco local.

Salvando las diferencias, este suceso evoca, de manera inevitable, el recuerdo de Acteal, Chiapas, en donde hace poco más de un año un grupo paramilitar exterminó a 45 refugiados cuando se encontraban orando en la capilla del caserío.

En el caso colombiano resulta evidente que el propósito de esta escalada criminal es impedir que las conversaciones en curso entre el gobierno y la insurgencia abran la perspectiva de un proceso pacificador en el país sudamericano. Resulta medianamente claro, también, que los grupos paramilitares necesitan mantener la violencia como una condición de vida nacional, porque sin ella pierden toda posibilidad de seguir existiendo. Por ello, el fin de las hostilidades y la conducción de los conflictos armados hacia el terreno de la política sería, para los escuadrones de exterminio y las guardias blancas -organizados, según todos los indicios disponibles, por sectores del propio ejército y de la oligarquía colombiana, y vinculados, esos sí, a los sicariatos del narcotráfico- un escenario indeseable.

Aunque los grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que encabeza Carlos Castaño, responsables de las recientes masacres, aspiran a presentarse ante la opinión pública como organizaciones políticas y reclaman de las autoridades un trato similar al que se otorga a las FARC, no hay, entre los escuadrones de la muerte, más programa político que mantener a toda costa los lacerantes privilegios oligárquicos y la corrupción del aparato estatal, lo cual les otorga el necesario margen de maniobra para armarse, operar y asegurar su impunidad.

Neutralizar y desarticular estos grupos asesinos es una medida gubernamental indispensable, no sólo para avanzar en el proceso pacificador, sino incluso para preservar la viabilidad del Estado colombiano.