Acción penal contra militares disidentes

Jesús Aranda Ť La justicia militar ejerció acción penal contra el líder del Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP), teniente coronel Hildegardo Bacilio Gómez -actualmente prófugo--, y cinco tenientes que acudieron la semana pasada a la residencia oficial de Los Pinos y a Palacio Nacional para entregar una carta dirigida al Presidente de la República, en la que denunciaban abusos del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre.

Los oficiales se encontraban bajo ``arresto administrativo'' desde el pasado jueves. El CPCP dijo que la acción ``refleja los abusos de autoridad'' que cometen constantemente altos funcionarios del Ejército.

Los delitos por los que fueron consignados son: sedición, conspiración para cometer sedición, insubordinación e infracción de deberes comunes a los militares, todos en el fuero de guerra; de sedición, conspiración e incitación a la sedición, con base en el Código Penal Federal. Mientras que a Bacilio Gómez se le consignó además como presunto responsable de los delitos de injurias y difamación en contra del Ejército Mexicano e instituciones que de él dependen.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de la Defensa Nacional informó lo anterior y añadió que estas medidas son resultado de la marcha que realizaron los oficiales el 18 de diciembre pasado. Asimismo, remitió la averiguación previa SC/379/98/X a la Procuraduría General de la República para que ésta determine ``si las conductas observadas por los civiles (el ex capitán y segundo hombre en jerarquía del CPCP) Alberto Enríquez del Valle y Silvia Yolanda Orea Soto constituyen o no hechos delictivos y proceda conforme a derecho''.

Con base en una facultad que le otorga la ley castrense, la Sedena consignó la averiguación previa ante el juzgado militar adscrito a la tercera Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, la cual obsequió el 10 de enero las órdenes de aprehensión respectivas, por lo que los cinco oficiales que se encontraban ``bajo arresto administrativo'' desde la semana pasada fueron trasladados ayer a esa ciudad.

Antes de que se conociera la consignación, el CPCP había denunciado que los tenientes Juan Francisco Bernal Vázquez, Luis Gerardo Avila Guzmán, Gerardo Torres Ramírez, Ignacio Manzano Ramírez y Carlos Alberto Quinto López, ``quienes cumplían un correctivo disciplinario'', habían sido trasladados por elementos de la Policía Judicial Militar ``con destino desconocido''.

Por lo que toca a Bacilio, la dependencia recordó que éste se encuentra prófugo (ya lo estaba por el delito de deserción) y que debido a los nuevos cargos la Policía Judicial Militar ya lo busca para aprehenderlo.

La dependencia añadió que la Procuraduría militar sigue las investigaciones sobre el resto de los participantes en la marcha del 18 de diciembre, ``para que en su momento se determine si infringieron la disciplina militar''.

Por otra parte, el abogado Félix Francisco Garza, especialista en asuntos de fuero de guerra, comentó que los delitos que se imputan a los miembros del Comando Patriótico de Comcientización del Pueblo son graves.

Precisó que los delitos de injurias y difamación que se imputan al coronel Bacilio revelan ``el desvío de poder'' que ocurre en la Secretaría de la Defensa Nacional. Recordó que en su momento el cuarto tribunal colegiado en materia penal había establecido en un amparo que otorgó en contra del general José Francisco Gallardo que ``las críticas propositivas hechas al Ejército no demuestran insulto alguno, difamación o calumnia, sino que son el reflejo de un ente perfectible como es el Estado''. Gallardo propuso crear un ombudsman militar ante los abusos de poder que ocurren en la institución.

Garza sostuvo que el caso de los miembros del CPCP obliga al comandante supremo de las fuerzas armadas, el presidente Ernesto Zedillo, a intervenir para imponer un criterio de ``respeto y dignidad'' sin censurar a quienes no comulgan con sus ideas, como ha ocurrido en el caso de los militares disidentes, ``quienes hicieron manifestaciones respetuosas y simplemente ejercieron su derecho constitucional a manifestarse públicamente''.