Las cuotas en la UNAM, sin cambios en 50 años

María Esther Ibarra Ť Intocadas desde 1948, las cuotas vuelven a estar en el tapete del debate en la UNAM. Desde entonces, los intentos por incrementarlas no han fructificado y, por el contrario, han provocado la oposición de los estudiantes. El rector Francisco Barnés de Castro insistirá en un aumento a los montos vigentes (que van de 5 a 20 centavos al año), intento que sus antecesores inmediatos -Jorge Carpizo y José Sarukhán- no concretaron.

Y si bien el rector logró, en 1997, romper con el pase automático -uno de los dos principales tabúes en la UNAM-, al aprobar el Consejo Universitario su reglamentación, el solo anuncio que hizo en diciembre comenzó a generar incoformidad e inquietud entre la comunidad. Esta semana ya convocaron a analizar el tema la Red de Estudiantes Universitarios -aglutina a consejeros y alumnos de 18 escuelas- y el Comité Estudiantil Metropolitano (CEM), cuyos enclaves son la Facultad de Ciencias y los colegios de Ciencias y Humanidades.

A eso se suma, de manera coincidente, que su intento lo plantea en la víspera de la sucesión presidencial, como en 1986-87 ocurrió con el entonces rector Carpizo, quien finalmente tuvo que dar marcha atrás a su proyecto de reforma, cuyo primer paquete comprendía la modificación de tres reglamentos que iban directo al corazón de la inconformidad de los estudiantes: pagos, inscripción y exámenes. Eso provocó el surgimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), que logró imponerse y que el tema se discutiera en el Congreso General Universitario efectuado en 1990.

Su sucesor, José Sarukhán Kermez heredó la realización del congreso, en el cual los estudiantes volvieron a derrotar la propuesta de incrementar las cuotas. Un año después, en 1991, el biólogo que dirigió a la UNAM durante dos periodos (1988-1995) volvió a intentarlo mediante una consulta que nuevamente sólo reactivó el descontento y la agitación entre los estudiantes.

Incluso Sarukhán echó a andar, en desplegados en los principales diarios capitalinos, el proyecto telefónico Becatel, por el cual los estudiantes y padres de familia -a quienes dirigió la campaña- podían llamar al 5 23 0000 y recibir la información sobre el sistema propuesto de facilidades, becas y exenciones. Su propósito era pulsar su intención de establecer una cuota mínima de 200 mil pesos, de los de antes, con el consabido ofrecimiento de becas -de 25 a ciento por ciento- para estudiantes de escasos recursos.

Al comenzar su segundo periodo, en la presentación de su programa de trabajo para 1993-1996 Sarukhán volvió sobre el asunto, pues la reforma monetaria por la implantación de los nuevos pesos, parecía hacer inminente un aumento de las cuotas. Sin embargo, la simple declaración de que por ese motivo sería necesario revisar el Reglamento General de Pagos generó de nueva cuenta el descontento estudiantil y quedó sepultado el tema.

De esa manera, propuestas, consultas, proyectos y campañas de nada han servido, hasta la fecha, para modificar el reglamento, vigente desde 1948 y refrendado en 1966 por el Consejo Universitario.

Tampoco han surtido efecto los argumentos esgrimidos por las autoridades en el sentido de que el producto de las cuotas servirá para mejorar los servicios educativos, crear becas para estudiantes de escasos recursos o exentar del pago a quienes no puedan hacerlo.

Pero no sólo los argumentos de las autoridades universitarias han sido rechazados. También los de algunos miembros de la comunidad no afines o distantes de la Rectoría. Notoria fue la objeción de los estudiantes durante el citado Congreso Universitario. Reacios a cualquier modificación del Reglamento General de Pagos, los estudiantes cuestionaron una propuesta que parecía aceptable: la cuota por trámite de inscripción se consideró una aportación simbólica de los estudiantes a la universidad, por lo cual debería quedar indexada al equivalente a un día de salario mínimo. El resto de los rubros del reglamento debería mantener, en relación con la cuota anual, la misma proporción en que hoy se encuentran.

A título personal, el economista Alejandro Alvarez Béjar presentó la propuesta y advirtió el peligro de que dicho reglamento no se modificara. Argumentó: ``El problema de la cuotas es político, y se está queriendo echar a la opinión pública en contra de los universitarios, porque mientras todo el país paga los costos de la austeridad, nosotros pagamos cuotas ridículas de inscripción anual''.

Y como si tuviera bola de cristal advirtió: ``Vamos a vivir en los próximos años un crecimiento errático y una economía inflacionaria y abierta a las tensiones internacionales. El problema de la inflación y de las austeridad no han concluido. Es más, el programa neoliberal que hoy está en boga puede replantear con mucha fuerza el asunto de las cuotas e imponerse mediante desplantes autoritarios si dejamos tal cual el reglamento de pagos, aparte de que no va a haber moneda fraccionaria para pagar 250 pesos, simple''.

Las sesión, ese 4 de junio de 1990, amagó varias veces con ser suspendida ante el desorden generado por los gritos y abucheos en contra de la osadía de Alvarez Béjar. Visionario, continuó: ``Es más, en poco tiempo no habrá moneda fraccionaria para pagar 250 pesos, por la inflación, y no estoy pidiendo que abandonen el principio de la gratuidad, sino que la defendamos en una forma dinámica, en forma inteligente, moviéndonos de la posición en que hoy está el reglamento a un punto en el que podamos, primero mantener el carácter simbólico de la cuota, al fijarla en relación con un indicador nacional''.

Antes de las varias interrupciones de parte de los asistentes, Alvarez Béjar logró solicitar a los estudiantes y opositores del incremento meditar su propuesta, con la cual -aseveró- la cuota seguiría siendo simbólica y, al mismo tiempo, ``sería una muestra de flexibilidad e inteligencia frente a un gobierno y a una ofensiva internacional que va a insistir con los problemas de la austeridad y de la privatización''.

El tiempo dio la razón a Alvarez Béjar. Hacer un par de años diversos organismos internacionales que analizaron la educación tanto de México como del resto de los países latinoamericanos sugirieron a las instituciones de educación superior establecer acciones para que los estudiantes contribuyan al presupuesto de las casas de estudios.

Así, el Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación (CIDE) planteó adoptar un régimen de colegiaturas realista y un sistema de becas para alumnos destacados que carezcan de medios económicos para seguir sus estudios universitarios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) instó a que se encarara un incremento racional de la contribución de los estudiantes al costo de sus estudios. El Banco Mundial (BM) por igual convino en que se debe procurar la participación de los alumnos en los gastos educativos, y la UNESCO y la Comisión Económica para la América Latina (Cepal) indicaron que en la búsqueda de nuevos mecanismos de financiamiento deben concurrir el sector económico, las comunidades locales, los padres, los alumnos y la comunidad internacional.