Sin partidos políticos no puede haber una democracia fuerte ni la consolidación de un nuevo sistema político; sin embargo, a pesar de que la premisa sea correcta, las dudas sobre la legitimidad de los partidos políticos, como los actores centrales de un cambio político en México, se han fortalecido.
Es indudable que en los últimos años se ha debilitado la capacidad política de acuerdos sobre los temas centrales y con ello, la gobernabilidad se ha deteriorado, y en su lugar, ha surgido un complejo, caótico y caro esquema de intereses y pugnas entre los partidos políticos, de parte de éstos con el gobierno y entre los mismos partidos de oposición, al que podemos llamar partidocracia. La hipótesis es que ha crecido la partidocracia y no se ha fortalecido la democracia.
En la parte positiva de los avances democráticos se puede contar: el crecimiento de la oposición, la alternancia en el poder, la mayor transparencia y equidad en las elecciones, los nuevos equilibrios en el Congreso de la Unión, la apertura en los medios de información, y otros signos. Pero, junto a ello también se ha generado un clima revuelto de intereses partidistas, han aumentado las pugnas internas en los partidos, ha subido exponencialmente el ruido público en torno a los partidos; los escándalos y pleitos son parte de un desagradable paisaje cotidiano que tiene su territorio de expresión en el Poder Legislativo, y que llegó a momentos estelares con los temas del Fobaproa y el presupuesto para 1999. Frente a este paisaje, se ha llegado a ubicar en la opinión pública que así es la democracia, que todo esto es ``normal''.
Ahora, después de las batallas presupuestales, los partidos políticos se preparan para la competencia del 2000, para lo cual en 1999 los veremos en los procesos de selección interna de dirigentes y candidatos. Ni modo, éste será un año de fuertes pugnas internas que ocuparán una parte significativa de los espacios noticiosos en todo el país. Pero antes de contribuir a la especulación, revisemos algunas de las decisiones de la partidocracia sobre el litigio presupuestal.
Llaman la atención dos recortes que ejemplifican la partidocracia: los más de 5 mil millones de pesos a la capacidad de endeudamiento del gobierno de la ciudad de México, seguramente debido a su signo partidista, y el recorte al Instituto Federal Electoral (IFE), una de las pocas zonas de autonomía del gobierno.
El IFE tiene hoy casi 16.6 por ciento menos recursos (400 millones) de lo solicitado en su presupuesto para 1999, es decir, se quedó con los mismos que en el año anterior. Sin embargo, a diferencia de 1998, cuando el Congreso le dio libertad de que el monto del recorte se decidiera internamente, ahora se hizo de forma ``etiquetada'' para su gasto operativo y sus programas básicos.
En 1993, un año antes de las elecciones presidenciales de 1994, el IFE tuvo un presupuesto de mil 732 millones de pesos, y hoy es de 2 mil millones de pesos (16 por ciento más en un sexenio), por lo cual hoy el IFE tiene sólo un 40 por ciento de los recursos de hace seis años a precios constantes o medido en dólares, ya que el monto de 1993 hoy sería de unos 5 mil 200 millones, o de 495 millones de dólares contra los 200 millones de dólares de hoy. Resulta curioso el recorte si tomamos en cuenta que en este año seis de cada diez pesos del IFE van al programa de actualización del Registro Federal de Electores, el cual concluye en enero del año 2000.
¿A quién le conviene debilitar al IFE? La partidocracia decidió. Curiosamente el gasto para los partidos no sufrió ningún recorte y los mil 300 millones de pesos de sus prerrogativas (casi cuatro veces más que las de 1994) les llegarán enteros. El otro que ganó fue el Poder Legislativo, que tuvo un incremento de 23 por ciento en su presupuesto. Pero el que más ganó de todos fue el tribunal fiscal de la federación, que tuvo un incremento presupuestal de 89 por ciento.
Así, mientras la austeridad invade todos los territorios del país, los partidos políticos podrán gastar de forma amplia y consistente. ¿Será la democracia?