Retrato fiel del pueblo wixárika, la carta que las autoridades de San Andrés Cohamiata difundieron el 20 de diciembre de 1998 precisa su postura en torno al asesinato de Phillip True, periodista estadunidense muerto cerca de Amoltita en San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco, a principios de diciembre pasado en circunstancias poco claras. Desde antes de conocer el enredo policiaco-periodístico que tiene perpleja a la opinión pública, las autoridades tradicionales puntualizaban dos hechos: no se tiene noticia de hechos de violencia contra los tantos fuereños que han arribado al territorio huichol durante décadas. No existe registro alguno que contradiga esta verdad. Como bien declaran los wixárika, ``no sólo los hemos respetado sino que siempre los cuidamos pues sabemos que no es fácil caminar por estas sierras''. Por otra parte, los wixárika, muy experimentados en las trampas de muchas autoridades judiciales, policiacas o militares mexicanas, ya advertían: ``no queremos que a raíz del hecho se violenten los derechos humanos de los comuneros o que se vaya a recurrir a la fabricación de culpables''

San Andrés Cohamiata a 20 de diciembre de 1998 A la opinión pública Las autoridades tradicionales y representativas de la comunidad indígena huichol de San Andrés Cohamiata (Ta Teikié), del municipio de Mezquitic, Jalisco, manifestamos nuestro profundo pesar por la muerte trágica de un ciudadano norteamericano en las inmediaciones de nuestra comunidad y enviamos nuestras condolencias a los familiares por tan terrible pérdida. Queremos aclarar también que el hecho jamás había ocurrido en nuestras tierras donde tenemos la visita de muchos investigadores antropólogos y turistas extranjeros y del país y no sólo los hemos respetado sino que siempre los cuidamos, pues sabemos que no es fácil caminar por estas sierras. Exigimos que se haga justicia y se castigue a quien resulte responsable y pedimos a la prensa y a la opinión pública que se evite hacer generalizaciones que induzcan a pensar que los huicholes somos violentos; nuestro pueblo siempre ha sido y será un pueblo pacífico que busca con dignidad el respeto a su ancestral cultura, derechos y territorio. El hecho criminal a todas luces condenable, no significa ni justifica de ninguna manera que se utilice para difamar a la totalidad de nuestro pueblo. Pedimos a las autoridades también, que investiguen con toda responsabilidad para localizar a el o los criminales sean o no huicholes, pero no queremos que a raíz del hecho se violenten los derechos humanos de los comuneros o que se vaya a recurrir a la fabricación de culpables sólo para quedar bien. Pedimos por este medio a los organismos de derechos humanos y a las comisiones estatales protectoras de estos derechos que permanezcan vigilantes sobre este caso para que no ocurran abusos. Atentamente por la comunidad de San Andrés Cohamiata Ernesto Hernández de la Cruz, Comisariado de Bienes Comunales, Francisco López Carrillo, Secretario de Bienes Comunales, Jesús de la Cruz González, Gobernador Tradicional de San André

Sin embargo, la investigación en torno al asesinato del investigador estadunidense parece aprovecharse para desacreditar al pueblo huichol en su conjunto al tiempo que se militariza una zona que ha adquirido prestigio por resistir defendiendo su territorio ancestral (que es uno con ellos), y revitalizar su cultura y su religiosidad, por vías pacíficas y legales.

Si durante los últimos treinta años el pueblo wixárika ha batallado en los vericuetos legales para ganar juicio tras juicio agrario en contra de los invasores, hoy su apoyo a los Acuerdos de San Andrés, su participación activa en la construcción de un espacio nacional de confluencia de los pueblos indios --el Congreso Nacional Indígena--, su inserción en la vida política nacional y las resoluciones favorables a ellos emitidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los han hecho blanco de los poderes regionales, estatales y nacionales que no quieren que se sepa lo que va pasando en la Huichola. La defensa y recuperación de su territorio es un duro golpe para los intereses de los jefes políticos de facto, ligados a ganaderos, caciques y narcotraficantes.

Los reportes de los habitantes de la Sierra Huichola indican que a la noticia del hallazgo del cadáver del periodista, unos dos mil efectivos del ejército mexicano muy bien armados y con gran despliegue técnico de vehículos aéreos y terrestres inundaron la región. Aunque Horacio Vega Paganes, subdirector del área de Homicidios Intencionados de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, afirme que ``el instituto armado prestó el apoyo logístico necesario para trasladar a los investigadores y a los detenidos, pero que las aprehensiones fueron cumplimentadas por la PGJJ'', lo cierto es que los militares mantuvieron detenido 12 horas a Isidro López Díaz, gobernador tradicional de San Sebastián Teponahuaxtlán, y lo interrogaron y torturaron durante ese lapso. (Véase Comunicado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, CEDHJ, 7 de enero de 1999.) Se dice que le repetían que él era responsable de la muerte de True porque los acusados estaban bajo su jurisdicción.

Por si fuera poco, los presuntos responsables (Juan Chivarra y Miguel Hernández, campesinos de Amoltita en San Sebastián) han declarado que quienes condujeron la detención torturaron a sus familiares hasta hacerlos vomitar sangre, y que también ellos sufrieron torturas y amenazas de muerte. Las autoridades los aprehendieron y los presentaron dos días después (días completos sin dormir). Se dice que se pidió que declararan públicamente y que las autoridades se negaron a que lo hicieran alegando que ``no están acostumbrados a hablar''. Los presuntos responsables confesaron haber matado a True pero caen en tantas contradicciones que la veracidad o legalidad de su confesión queda en entredicho: dijeron primero que lo habían ultimado porque quiso tomarles fotos sin su permiso. En otras versiones periodísticas se afirma que porque tomó fotos de objetos sagrados. En su confesión notariada uno de ellos dice: ``lo maté porque pensé, a lo mejor quiere violar a mi esposa''.

La carta de las autoridades tradicionales wixárika anunciaba el manejo que habrían de darle al caso autoridades policiacas y medios. También puede deducirse de tal carta (y de un sin fin de documentos públicos que han divulgado durante todo el periodo de lucha por recuperar su territorio) que estas declaraciones de Juan Chivarra y Miguel Hernández de la Cruz no reflejan los móviles reales del asesinato, sea que lo hayan perpetrado ellos o que estén sirviendo de chivos expiatorios para que alguien más siga impune.

Como las versiones periodísticas vuelan, y hay enormes contradicciones en lo declarado por la Procuraduría General de Jalisco y la Procuraduría General de la República, intelectuales como Roger Bartra se han sumado a la campaña anti huichola afirmando que ``La relativización de la violencia y por tanto de la fuerza física, es uno de los graves peligros y problemas que conllevan las tesis sobre la autonomía indígena que de permitirse y aplicarse sería fuente de uso y abuso de violencia.''

¿Qué le permite a Roger Bartra hacer un juicio tan irresponsable, con tan poca información, como para concluir que el asesinato de True tiene móviles tradicionales? ¿Qué le permite afirmar que los ``usos y costumbres'' entre los huicholes (o en algún pueblo indígena cualquiera) permiten el asesinato?

Si algo queda claro de las investigaciones criminalísticas es que los móviles del crimen son justamente la cojera central del caso True. Las diversas contradicciones de los indiciados y entre los resultados de la primera y la segunda necropsia, dejan muchas lagunas. Las declaraciones de los presidentes municipales mestizos de Mezquitic y Bolaños asoman el racismo y las ganas de pasarles la factura por algo que no termina de ser claro pese a las confesiones de los presuntos asesinos. En especial Maclovio Curiel Mayorga, presidente municipal de Bolaños, fue muy presto para decir--al momento del hallazgo del cadáver de True-- que seguramente lo habían matado porque se sabe que ``por ser una zona de extrema pobreza'' los huicholes son capaces de todo por unas cuantas monedas. Días antes, cuando los mestizos supieron de la presencia de True en la zona, también se les fue la boca diciendo, qué está haciendo aquí ese gringo, a qué vino. Porque claro, True tampoco sale bien librado de la investigación. (La autopsia reveló tercer grado de intoxicación alcohólica, lo que podría cotejar ciertas versiones de que True estaba bajo los efectos de alcohol y droga, por lo que pudo desbarrancarse él solo, como se dijo en un principio, o intentar violar a una persona, como se podría deducir de las declaraciones ministeriales de confesión de los presuntos responsables. Lástima, porque quienes conocían a True, como Karina Dannini, reportera del San Antonio Express (periódico para el que trabajaba el hoy difunto) indicaron que la noticia cayó como ``balde de agua fría'' porque True ``no se acababa una cerveza''. Algunos fotógrafos han indicado también que True bebía sólo agua. ¿Entonces?

Nos hallamos ante un caso en que la víctima, el pueblo wixárika y de paso todos los indígenas del país resultan desprestigiados en un solo movimiento que resulta muy sospechoso.

Todo el caso True apesta, plagado de contradicciones que exigen de las autoridades policiacas y militares un tratamiento transparente que es muy difícil que brinden a la población: he aquí algunas de ellas.

Primero: el cadáver de True fue hallado cerca de San Miguel Huaistita por un hombre de la comunidad que bajó a pescar al río Chapalagana. Lo halló ahí sentado en unas rocas, después de días de muerto. Las investigaciones y las declaraciones indican que fue muerto en Amoltita, en el territorio de San Sebastián, a unas tres o cuatro horas del lugar en donde fue hallado (si se arrastra un cuerpo).

¿Cómo explicar el traslado del cadáver por tantos kilómetros de monte? San Miguel es precisamente uno de los lugares de cultura huichola de tradición y con un impulso por la educación y el saber de dentro y de fuera.

Segundo: entre los wixárika ``los usos y costumbres'', término ambiguo para encasillar toda la experiencia colectiva que intenta reflejarse en los juicios que se hacen de las personas en una comunidad, impulsan a quien ha cometido un asesinato a huir, porque sabe que toda la comunidad le va a reclamar, que no podrá evadir la fuerza moral comunitaria. De quedarse afrontaría graves responsabilidades con todo el colectivo de clanes. ¿Por qué entonces, entre miles de militares y policías peinando la zona decidieron permanecer ahí, en su casa, como si nada? En el caso de Miguel Hernández y Juan Chivarra esto sería grave, ya que fuentes de la comunidad los señalan como problemáticos (rijosos y faltos de respeto con las autoridades). ¿No estaban perfectos como chivos expiatorios?

Tercero: Mario Rivas Souza, titular del Servicio Forense de Guadalajara y autor de la primera necropsia, concluyó que True fue estrangulado con una tela y luego arrojado a una barranca. De acuerdo a sus resultados existía un desgarre anal y rastros de tortura en el cuerpo. Por qué repentinamente el investigador declaró a los medios: ``Me acaba de llegar la orden de México de que no dé ninguna información al respecto''. Prestigiado por su honestidad, este médico --acosado por los periodistas-- declaró: ``Estos son los detalles que me ordenaron no dar. Perdónenme pero esas son las órdenes.'' ¿Por qué se desechó en una segunda autopsia el detalle del desgarre anal, autopsia que se practicó ya no en Guadalajara sino en la ciudad de México?

Cuarto: ¿Por qué el Instituto Nacional Indigenista no acompañó a los procesados en las 72 primeras horas de su detención, momentos cruciales en toda investigación y no se decidió a defenderlos sino hasta que se les dictó auto de formal prisión? ¿Cómo es que el defensor de oficio no conocía personalmente a los acusados incluso horas antes de que se les dictara auto de formal prisión? ¿Por qué no se interpuso recurso alguno, siquiera la muy usual y casi de ``cajón'' solicitud de ampliación del término para aportar pruebas de descargo?

Quinto: Por qué la prontitud del Buró Federal de Investigaciones (fbi) para participar en las investigaciones en territorio mexicano, para auxiliar los trabajos forenses o como coadyuvante en la investigación como lo declaró María True, viuda del periodista. Si se les invitó, por qué, y por qué se niega su participación. Por qué la presencia de miles de efectivos militares en la Huichola. Por qué las torturas y detenciones ilegales de civiles y autoridades tradicionales. Por qué la campaña de desprestigio contra los huicholes como si todos hubieran sido autores del asesinato.

Sexto: ¿Cómo hacer coincidir la versión de un True violador o borracho con la imagen que de él tienen sus compañeros, una de alguien estudioso, tranquilo, respetuoso y hasta abstemio?

El fondo del caso True está lejos de haberse aclarado. Lo que queda es un paso más en la escalada de hostigamiento hacia un pueblo en resistencia pacífica con gran prestigio nacional e internacional. Sean cuales sean las circunstancias del crimen es claro que no tiene que ver en ningún aspecto la cultura tradicional de los wixárika. Si algunos medios y algunos intelectuales la ponen en entredicho es porque desconocen la complejidad de una región que reivindica muy alto sus valores y su respeto por la vida, o porque como reza el viejo dicho ``calumnia, que algo queda''. A quien no se deja engañar en los vericuetos de la novela policiaca que las autoridades judiciales nos inventan ya en varios casos y episodios de la serie, le queda la certeza de que en el sistema policiaco y militar mexicano, sus usos y costumbres de violencia y muerte permiten la impunidad de grupos civiles armados involucrados en serios hechos delictivos, mientras persigue con efectivos militares y policiacos a la población desprevenida de que ocurrió un asesinato en la región, con un despliegue que más parece guerra que investigación.