En los dos casos de protestas en contra de la actual situación económica y política, la de los maestros y la de los militares, el gobierno ha tenido una respuesta excesivamente violenta y represiva, lo que indica nerviosismo e inseguridad de los altos mandos.

Juristas y expertos en la materia han señalado que no se puede acusar a los maestros que irrumpieron en el Senado, ni de motín ni de secuestro, y que si bien son reprobables las actitudes violentas de quienes se manifiestan en la casa de los legisladores de la cámara alta, tampoco es plausible que la respuesta sea tan rigurosa y autoritaria; por cierto, un facsímil de un documento es una copia impresa del mismo y por lo que toca a la carta de Belisario Domínguez, el daño causado por su desaparición no parece, a primera vista, ni irreparable ni cuantioso; es lo que sucede, aun cuando no sea debido, en una algarada, en un tumulto de gente indignada.

En el caso de los militares, al menos los delitos de sedición e insubordinación que se les atribuyen no coinciden con lo que se vio y se sabe de la manifestación que llevaran a cabo en forma pacífica, desarmados y, a fin de cuentas, en ejercicio de una garantía individual de la que todos somos titulares, aun los que están sujetos a una disciplina especial, como son los integrantes de la fuerza armada.

Lo que se les imputa está relacionado con la resistencia o ataque a una autoridad y con la falta de respeto a los superiores o a las mismas instituciones. Hasta donde se sabe, no hubieron ataques ni injurias ni difamación contra nadie; se hicieron peticiones y se plantearon problemas en forma por demás muy cuidadosa y civilizada.

Si ante estas muestras de descontento, en los sectores tan vitales para la vida nacional las autoridades responden con tanta energía y sin analizar siquiera si hay o no razones de fondo para el descontento, es que no están tomando en cuenta ni la historia de este país ni las enseñanzas de la sociología política.

Cuando se dan brotes de inquietud social, cuando hay protestas por injusticias sentidas por grupos o categorías sociales, es un indicio de que es necesario revisar el rumbo y estudiar si vamos bien o vamos mal, es la hora de debatir, dialogar y negociar, no la de aplicar sanciones. Es un mal síntoma tener mano dura contra grupos inconformes y condescendencia con la verdadera delincuencia.

Creo que la sociedad mexicana vería con mejores ojos a las autoridades, si en vez de dictar órdenes de aprehensión e imputar delitos, se proponen fórmulas tanto para airear los problemas en debates públicos, como para buscar soluciones novedosas y justas a las peticiones populares.