Otra vez, como en ocasiones anteriores, el magisterio del Distrito Federal se ve precisado a marchar por las calles de la ciudad para exigir la liberación de varios de sus dirigentes detenidos injustamente el pasado primero de enero. Otra vez tienen que dar lecciones multitudinarias de civismo coreando sus consignas para dar a conocer a la ciudadanía sus demandas: libertad a los maestros presos y democracia sindical.

Primero el movimiento othonista, más adelante el Comité de Lucha Magisterial y después la CNTE, han recibido como respuesta a sus legítimas demandas la represión administrativa, la cárcel y hasta el asesinato ¿Cuántas víctimas más se necesitan para que haya democracia en su sindicato y mejores salarios para los maestros?

El actual proceso que se les sigue a los maestros de la sección novena del SNTE por robo, motín y secuestro nos hace retroceder a las épocas del delito de disolución social y de la consigna política antes que la aplicación de la justicia. El contrapunto entre el tratamiento dado a los verdaderos delincuentes que cometen crímenes atroces y a los dirigentes magisteriales resulta paradójico: mientras los primeros cuentan a menudo con la complicidad de policías y funcionarios para evadirse, los otros fueron sorprendidos justo cuando estaban reunidos con sus familiares la mañana siguiente a la cena de Año Nuevo, con un operativo policiaco sospechosamente eficaz; por ejemplo, la maestra Blanca Luna, secretaria general de la sección novena, fue interceptada por cuatro agentes cuando hacía los preparativos para bautizar al más pequeño de sus hijos.

Resulta también preocupante que los senadores priístas, tan carentes de escrúpulos cuando de exigir investigación a fondo sobre los ilícitos que muchos funcionarios, banqueros y empresarios cometieron en relación con el asunto Fobaproa, se muestren ahora histéricos, intolerantes y proclives al charrismo sindical para exigir el máximo castigo contra los maestros por haber irrumpido en la sede del Senado y porque se rompió un jarrón y tuvieron que contestar a las preguntas que sobre presupuesto educativo les hicieron durante varias horas los manifestantes el pasado 16 de noviembre. Si tuvieran el mismo empeño para analizar escrupulosamente los dictámenes de ley que a menudo votan al vapor, por consigna del Ejecutivo, contribuirían a mejorar la deteriorada imagen que como legisladores tienen. Pero con la política del gran garrote nunca lo lograrán. Por otra parte, resulta indignante que el secretario general del SNTE, Tomás Vázquez Vigil, se niegue a hacer algo en defensa de los compañeros, seguramente bajo la mirada vigilante de la senadora Elba Esther Gordillo, esperando ambos la oportunidad de un golpe de mano en la sección novena y tratando de obtener con el apoyo del aparato gubernamental y judicial el control del magisterio capitalino que perdieron años atrás.

Todos los datos indican que la detención de los maestros es parte de un complot político en el que participan la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y el grupo oficialista del sindicato; su objetivo es escarmentar a todos aquellos que quieran reaccionar con protestas frente a los resultados de la política presupuestal aprobada recientemente por el PRI y por el PAN.

El mensaje: serán acusados de motín, robo o secuestro todos los que se manifiesten públicamente o le exijan respuestas a cualquier funcionario público; la aprehensión y el auto de formal prisión pasarán a formar parte de la agenda cotidiana de todos los luchadores sociales.

Se persigue de oficio, obtendrán por respuesta si piden el desistimiento.

Se acabó el mito del bienestar de la familia y la normalidad democrática; otra vez el gobierno demuestra con estos hechos que lo que menos le importa es una educación pública de calidad para la mayoría de la población. Pero también otra vez todos los mexicanos que no estamos de acuerdo con la restauración del régimen autoritario tendremos que luchar como los maestros, defendiendo nuestros más elementales derechos, en las aulas, en las casas, en las calles.