Human Rights Watch presentó ayer, en esta capital, un informe sobre la persistencia de la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial como prácticas habituales en nuestro país. La organización humanitaria afirma, en forma por demás documentada, que existe complicidad del sistema de justicia en su conjunto en la comisión de estos delitos indignantes e inaceptables, y destaca la inepcia y la responsabilidad del gobierno federal ante esta situación. Adicionalmente, el organismo destaca la propensión de procuradurías y tribunales a juzgar y condenar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos con base en pruebas --falsas o verdaderas-- obtenidas bajo tortura, con lo que se conforma una cadena de irregularidades que empieza con detenciones ilegales y violatorias de las garantías individuales, prosigue con los tratos violentos y culmina en procesos viciados de origen.

En el reporte titulado Abuso y desamparo: tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial en México, Human Rights Watch señala que la primera condición de esta cadena se ubica en aspectos ambiguos de la legislación nacional y en la interpretación de ella por parte de los jueces, los cuales suelen hacerse de la vista gorda ante las violaciones a los derechos humanos cometidas antes de iniciados los juicios. En forma general, el documento refiere la ausencia de un verdadero estado de derecho en el país, en la medida en que ``las protecciones formales de los derechos humanos en México no son eficaces porque las leyes, la práctica y los precedentes legales conspiran contra ellas''. Esta alarmante circunstancia podría agravarse, toda vez que ``en lugar de insistir en el cumplimiento escrupuloso de las garantías individuales la administración Zedillo está presionando para que se debiliten''.

La sociedad no necesita de los informes de ésta u otra organización humanitaria nacional o extranjera para enterarse de los abusos cometidos por funcionarios públicos en contra de la ciudadanía; muchos miles de mexicanos los han padecido en carne propia y saben, por ello, que el documento referido no incurre en la exageración. Saben, asimismo, que la normalidad democrática y el estado de derecho no pasarán de ser buenos propósitos en los discursos oficiales en tanto no se empeñe la voluntad política requerida para terminar con las violaciones sistémicas a los derechos humanos.