``Es más probable que se procese a una víctima que a su torturador''

Triunfo Elizalde Ť La tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales en México son aún generalizadas, a pesar de las numerosas reformas legales e institucionales aducidas por los sucesivos gobiernos como prueba de su compromiso con la protección de los derechos humanos, según informe dado a conocer ayer por Human Rights Watch (HRW).

La organización internacional asegura que esto se debe en parte a que ``las autoridades no se han mostrado dispuestas a garantizar la aplicación enérgica de las leyes vigentes relacionadas con los derechos humanos; las autoridades tienen tendencia a cerrar filas y desmentir incluso la existencia de abusos bien documentados, en lugar de insistir en que se imparta justicia a los responsables''.

El informe, titulado: Abuso y desamparo: tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial en México, afirma que agentes del Ministerio Público y jueces hacen gala de una ignorancia consciente de los abusos o de una fabricación premeditada de pruebas; agentes del Ministerio Público procesan habitualmente a las víctimas utilizando pruebas obtenidas mediante la violación de sus derechos humanos, y luego los jueces se valen de cierta legislación y precedentes legales cuestionables para condenar a las víctimas mientras ignoran los abusos cometidos.

``Es mucho más probable que el sistema de procuración y administración de justicia mexicano procese a una víctima de tortura que envíe a prisión al torturador. Así no se hace justicia sino injusticia'', dijo en conferencia de prensa José Miguel Vivanco, director ejecutivo para América de Human Rights Watch.

El informe insta al gobierno de México a ``desarrollar mecanismos eficaces para excluir del proceso penal evidencia ilegal por haber sido obtenida a través de coacción o prefabricación''. Asimismo, recomienda que ``el gobierno establezca un sistema eficaz de fiscalización de los servidores públicos, incluyendo policías, agentes del Ministerio Público y jueces''. Human Rights Watch hace un llamamiento al Congreso mexicano a que juegue un papel más activo en la promoción de los derechos humanos, e insta a Estados Unidos, la Unión Europa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas a que se involucren más en temas de derechos humanos en México.

Basado en un estudio de casos ocurridos en cinco estados mexicanos, el informe es el resultado de dos años de investigación. En él se examinan incidentes de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, y posteriormente se analizan los procesos judiciales que se abren en contra de las víctimas o sobre estos abusos violentos. El informe analiza casos del sur pobre y rural de Oaxaca, de la región central industrializada de Jalisco y Morelos y de la zona norte de Tamaulipas y Baja California, que colindan con Estados Unidos. Documentando la variedad de circunstancias en las que se producen violaciones de derechos humanos en México, el informe incluye casos que se produjeron en el contexto de contrainsurgencia, drogas y delincuencia común.

``A pesar de contar con un sistema formal de protección de derechos humanos bien desarrollado, el gobierno mexicano no ha logrado disminuir, mucho menos resolver, los problemas de derechos humanos graves y aparentemente endémicos''. El documento concluye que, ``frente a esta realidad profundamente inquietante, el gobierno ha optado por tratar los problemas de derechos humanos como un asunto que debe ser manejado políticamente, combatido invocando estadísticas superficiales o enfrentado con reformas o iniciativas insuficientes''.

Pasos positivos en las acciones del gobierno mexicano

Destaca como positivo que ``el gobierno del presidente Ernesto Zedillo admita que se cometen violaciones de derechos humanos en México, y que haya instado en términos generales a que se preste mayor atención a este tema''. Asimismo, califica como ``avance que se haya tomado bajo el mando del presidente Zedillo y su predecesor iniciativas importantes en la materia, como son la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, el establecimiento de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura en 1991, reformas judiciales que daban más protección a los derechos humanos en 1990 y 1993 y el reciente reconocimiento de la jurisdicción compulsiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos''.

Sin embargo, también indica que frente a casos específicos de violaciones de derechos humanos, las autoridades tienden ``a cerrar filas y desmentir incluso la existencia de abusos bien documentados, en lugar de insistir en que se imparta justicia a los responsables; al mismo tiempo, agentes del Ministerio Público son alentados a usar evidencia obtenida a través de violaciones de derechos humanos porque no son regularmente procesados y sancionados por hacerlo; sus jefes ni siquiera les llaman la atención y los jueces no rechazan éstos''.

Agrega que ``tanto en los hechos como en el derecho, el sistema de procuración e impartición de justicia de México es fundamentalmente ambiguo en relación con las pruebas obtenidas durante o después de violaciones de los derechos humanos, en el curso de detenciones o cateos ilegales y tortura u otras formas de coacción. La Constitución y leyes de México podrían ser interpretadas en favor de la inadmisibilidad de pruebas obtenidas a través de violaciones de derechos humanos, exigiendo además que se procese a los servidores públicos que aceptan tales pruebas. Sin embargo, las leyes en este sentido son vagas, y los tribunales muchas veces dictan sentencias aceptando evidencias impugnadas''.

En la conferencia de prensa organizada ex profeso para dar a conocer el informe, José Miguel Vivanco agregó: ``Tenemos grandes críticas respecto del funcionamiento de lo que aquí -en México- se llama justicia militar, ya que no ofrece garantías debido a que los procesos violan los derechos humanos y los militares no pueden ser investigados''.

Señaló también que su organización tiene noticias sobre ``los últimos acontecimientos'' de protesta de parte de militares que están siendo procesados ante tribunales castrenses. Dijo que todavía no pueden emitir un juicio sobre lo que está aconteciendo, pero sí están enterados de ello, y les preocupan ``las violaciones sexuales, actos de tortura, detenciones y violaciones a derechos humanos que están cometiendo soldados en comunidades indígenas, lo mismo de Oaxaca y Chiapas que en otras entidades de la República Mexicana, durante operativos bajo el pretexto de combatir el crimen organizado, al Ejército Popular Revolucionario y al narcotráfico''.

Para Miguel Vivanco, la investigación de esos hechos debiera hacerse aparte del fuero y de la justicia militar, por parte de juzgados civiles. ``Es un principio jurídico internacional que las violaciones a derechos humanos sean vistas y juzgadas por tribunales civiles, sobre todo para que los propios militares tengan el debido proceso. Los que deben juzgar los crímenes comunes cometidos por elementos del Ejército son los jueces civiles y no los militares, ya que ese tipo de procesos en juzgados militares son una aberración jurídica''.

Se han entrevistado con diversos funcionarios

Miguel Vivanco y Joel Solomon hicieron saber que en sus dos primeros días de estancia en México han entregado directamente copias de este documento a los secretarios de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, y de Relaciones Exteriores, Rosario Green, además del procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar; Mireille Roccatti, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, además de senadores de la Gran Comisión, y esperan también hablar con diputados.

Sin embargo precisaron que no todos los funcionarios mencionados recibieron de buen grado el informe, aunque en cada caso les dieron un trato digno. Señalaron también que antenoche, en larga audiencia con Francisco Labastida Ochoa y Fernando Solís Cámara, subsecretario de Población, ``ambos nos expresaron que estudiarán la flexibilización de las leyes migratorias que controlan el ingreso de observadores extranjeros y de representantes de ONG internacionales interesados en conocer lo que sucede en México en materia de derechos humanos''.

Agregaron que tanto al secretario de Gobernación como a la secretaria de Relaciones Exteriores ``les manifestamos nuestro rotundo rechazo a la forma como se aplica el artículo 33 constitucional, ya que no da pie para que los extranjeros que son expulsados se defiendan jurídicamente''. Dejaron en claro que HRW no pretende que el gobierno sancione violaciones flagrantes a la soberanía y a las leyes mexicanas, porque tiene derecho para castigar a quienes cometan delitos en ese sentido, ``lo que pedimos en que se aplique dicho artículo conforme a derecho, como sucede en la mayor parte del mundo, donde los extranjeros extraditables tienen derecho jurídico a defenderse. Les hemos pedido que se reforme el artículo 33''.

También con dichas instancias abordaron el tema de los compromisos contraídos por el gobierno mexicano ante foros internacionales, en la aplicación de acuerdos, tratados y convenios a favor de los derechos humanos que no se observan por el Estado. Mencionaron el caso del general Francisco Gallardo diciendo que ``el gobierno mexicano se mantiene en rebeldía en cuanto al acatamiento de la recomendación que le hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que pusiera en libertad inmediata a dicho militar''.

Agregaron: ``Human Rights Watch no cejará en su empeño de lograr la libertad del general Gallardo, sobre todo porque se trata de un caso de injusticia que ha trascendido no sólo al ámbito nacional sino internacional. Creemos que al igual que nosotros otras ONG e instituciones continuarán presionando al gobierno para que deje en libertad a ese militar mexicano''.

Para HRW, en el caso Gallardo y en los asuntos de Ocosingo, de El Charco y otros en los que México mantiene reservas al aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ``no es cuestión de leyes sino de voluntad política''.