La reciente crisis desatada por la negativa de la mayoría del Congreso a aprobar un nivel razonable de ingresos para el gobierno de la ciudad de Mexico en 1999, refleja la persistencia del centralismo y un nuevo fracaso para el federalismo. En efecto, aquellos partidos que votaron por reducir los recursos de la capital, el PRI y el PAN, están ratificando una política secular que ha consistido en reducir la autonomía financiera de los gobiernos estatales y municipales al mínimo. Por ello, en el futuro ninguno de los dos partidos podrá usar la bandera del federalismo como instrumento de sus discursos sin ser considerado como contradictorio o hipócrita.

Que el centralismo sigue siendo extraordinariamente acentuado en México lo revela una comparación con otros países de América Latina. En efecto, de acuerdo con un reciente estudio muy documentado de R. Andrew Nickson, en el decenio de 1990 los gobiernos municipales en México manejaban apenas 3 por ciento del total del gasto público ejercido en la República, mientras que en Brasil los municipios controlaban 18 por ciento y en Colombia 24 por ciento.* En otras palabras, en México el gobierno central sigue sin ceder el control de un nivel de recursos sustancial a los municipios, por temor de que ello podría resquebrajar una estructura de poder secular de un Estado que es el más centralizado del hemisferio americano.

Paradójicamente, el Partido Acción Nacional ha hecho esfuerzos en el pasado por aumentar las participaciones municipales, como fue el caso en 1998, cuando peleó por obtener un aumento del fondo de recursos para el fortalecimiento municipal de 1.5 por ciento a 2.35 por ciento de la recaudación de impuestos federales. Sin embargo, en esta nueva coyuntura en que se trata de decidir el futuro fiscal de la más grande ciudad del país, aboga por un regreso al centralismo, intentando echarle la soga al cuello de las finanzas de una metrópoli donde tuvo poca suerte en las elecciones pasadas. La contradicción es tan flagrante que puede hacer pensar que su programa político no tiene coherencia o, alternativamente, que está dispuesto a sacrificar principios por oportunidad.

La coyuntura actual revela la magnitud del desafío que plantea la reforma del Estado en el país y en particular el peso enorme de un legado centralista que se ha ido acentuando desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. En este sentido, puede argumentarse que el esfuerzo centralista, antifederalista y antimunicipal del régimen porfirista fue eventualmente recuperado por las administraciones posrevolucionarias, especialmente desde el decenio de 1960, cuando el federalismo entró en agonía. En el campo fiscal y financiero, ello ha implicado que el gobierno federal ha ido apropiándose cada vez más de una porción mayor de los recursos, a la vez que a nivel de los gastos públicos ha reducido el margen de maniobra de los gobiernos estatales y municipales. En este sentido, no hay tema más importante para el debate legislativo en este nuevo año, que la necesidad de mejorar la transparencia y sobre todo cambiar las prioridades en el manejo del Sistema de Coordinación Fiscal, a través del cual se resuelve la distribución de los recursos a las entidades públicas estatales y locales. Solamente así podrá reducirse el peso de ese Leviatán que es el centralismo tecnocrático en México.

*R. Andrew Nickson, Local Government in Latin America, Lynne Rienner Publishers, Londres, 1996.