Alejandra Moreno Toscano
¿Por qué Chiapas está en crisis?*

Cinco años permiten hacer una nueva lectura de lo que ha pasado en Chiapas. Enero del 94: declaración de guerra, movilización del Ejército, reacción de la opinión pública, cese unilateral del fuego, alternativa de diálogo y negociación para lograr una paz con justicia y dignidad para lo indígenas-campesinos chiapanecos. Esos 10 días marcaron el conflicto, le definieron límites y siguen presentes.

Lo insólito del acontecimiento, que cambiaría el destino de muchos movimientos sociales del mundo a finales del siglo XX, fue que un Ejército en toda forma, respondiera a una declaración de guerra declarando --una semana después-- de manera unilateral el cese al fuego y aceptara la oferta política de que se entablara un diálogo con los guerrilleros para alcanzar una paz que no implicara su aniquilamiento.

Hoy, cuando en el mundo se recurre con mayor frecuencia a este expediente, y se logran avances sustantivos, incluso cuando las guerras han durado no lustros, sino décadas, la pregunta sigue siendo si esa alternativa, en México, tendrá éxito.

Cuando un grupo --cualquiera que sea-- recurre al uso de las armas, los estados enfrentan el problema mayor de darle solución al conflicto. Una salida posible es el aniquilamiento militar. Pero cualquier Estado político hará lo posible por encontrar soluciones políticas, antes de que las armas decidan. No es la primera vez, ni será la última, que se haya preferido recurrir a las reformas políticas profundas para alcanzar una paz justa y digna para todos.

Sin embargo, por la forma como se sucedieron los acontecimientos, por las opiniones que se vertieron, por el resultado obtenido, por los muertos que hubo, por lo que después se escribió y por lo que ahora vemos, el núcleo ideológico del conflicto en 1994 no quedó resuelto. La respuesta de reformar la política para alcanzar una paz nueva desataría resistencias tan grandes como los cambios que sí se alcanzaron.

Esa respuesta política tuvo, coyunturalmente al menos, dos corrientes de pensamiento y acción en contra: una, de grupos de poder que resistían a los cambios políticos, sobre todo cuando éstos tocaban el proceso de reproducción de su propia dominación. Esa reacción se esperaba. La otra, menos esperada, fue de grupos reformistas pragmáticos, indirecta y mucho más compleja. Procedía, como se desprende de lo que describe Carmen Legorreta, en su libro, de las organizaciones campesinas de corte pragmático que no estuvieron de acuerdo con el levantamiento, cuya estrategia había sido negociar apoyos con el gobierno para el desarrollo socio-económico de la región. Ubicadas, por las nuevas circunstancias, en un papel de espectadores, no alcanzaron a entender las implicaciones del cambio democrático para alcanzar la paz, y se dedicaron a poner en duda la legitimidad de la negociación y de los acuerdos. Si el gobierno negociaba con los intransigentes, ¿qué significado tendría su lucha, la de los pragmáticos reformistas históricos? Las organizaciones pragmáticas eran las únicas que legítimamente podían hablar de democracia y paz, porque habían estado contra la guerra y a favor de trabajar con los sectores progresistas del gobierno. Cualquier negociación con el EZLN era ilegítima. Cinco años después, podemos ver que este punto sigue sin resolverse.

La división profunda que ha habido entre las organizaciones de campesinos indígenas chiapanecos, no ayudó a que se alcanzara la paz. Desde la base, se puso en duda cualquier resquicio de entendimiento que hubiera podido construirse. La guerra, vieja ya de 10 años, que había enfrentado a los pragmáticos y a los radicales por las bases campesinas, influyó indirectamente en que el proceso de paz con reformas del 94 terminara arrollado por quienes, desde el gobierno, se resistían a cualquier cambio en el régimen político.

¿Hubiera sido posible otra reacción? No fue posible y no importa especular. Además, esa posibilidad dejó de ser tema político desde febrero de 1995, cuando comenzó a ejecutarse la estrategia del nuevo gobierno.

En los últimos días se han publicado numerosos artículos, en periódicos y revistas políticas y literarias, que revisan los cinco años de insurrección zapatista desde los ángulos más variados. Hay en ellos nueva información, y la seriedad de muchos análisis refleja la honesta preocupación sobre este tema que todos compartimos. Hay, sin embargo, una afirmación que me gustaría destacar, una complicada coincidencia --complicada puesto que parte muchas veces de argumentos contradictorios-- que afirma que: ``el gobierno equivocó su estrategia''.

Este argumento parte del supuesto de que al país le convenía que hubiera reformas. Pero ¿qué sucedería si, en lugar de mirar los hechos del gobierno esperando una reforma, los viéramos con otra perspectiva? Pensemos que, en política, las decisiones son racionales y se toman con un propósito, implícito o no. ¿Cómo leer entonces los acontecimientos de Chiapas? Pensemos, por ejemplo, que el gobierno hizo lo que quería hacer y que sus propósitos han tenido el éxito que dice haber tenido.

El gobierno, en México, tiene mucho margen de maniobra y espacios amplios de acción: monopoliza la violencia legítima (y, como hemos visto, puede incluso recurrir a la ilegítima, de vez en cuando), tiene a su cargo todas las decisiones de planificación, pone las reglas para quienes quieren participar en la política, castiga --aun cuando a veces tenga que decir ``usted perdone''--, otorga los servicios de salud, apoya o frena la exportación de productos y el comercio exterior, puede restringir la libre circulación de mercancías y el tránsito de las personas, interviene en forma directa o indirecta en los espacios de comunicación, educa y moldea ideas y valores de las nuevas generaciones. Tiene capacidad de organización, control, logística y comunicación. En suma, tiene poder. Su acción coordinada puede cambiar las condiciones de la realidad. La descoordinación de su acción, dificulta la vida. Tiene los instrumentos para lograr lo que se propone: impulsar reformas o inhibir las aspiraciones de cambio.

Teniendo tantos recursos, resulta por lo menos desproporcionado, atribuir a un grupo de campesinos indígenas liderados por unos intransigentes, el que no se haya podido lograr la mejoría social y económica en Chiapas y que se mantenga un estado de tensión latente. Se podría decir, en descargo del gobierno, que ha duplicado los recursos económicos que asigna a la entidad desde la insurrección zapatista, pero los resultados sociales han sido tan magros, que vale la pregunta sobre si ha habido ineficacia, falta de propósitos claros, corrupción, descoordinación o dispendio.

Para sacar adelante a la economía chiapaneca después del 94, el nuevo gobierno se decidió por una más fuerte intervención federal (por eso los bandazos del gobierno estatal), y es sabido que cuando un Estado se vuelve multipresente, fortalece las tendencias a reprimir o inhibir toda propuesta diferente y, en consecuencia, inhibe el desarrollo social.

En 1995, después del jalón de febrero, comenzaron, en abril, las negociaciones de San Andrés, que duraron casi todo el año. Fue un momento muy interesante de participación y formación de consensos. En febrero del 96 se firmaron los acuerdos que supuestamente llevarían a reformas jurídicas importantes, incluyendo una enmienda constitucional y la promulgación de una ley que cambiaría la relación del Estado con los indígenas. Si eso se hubiera logrado, hubiera sido un éxito para todos. Pero la redacción de la iniciativa de ley preparada por la Cocopa, no fue aceptada por el Presidente y quedó congelada en el Congreso. ¿Qué pasó?

¿Fue sólo por razones de técnica jurídica que no se aceptó la redacción presentada por la Cocopa --que, por lo demás, todavía tendría que haber sido debatida en el Congreso--? No lo parece. Más bien, el gobierno pensó que la participación del EZLN en la formación de la ley implicaba un reconocimiento político que no quería darle. El EZLN no debía tener una voz significativa en ningún cambio jurídico, ni jugar un papel relevante en la firma de la paz. Por el contrario, debía frenarse su influencia política presente, para que no la tuviera en el futuro. El costo político de esta reflexión tardía fue: primero, desconocer no sólo los acuerdos que había firmado y las firmas de sus representantes, sino el esfuerzo de negociación hecho por diputados de todos los partidos políticos. El costo de la reforma debió parecerle demasiado alto, por los muchos problemas que desataría la ley en el futuro (¡qué tal que todos los indios quieran participar!), y por eso decidió echarse para atrás. En el fondo, la razón es que una tradición autoritaria no tolera que ninguna fuerza, bloque social o coalición política, asuman responsabilidades nacionales para hacer cambios que supone que sólo le competen al gobierno --y al Presidente. La razón no son las variantes del texto en las diversas iniciativas de ley--.

Mientras estallaba el debate sobre el papel de la Cocopa (1996-97) sucedieron las visitas de personalidades mundiales al campamento del EZLN y continuaron las convocatorias a congresos indígenas nacionales.

Esto incomodó aún más al gobierno, que quería que el tema de Chiapas fuera tratado como asunto local y miraba cualquier vinculación exógena con enormes reservas. Pero como la realidad está construida por la superposición e intersecciones de múltiples redes socioespaciales y simbólicas, le resultaba difícil desmantelar las múltiples vinculaciones que establecían los zapatistas y las ondas de publicidad mundial que generaban. La realidad siempre resulta más enredada que las teorías que construimos sobre ella.

Por otro lado, la acción social inicialmente fue ``neutra'' pero poco duró. La idea era que, mientras los acontecimientos no se descontrolaran, lo mejor era atender a todos. Pero muy pronto esa acción encontró resistencias: unos grupos de poder pensaban que el gobierno apoyaba demasiado a los zapatistas; otros, que esto era útil porque disminuía las bases sociales de los insurrectos. Esos fueron los meses en que se habló de un ``doble discurso'' del gobierno. Fueron los meses del impasse: ni se resolvía el asunto de la ley, ni se avanzaba en el desarrollo social, ni se reducía el interés que despertaban los zapatistas.

El gobierno, con programas sociales, no puede resolver el problema mayor que le ha causado el EZLN: su impacto en múltiples grupos de la sociedad nacional, el interés que despertó en los centros urbanos, nacionales e internacionales, y la disposición emotiva a participar con ellos que desencadenaron entre los jóvenes. Cercados como estaban, enmedio de la selva, siguieron convocando a reuniones nacionales, internacionales y galácticas, y recibieron respuesta, respaldo y apoyos.

En un clima de declive de fuerza política del partido en el gobierno, es decir el PRI (todavía no sucede la elección de 1997), el hecho de que los zapatistas armados lanzaran consultas plebiscitarias --asociadas a procedimientos democráticos--, cuya organización escapara al control del gobierno (internet), era preocupante para el poder. El argumento del gobierno debe haber estado muy cerca del siguiente: ¿cómo una persona (Marcos) que tomó un camino tan equivocado (las armas) podía tener éxitos políticos? Si las organizaciones legales y serias (los partidos) tienen tanta dificutad para convocar a la sociedad, cuando no tienen apoyo de los medios masivos o no cuentan con dinero para comprar líneas ágata, ¿cómo es que los zapatistas logran una respuesta masiva? Aquí entramos a uno de los puntos que nos pueden explicar por qué sigue la crisis chiapaneca: porque representa un riesgo mayor para la ``estabilidad'' (de la clase política realmente existente).

Un éxito político es muy riesgoso cuando hay debate ideológico. Por ello, el activismo político del EZLN, a través del FZLN o de la presencia de turistas observadores, se obstaculiza tanto. El gobierno lo ve como riesgo de infiltración ideológica y estorbo para su recuperación política. Lo interesante en esta historia, es que muchos vemos exactamente lo contrario: la mejor forma de hacer que el EZLN pase a ser fuerza política es, precisamente, que haga política. Pero con la visión de que el protagonismo es inconveniente para la política --tesis que sostienen los políticos mediocres-- no se ha logrado abrir esa posibilidad.

La conclusión del gobierno puede ser lógica para el statu quo: no se puede fomentar que el EZLN hable con todos, independientemente de si viajan desarmados, son hombres o mujeres, porque cada movilización que realizan es un acto de propaganda. Y menos, si la sociedad percibe en ello una demostración de eficacia política. Que el EZLN sea eficaz, es demoledor para organizaciones políticas burocratizadas.

Se dificultaron pues, las convenciones, los encuentros, las salidas al DF, como la de Ramona y la de los 1111 zapatistas. Y, sobre todo, se descalificaron las consultas.

1997-98: comenzó la estrategia de minar al EZLN a partir de dos mecanismos simultáneos: desvirtuar cualquier negociación que pudieran alcanzar y disuadir selectivamente, de manera indirecta, también armada e ilegal, a quienes se sostuvieran como sus simpatizantes. Las armas aparecieron por todos lados, comerciadas, entregadas o encubiertas por hombres ligados al poder. Este es uno de los peores efectos de los conflictos armados: el negocio de sostener la hostilidad y la violencia... Hasta que sucedió Acteal.

Se aplicó, desde entonces ya abiertamente, el procedimiento más antiguo que se conoce para recuperar la estabilidad: desestabilizar, crear miedo, confundir, cooptar, mientras se habla de defender el estado de derecho. Una estrategia así, termina por reducir el número de quienes son considerados ``población perturbadora'', dejándolos en la selva como en su cárcel, aislados, sin abasto ni atención, mientras se disminuyen sus bases de apoyo negociando, uno a uno, problemas económicos de corto plazo.

Una estrategia así requiere de una política eficaz para sostenerse: dar salida sólo a informaciones selectivas, sesgadas. Cuando se impide que circule la información completa para que cada quien juzgue, entienda procesos, sume observaciones, las compare, esa estrategia gana. Es la misma propaganda indirecta, la de guerra, que tan bien conoció Orwell. Afortunadamente no es fácil, y lo será menos conforme pase el tiempo. Las informaciones siguen saliendo... y perturbando la estrategia. Pero hay una palabra reciente, que revela mejor cuál es el camino que se quiere tomar: la palabra clave es ``la reciprocidad'', y quiere decir: ``si yo te apoyo, tú tienes que apoyarme'', o ``yo sólo te apoyo, si me apoyas''. Nada puede tener efectos más devastadores para la independencia de criterio, que semejante condicionamiento. Retorna silenciosamente y con nuevas caras, el último resabio de autoritarismo que pensamos que ya se había superado. La estrategia todavía no tiene éxito, pero está en marcha. Y ya ha minado no al EZLN, sino a las bases de cooperación, que son tan necesarias cuando se busca el progreso social y se quiere forjar una esperanza de futuro democrático. Por eso hay, hoy, más crisis en Chiapas.

Cuando, leo lo que he escrito, pienso en la lógica a la que conduce esa estrategia, y también prefiero pensar que el gobierno se ha equivocado y todavía puede retomar el camino de la negociación y las reformas que ha hecho a un lado.

Hace unos días, me entretuve mirando a unos niños que jugaban a subir corriendo unas escaleras eléctricas que bajaban. A mitad del camino, se volvían a mirar hacia atrás, y encontraban que, a pesar del enorme esfuerzo que habían hecho, en lugar de avanzar, habían retrocedido. Así estamos, pensé. Lo único que me animó fue que, a pesar de sus fracasos, hicieran otro esfuerzo para subir y lo lograron.

*Intervención de Alejandra Moreno Toscano en el seminario Procesos de Paz y Negociación en América Latina: el caso de Chiapas, organizado por el Woodrow Wilson-Center y el ITAM-México. 11 de enero de 1999.