Una vez más, el gobierno de la República desvirtúa los hechos para dar la impresión de buen gobierno al final del sexenio. Las dificultades por las que hoy atraviesa la economía mexicana no provienen de la crisis en Brasil. El motivo por el que se devalúa el peso y suben las tasas de interés es que no se cuenta con una política económica coherente. Eso conduce a la nula credibilidad que tiene el gobierno de México.

A finales del año pasado, el gobierno envió al Congreso su nuevo paquete de política fiscal. Unas semanas antes de aprobarlo, en turbia alianza con el PAN, sacó adelante una ley para un rescate bancario inconstitucional y sin sentido económico. Los pagarés del Fobaproa fueron validados, aunque su pago, incluyendo intereses (y si hay recursos), será hasta su vencimiento.

En diciembre había que sacar a como diera lugar la Ley de Ingresos. En nueva alianza con el PAN, el gobierno traficó y negoció un paquete fiscal a toda carrera, sin análisis, sin deliberaciones. Muchos cambios al vapor sufrió la iniciativa original enviada al Congreso por el Ejecutivo.

En el caos de esas negociaciones, se cambió la estructura de los ingresos fiscales, y se alteró de manera significativa la política de gasto público por la caída en los ingresos petroleros. Se olvidó el impuesto sobre el teléfono que proponía el gobierno, en su lugar se modificó la tasa máxima del ISR, y se introdujeron alzas en precios y tarifas de bienes y servicios públicos. En la desesperación por recaudar, hasta los aranceles fueron modificados de manera discriminatoria e incompatible con el GATT-1994.

En materia de la política de egresos, los recortes afectaron de manera significativa la inversión, así como el gasto social. Los efectos de estas medidas se dejarán sentir al reducirse más el crecimiento económico.

Pero sucedió algo extraordinario. Las metas macroeconómicas originales se mantuvieron inalteradas (crecimiento del PIB 3 por ciento; inflación, 13 por ciento: déficit fiscal, 1.25 por ciento del PIB; tipo de cambio promedio de $11 pesos por dólar para el año 1999).

Es decir, a pesar de cambiarse radicalmente la estructura de ingresos y gasto públicos, el gobierno mantuvo las metas macroeconómicas del presupuesto original. Eso no tiene sentido. La reducción en la inversión y en el gasto social, por mencionar dos ejemplos, afectará el desempeño de la economía mexicana en múltiples niveles. Las diferentes modalidades de ingresos también repercutirán de maneras distintas. Las metas macroeconómicas no son neutrales frente a esos cambios.

El Presupuesto de Egresos de la federación aprobado en contubernio con el PAN, solo sirvió para el formalismo político, no para enviar un mensaje claro a los agentes económicos. Lo mismo sucedió con el presupuesto del PRI-PAN aprobado en diciembre de 1997: hace un año, el primer recorte fiscal demostró que el gobierno carecía de un presupuesto. Que no olviden los diputados del PAN.

Para concluir, el gobierno no puede argumentar que la crisis brasileña, anunciada meses atrás, le toma por sorpresa. El paquete de apoyo del FMI para Brasil ($41 mil millones de dólares) fue diseñado para rescatar a los especuladores, al igual que en nuestro caso en 1994 (sin TLC, la economía brasileña recibió la misma ``ayuda'' que México para el rescate financiero). La crisis se encubrió artificialmente para asegurar la re-elección de Cardoso.

La crisis brasileña nace en un modelo económico idéntico al impuesto en México. Allá también se recurrió a la sobrevaluación cambiaría y la contención de la demanda agregada vía el freno de los salarios para reducir la inflación. Como aquí en diciembre de 1994, el ajuste cambiario tantas veces pospuesto, explota hoy de manera desordenada y violenta.

Eso explica el trance en Brasil. Pero, ¿por qué se resiente esa crisis en México si el comercio con Brasil es marginal? ¿Cómo es posible que una devaluación de 8 por ciento en el real desencadene una devaluación de 10 por ciento del peso? ¿Por qué la salida de capitales en Brasil no se traduce en su ingreso en México? Porque el gobierno mexicano es incapaz de formular una política económica creíble.

En una empresa privada, los más altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente de la República, habrían sido cesados de manera fulminante, y hace tiempo. Por mentir repetidamente, y por no poder con el paquete.