Las autoridades de EU, ``conscientes'' de las violaciones a derechos en México

Triunfo Elizalde Ť Si Estados Unidos va a seguir entrenando a agentes encargados de hacer cumplir la ley mexicana, no puede continuar tratando con ligereza los asuntos de derechos humanos, con el argumento de que el gobierno mexicano ``rechazaría sus comentarios'', sobre todo cuando el Departamento de Estado ``es perfectamente consciente'' de las graves violaciones a las garantías fundamentales en este país, señala Human Rights Watch (HRW) al analizar la política estadunidense hacia México en la materia.

Según el informe dado a conocer aquí por la ONG internacional, las fuerzas armadas de Estados Unidos continúan aumentando el entrenamiento de soldados y la asistencia a instituciones civiles mexicanas involucradas en la lucha antidrogas, al grado de que en 1998 el costo estimado para la capacitación de ``190 alumnos'', sólo del Programa de Educación y Capacitación Militar Internacional, fue de un millón de dólares, cantidad similar a la que posiblemente se erogue en 1999.

Durante 1998, se dice, estaba previsto un gasto de 5 millones de dólares en iniciativas de control internacional de narcóticos en México, y se solicitaron 8 millones de dólares para 1999. Los fondos de dicho control serían entregados a la Procuraduría General de la República (PGR), al Equipo de Respuesta de la Frontera Norte (fuerza de trabajo conjunta civil y militar) y a otras instituciones mexicanas.

Además, el Pentágono gastó más de 28 millones de dólares en capacitación de mexicanos en 1997, ``y se esperaba que creciera a 48 millones en 1998''. Esos fondos -conocidos como Sección 1004, tras su inclusión en la Ley de Autorización de Defensa de 1991- están destinados exclusivamente a iniciativas antidroga, que incluyen la capacitación de fuerzas policiales extranjeras por parte del ejército estadunidenses. Sin embargo, el Departamento de Defensa no tiene que desglosar sus gastos por categorías, por lo que Estados Unidos entrenó a 829 mexicanos, ``muchos de ellos procedentes de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE)''.

En el documento Abusos y desamparo: tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial en México, se afirma que ``mientras Estados Unidos fomenta que las fuerzas armadas mexicanas se involucren aún más en actividades de aplicación de la ley de carácter civil, el gobierno estadunidense no ha enunciado un plan a mediano o largo plazos para fortalecer a las instituciones mexicanas, (con el fin de) que el Ejército Mexicano no tenga que desempeñar indefinidamente el papel que ha asumido'', por lo que es posible que el apoyo del vecino país ``debilite a las instituciones civiles que deben sustentar a toda sociedad democrática''.

Del comportamiento de los soldados de élite preparados en cuarteles y centros de entrenamiento de Estados Unidos, la ONG recuerda que el 14 y el 15 de diciembre de 1997, en una población cercana a Guadalajara, Jalisco, un grupo de soldados trasladó a civiles a una base militar, donde fueron torturados. Por ese caso se encuentra en proceso más de una treintena de soldados y oficiales, ya que uno de los aprehendidos murió debido a la tortura recibida; sin embargo, Human Rights Watch señala que, pese a ése y otros hechos en que se han visto envueltos elementos de los GAFE, ``Estados Unidos no se dedicó a observar a esos soldados después del entrenamiento''.