En Chiapas, DF y Edomex, la mayor parte de ilícitos electorales: Patiño
Gustavo Castillo García Ť La mayor parte de los ilícitos que ha atendido la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), se refiere a hechos ocurridos en Chiapas, Distrito Federal y estado de México, afirmó su titular, Javier Patiño.
Al rendir su segundo informe de labores, el fiscal para delitos electorales, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), aseguró que 97.55 por ciento de las denuncias presentadas han sido resueltas y que en una de cada cinco se determinó ejecutar acción penal contra los denunciados, entre ellos dos diputados.
Javier Patiño indicó que durante 1997 y 1998 la Fepade solicitó 228 órdenes de aprehensión y que sólo 8 por ciento de éstas le fueron negadas por jueces federales. En ese sentido, mencionó que al finalizar diciembre quedaban pendientes de ejecutarse 49 órdenes de captura, la mayoría de ellas referentes a ciudadanos centroamericanos que ya fueron deportados por autoridades migratorias.
De acuerdo con los datos estadísticos que presentó, de las 792 denuncias recibidas en 1997 y 1998, 10 de los 73 pliegos consignatorios enviados a jueces, correspondieron al estado de Chiapas, 13 al Distrito Federal y nueve al estado de México, para convertirse así en las entidades donde mayor número de ilícitos electorales se cometieron en ese periodo.
El informe puntualiza que los motivos por los que se presentaron las denuncias se relacionan con ``conductas que atentan contra el derecho al voto y el correcto desarrollo del proceso electoral'', tales como apoderamiento de documentos electorales, y la utilización de recursos públicos para apoyar a algún partido político o candidato.
Expuso que la mayoría de las denuncias fueron presentadas por el Instituto Federal Electoral (IFE) y por los principales partidos políticos; los señalamientos de presuntos responsables han sido en contra de funcionarios electorales, servidores públicos, funcionarios partidistas y particulares.
El fiscal mencionó que una de las razones de que pese a no ser un año electoral en materia federal, en 1998 se presentaron 339 denuncias, frente a las 453 formuladas en 1997, año en que sí hubo comicios federales, es que no hay un plazo perentorio para la presentación de denuncias en el derecho penal mexicano.
Asimismo, mencionó que las denuncias son recibidas con retraso porque las delegaciones de la PGR las envían después de varios meses, ``sin alguna justificación aparente'', por lo que ha hecho del conocimiento de esto a los subprocuradores de la PGR.