Miguel Concha
Contra la violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar es uno de los grandes males que aquejan a nuestro país. Sus consecuencias exceden el ámbito hogareño y afectan todo el entramado social. Un niño que en su hogar fue objeto de vejámenes tiende a reproducir comportamientos similares en la edad adulta, creándose así un círculo vicioso muy difícil de romper. En la gran mayoría de los casos las víctimas son mujeres. La igualdad entre los sexos, consagrada en nuestra Constitución, no se ve reflejada en la vida diaria. La desventaja respecto del varón en la fuerza física y pautas culturales muy arraigadas colocan a las mujeres de carne y hueso en situación de inferioridad.

En vista de que muchas mujeres no denuncian los ataques que sufren cotidianamente, porque temen la represalia de su agresor al volver al hogar, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) propuso la creación de un albergue temporal para ellas y sus hijos menores. En julio de 1997 el albergue comenzó a funcionar a cargo del gobierno de la capital.

En noviembre de 1998 la CDHDF volvió a ocuparse de la violencia intrafamiliar. Esta vez propuso reformas para agilizar el procedimiento civil de divorcio en caso de sevicias y violencia, y para proteger a las víctimas.

El divorcio necesario, aquel en el que técnicamente no hay acuerdo entre las partes, requiere de un procedimiento largo, que puede llegar a durar varios años. Cuando la causa civil del divorcio han sido los malos tratos graves o la violencia intrafamiliar, la víctima está expuesta durante el tiempo que dure el juicio al abuso del agresor. Para evitar esta situación, se propone que en los casos señalados previstos en las fracciones 11, 19 y 20 del artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal el divorcio civil no se tramite por juicio ordinario, sino como controversia familiar, que es una vía mucho más expedita. Así, el juicio, en estos supuestos, duraría sólo unos pocos meses, lo que evitaría que la víctima esté obligada a mantener un trato prolongado con su agresor. Esto además favorece que quien fue objeto de agresiones pueda superar más rápidamente la situación traumática que le tocó vivir.

Muchas veces se requieren años de angustia para que la víctima de la violencia conyugal demande civilmente el divorcio. Es una decisión muy difícil de tomar, sobre todo en los casos de mujeres que no cuentan con el apoyo familiar ni con los recursos económicos suficientes. Por eso también se propone que el plazo de caducidad para interponer la demanda de divorcio, que es de seis meses, no se aplique a estos supuestos.

Unos de los obstáculos que debe enfrentar el cónyuge víctima de la violencia y que quiere divorciarse civilmente, es el de la prueba. Los jueces exigen que se acrediten las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la agresión. Rara vez las víctimas pueden cumplir con esas exigencias, por lo que el agresor queda impune. Se propone que se otorgue pleno valor probatorio al acta levantada ante el Ministerio Público, el juez cívico o la autoridad delegacional encargada de atender casos de violencia intrafamiliar, que esté acompañada del certificado médico correspondiente, o en su defecto, el certificado expedido por una institución pública de salud.

Finalmente, la CDHDF propone medidas precautorias, aplicables a todos los casos de controversias familiares originadas por violencia para proteger a la víctimas. Estas medidas, que deben ser impuestas por el juez, son: la exclusión del autor de la violencia del lugar donde habita el grupo familiar; la prohibición de que acceda al domicilio de las víctimas o al lugar donde trabajen y/o estudien; la prohibición de que se acerque a las víctimas más allá de la distancia fijada por el juez, y la decisión provisional sobre alimentos, custodia y derecho de comunicación con los hijos.

La incorporación de esta medida a nuestra legislación pretende aminorar la situación de indefensión que viven las víctimas de violencia intrafamiliar. La igualdad ante la ley sólo puede hacerse efectiva equiparando las condiciones de aquellos que están en desventaja respecto de los demás.

El documento ha sido ya enviado a la Asamblea Legislativa. Esperamos que no pase a incrementar el número de propuestas que están guardadas en un cajón.