Hay ``evidencias'' de más plantíos, asegura; el Ejército no renunciará a su obligación, advierte

Alonso Urrutia Ť El gobierno federal encontró evidencias de que en la denominada zona de conflicto en Chiapas existen más cultivos de estupefacientes, ``por lo que no renunciará a su obligación de destruirlos''. Por ello, el coordinador para el diálogo y la negociación, Emilio Rabasa, señaló que el Ejército Mexicano no caerá en provocaciones y demandó al EZLN ``en forma directa y por conducto de la Cocopa'' dialogar pronto para atender en forma inmediata el problema de estupefacientes y hablar sobre el conflicto.

En conferencia de prensa, donde prácticamente no admitió preguntas, Rabasa aludió al reciente operativo realizado en la comunidad de Aldama, en el municipio de Chenalhó, donde se detectaron plantíos de mariguana. La acción enfrentó al resistencia de las comunidades ''quienes en principio se opusieron a que las fuerzas del orden público ingresarán a cumplir lo dispuesto por la ley''

Tras advertir que afortunadamente no hubo mayores incidentes que lamentar, advirtió que en las acciones contra el narcotráfico en Chiapas, el Ejército ``no caerá en provocaciones'', pero tampoco suspenderá sus obligaciones de ley.

Durante la rueda de prensa, ofrecida en la Secretaría de Gobernación, el coordinador insistió en que la presencia del Ejército en Chiapas obedece ``entre otros asuntos, a motivos de seguridad nacional y al combate al narcotráfico'', lo cual buscó justificar en cifras.

Dijo que entre el 26 de diciembre de 1997 y el 5 de enero de 1999, en ese estado se destruyeron 340 plantíos de mariguana, con una superficie total de 537 mil 262 metros cuadrados; 135 plantíos de amapola, con una superficie de 90 mil metros cuadrados; y se han asegurado 120 toneladas de mariguana y 376 de cocaína, así como 750 gramos de semilla de amapola y 3.5 kilogramos de goma de opio.

Emilio Rabasa informó que en Aldama se destruyeron, pese a la resistencia inicial de la población, 52 plantíos de mariguana. Apuntó que existen evidencias de que hay mas plantíos de estupefacientes en la zona de conflicto por lo que anticipó que no se van a detener los operativos.

``Sin embargo, el gobierno federal tampoco desea que en ejercicio y cumplimiento de la ley para evitar la proliferación de estos cultivos, se produzcan conflictos con los pobladores de las comunidades que pudieran derivar en hechos violentos.''

Añadió que el Ejército no está presente en Chiapas para atacar a la población civil ``o incluso a los propios zapatistas, ni caerá en provocaciones que hagan variar la determinación gubernamental del cese unilateral de las hostilidades y solucionar el conflicto a través del diálogo y la negociación con estricto apego a la ley''.

Por ello conminó al EZLN a sostener un encuentro a la brevedad posible no solo para avanzar en el diálogo sobre el conflicto, sino también para abordar el problema de la siembra de droga ``de tal suerte que miembros de las comunidades que son simpatizantes puedan facilitar la acción de la autoridad, en cumplimiento de la ley, sin confrontación alguna con las fuerzas del orden público''.

El funcionario dijo que las estadísticas del narcotráfico en Chiapas dan ``una idea de las dimensiones del problema'' y del por qué de la necesidad de que se siga combatiendo, ``para que no tengamos más plantíos como en Aldama y que podamos realizar las acciones legales sin ningún contratiempo con las comunidades en donde se encuentran estos plantíos''.

-¿Esto significa que continuarán las acciones militares para destruir plantíos?

-Significa eso exactamente, para ello estamos solicitando la colaboración.

Sergio Orozco deberá responder por la expulsión de extranjeros

Triunfo Elizalde Ť Sergio Orozco, director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, deberá comparecer ante el juzgado tercero de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para responder sobre la orden que dio el 12 de abril de 1998 para que fueran expulsados de México 12 extranjeros detenidos el día anterior en el ejido Taniperla, municipio de Ocosingo, según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El 11 de abril del año pasado fueron detenidos y al siguiente día expulsados del país los observadores de derechos humanos Julie Marquette, Sarah Mireille Baillargeon, Martha Sánchez Zaragoza, John Sabato Michael, Jeffrey Wrigth Conant, Travis Blaize Loller, Lambot Gautier, Jean Guillaume Bergen Dominique, Olga Chavería Iranzo, Ana López, Julen Cobos y Marion Landich.

En ese entonces intervino el Pro Juárez e interpuso el 12 de abril un amparo ante el tercer juzgado de distrito, reclamando la ilegalidad de la expulsión, para lo que argumentó la violación de los artículos 33 y 89 constitucionales, debido a que la expulsión no fue ejecutada por el Presidente de la República sino por Sergio Orozco.

Desde el inicio del proceso, dice la ONG, el gobierno mostró ``mala fe y dolo'', ya que primero la juez Olga Sánchez otorgó en forma y tiempo la suspensión provisional de la expulsión, pero lejos de suspenderse se llevó a cabo por disposición del director general de Gobierno; incluso, la juez aceptó la prueba ofrecida por los 12 extranjeros: la inspección ocular de los archivos de la Dirección de Gobierno.