A los numerosos presos políticos recluidos en diversas cárceles del país, principalmente indígenas y campesinos, se viene a sumar un grupo de dirigentes de la sección 9 del SNTE, electos en julio pasado. Su consignación, encarcelamiento en los primeros días del año y formal prisión, ni más ni menos que por los delitos de secuestro y motín, son una expresión ominosa de endurecimiento del gobierno federal, además de torpeza sin límites de los encargados de la política interior y de la PGR. Olvidaron lo que con sabiduría decían los revolucionarios chinos: una chispa puede encender la pradera.
Los jefes priístas en el Senado y los hombres de Gobernación y la Procuraduría General de la República, con el auxilio de un juez, se proponían escarmentar a los maestros y a otros movimientos sociales con razones bastantes para el enojo y la protesta, y de paso inhabilitar a los dirigentes de esa sección magisterial, a quienes les niega reconocimiento la dirección nacional del sindicato de maestros, encabezada por Tomás Vázquez Vigil, al parecer instrumento de la senadora Elba Es-ther Gordillo. Pero lo único que provocaron fue una respuesta enérgica de los maestros de diversas secciones, otras organizaciones sindicales solidarias y fuerzas políticas, además de comentarios adversos de diversas personalidades; abrieron las puertas a un conflicto mayor, con implicaciones políticas.
A la torpeza anterior se suma la amenaza del jefe de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Arturo Núñez, de iniciar acción penal contra El Barzón, la Intersindical Primero de Mayo y militantes de otros movimientos sociales que en diciembre pasado entraron a la sala de sesiones de San Lázaro para expresar airadamente su inconformidad con la política económica del gobierno. Núñez quiere contribuir a tensar al ambiente político.
Que los profesores Blanca Luna, María del Refugio Jiménez, Elio Bejarano, Néstor Trujano y Alonso Vargas son presos políticos no cabe la menor duda, aunque el gobierno federal, como siempre, no va a aceptar que lo sean. Pese a que en los últimos 50 años no ha habido un solo día sin presos políticos en el país, oficialmente no se admite su existencia, pues a todos los opositores reprimidos por el gobierno se les ha acusado de delitos comunes, con excepción de los dirigentes ferrocarrileros Vallejo y Campa, que hace 40 años fueron procesados y sentenciados por ``disolución social''.
El gobierno aprovechó como pretexto la entrada de los maestros al Senado en acto enérgico de protesta, para intentar golpear a quienes desde hace varios años rescataron del rígido control oficial a la combativa sección sindical que agrupa a los profesores de instrucción primaria del Distrito Federal. La exagerada acusación por los delitos de motín y secuestro, las declaraciones de mala leche y contradictorias de los senadores priístas, así como la infundada declaratoria de formal prisión, indican sin duda la intencionalidad política de reprimir, atemorizar a los maestros y paralizar su lucha por el reconocimiento de su dirección legalmente electa en un congreso.
Siempre que ha habido represión política el gobierno se ha enmascarado en la ley. Así fue cuando se reprimió también a los maestros de la 9 en los años 50; a la insurgencia ferrocarrilera en 1959, y se encarceló a sus dirigentes durante 11 años, o al numeroso grupo de presos políticos de 1968, y en los últimos años a los miembros o simpatizantes del EZLN. En todos los casos se cubren las formalidades de la ley, pues ésta es una buena máscara para ajustar cuentas con los disidentes o los rebeldes. Pero a estas alturas del siglo eso ya no engaña a nadie, y de ahí la reacción extendida en contra del encarcelamiento de los profesores.
Esta acción represiva va más allá del propósito de intimidar a los miembros de la sección 9. Es un mensaje ominoso, una amenaza a los esfuerzos de renovación democrática del país en los que se empeñan fuerzas numerosas de la sociedad.