La Jornada 19 de enero de 1999

Delicada situación de derechos en México, dicen ONG en carta al Papa

José Antonio Román Ť El respeto a los derechos humanos vive una situación ``especialmente delicada'' en el país, pues a la miseria que obstaculiza el pleno ejercicio de esas garantías a millones de mexicanos, se añaden también la impunidad, la creciente militarización y la presencia de grupos paramilitares en Chiapas, afirman seis centros de derechos humanos vinculados directamente con la Iglesia católica, en una carta dirigida a Juan Pablo II.

En la misiva de cinco cuartillas, que será entregada a través de la nunciatura apostólica, se señala que los programas económicos implantados en América Latina han provocado un mayor número de hombres, mujeres y niños viviendo en la miseria y sin ninguna expectativa de que tal situación pueda cambiar. Ello obstaculiza gravemente el pleno ejercicio de los derechos humanos en el momento actual.

Pero a esa realidad se agrega también el que los derechos civiles y políticos son frecuentemente violentados por los actuales sistemas económicos y políticos. La tortura, las desapariciones forzadas, las amenazas, los asesinatos políticos son la expresión de una realidad de desprecio hacia los derechos humanos por parte de los gobiernos, dicen las ONG eclesiales.

``No quisiéramos dejar de mencionar el grave problema del narcotráfico como un deber que ha logrado corromper a varios de los gobiernos de los países latinoamericanos y que es una de las causas que explican la cultura de muerte, corrupción, impunidad y la espiral de violencia que ese negocio ilegal desencadena.''

Los firmantes de la carta son los centros de derechos humanos de La Montaña, dependiente de la diócesis de Tlapa, Guerrero; Fray Bartolomé de las Casas, de la diócesis de San Cristóbal, Chiapas; Matías de Córdova, de la diócesis de Tapachula, Chiapas, y del Tepeyac, de la diócesis de Tehuantepec, Oaxaca; además del Fray Francisco de Vitoria y el Miguel Agustín Pro, pertenecientes a órdenes religiosas de los dominicos y jesuitas, respectivamente.

En la parte relativa a México, los organismos destacan que la creciente militarización del país registrada en los últimos años ha traído consigo innumerables violaciones a los derechos humanos por parte de militares que, como lo asevera el relator especial sobre tortura de la ONU, gozan de inmunidad frente a los tribunales civiles y están protegidos por la justicia castrense. ``El resultado es que la mayoría de esas violaciones quedan en la impunidad y esa militarización ha afectado sobre todo a las zonas predominantemente indígenas''.

Recuerdan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, en su informe de septiembre pasado, que ha habido no sólo un recrudecimiento de prácticas de control por parte de las fuerzas de seguridad, sino el sometimiento indiscriminado de organizaciones y dirigentes sociales.

``Esa militarización, además, se ha visto fortalecida por la incorporación de las fuerzas armadas a labores de seguridad pública, renunciando con ello a una tarea que debe ser exclusiva de los civiles''. La CIDH mencionó la tendencia creciente a la utilización de oficiales de las fuerzas armadas en ejercicio de funciones policiales. ``El resultado obvio es la militarización de los cuadros dirigentes de las organizaciones encargadas de la seguridad ciudadana''.

Durante la conferencia en la que se dio a conocer la carta, en la sede de la Comisión Episcopal de Pastoral Social -instancia oficial que entregará dicha carta a la nunciatura, para que ésta a su vez se le haga llegar al Papa-, los representantes de las citadas ONG expresaron su preocupación por la realidad que vive Chiapas y que también se refleja en el documento.

Respecto a Chiapas, se advierte que es de ``extrema gravedad'' la actuación de los grupos paramilitares, que han provocado un gran número de muertes. Se señala que pese a las investigaciones realizadas por las autoridades federales durante 1998, esos grupos siguieron actuando impunemente. ``Existe el peligro real de que esa situación salga de control si no se actúa lo más pronto posible para evitarlo''.

Lamentan que México, junto con otros países, ocupe el primer lugar en denuncias de muerte durante la detención y el tercero en desapariciones. ``Por otro lado, la CIDH asentó que la práctica de las detenciones ilegales en México, por su carácter sistemático, constituye una seria situación violadora de los derechos humanos''.

Denuncia que los defensores de derechos y periodistas han sufrido en forma creciente hostigamiento, violencia, amenazas e intimidaciones, lo cual ha llevado, tanto a la CIDH como al relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, a expresar su preocupación sobre esos hechos. En lo que toca a los derechos económicos, sociales y culturales, el permanente crecimiento del número de mexicanos que vive en situaciones de miseria, unos 40 millones, ``es la constatación más fehaciente de la sistemática violación de esos derechos''.

Piden al Papa hacer uso de todos los recursos diplomáticos para coadyuvar a que las diferentes instancias internacionales, en particular la comisión de Naciones Unidas, puedan tomar medidas para hacer frente a la crisis de derechos humanos en México, ``antes de que ésta se agrave aún más''.