Al referirse a las metas del sector salud para el año que comienza, el presidente Ernesto Zedillo expresó ayer, también, objetivos deseables y ciertamente compartibles. No sólo ofreció que el gobierno establecerá, en el periodo, tantas unidades médicas como los días del año, sino que formuló importantes precisiones sobre el trato digno y humano que se deberá ofrecer a los pacientes en los servicios públicos de salud, en la medida en que ésta, vale la pena citarlo, ``no es un favor'' sino un derecho constitucionalmente establecido.

Igualmente positivos son, por una parte, la instrucción presidencial de preservar, en los establecimientos del ramo, los derechos humanos de las personas infectadas de sida, y, por la otra, el propósito de incrementar los salarios de médicos y enfermeras.

Ese implícito reconocimiento de defectos en los servicios de salud a cargo del Estado -trato poco adecuado, y en ocasiones despótico a los pacientes; casos documentados de discriminación a portadores de VIH; salarios inadecuados al personal médico y paramédico- constituye un paso necesario para colocar a las dependencias y a los establecimientos involucrados en el rumbo de construir una atención médica pública de calidad, así sea en el actual contexto de estrechez presupuestal.

Hay, sin embargo, dos puntos negativos en el sistema de salud pública del país que no fueron mencionados en la alocución presidencial y deben ser resueltos en forma paralela al incremento de la calidad profesional y humana en el ramo.

Por una parte, con regularidad y frecuencia, la opinión pública recibe informaciones sobre el desabasto de fármacos, equipos y material de curación. Resultan cuestionables, a ese respecto, las declaraciones formuladas ayer mismo por el director general del IMSS -es decir, por el máximo responsable de la organización de ese organismo-, Genaro Borrego, en el sentido de que la carencia de medicamentos en clínicas y hospitales de esa institución se debe a una ``ineficiencia administrativa'' y no a falta de recursos económicos.

Por la otra, y por doloroso que resulte, es obligado señalar que existen regiones no pequeñas y grupos importantes de población para los cuales el acceso a los servicios de salud pública sigue siendo una reivindicación insatisfecha. Tales lagunas en materia de cobertura debieran ser asunto de preocupación y empeño oficiales, y la primera tarea para erradicarlas tendría que ser su localización precisa.