Nueva causa penal contra los cinco miembros del Comando Patriótico

Jesús Aranda Ť La Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) abrió otra causa penal contra los militares identificados como miembros del Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP), a los que llama ``inconformes'', y sigue en busca de ``otros líderes''. Por lo pronto, son cinco los oficiales señalados por la justicia castrense como responsables de encabezar el movimiento disidente, informó el CPCP.

Mientras, diez soldados que estaban libres bajo caución y que formaban parte del grupo de ``semipresos'' desertaron del Ejército Mexicano debido a las presiones y el hostigamiento contra ellos y sus familias a raíz de la marcha de protesta del 18 de diciembre.

Los miembros del CPCP, quienes pidieron el anonimato, informaron que la PGJM puso en marcha el Plan Roque, con el cual ``infiltró'' en la prisión a oficiales y soldados de la Policía Militar para que detecten a los líderes del movimiento disidente.

Agregaron que la Procuraduría militar ya empezó otra averiguación previa y los interrogatorios para acusar a tres tenientes coroneles, un mayor y un capitán del Ejército de pertenecer a la dirigencia del CPCP.

Por su parte, el grupo disidente demandó la ``urgente'' intervención de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados para que investigue el destino de los haberes, sobrehaberes, sueldos y aguinaldos que se retienen ``ilegalmente'' a los militares sujetos a proceso. Es necesario, señalaron, que el Congreso de la Unión llame a cuentas al secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, y al contralor general del Ejército y la Fuerza Aérea, general Alfredo Hernández Pimentel, para que expliquen el motivo de la retención de ese dinero y ``adónde va a parar'' éste.

Los miembros del CPCP negaron que este grupo se haya ``saltado instancias'', como afirma el procurador militar, general Rafael Macedo de la Concha. Aseguraron que no sólo el teniente coronel Hildegardo Bacilio le hizo llegar a Cervantes Aguirre las denuncias sobre los abusos que sufren los militares presos desde septiembre, sino que el primero de diciembre pasado una comisión formada por el propio contralor le entregó a los oficiales, jefes y soldados presos un cuestionario de 24 preguntas, entre ellas las siguientes:

``¿Qué problemas les ocasiona ir a pasar lista diariamente, a pesar de tener amparo y de estar libres bajo caución? Exponga la problemática familiar que vive, por su condición de procesado o sentenciado libre; si tiene defensor particular o de oficio. ¿Tiene problemas con su vestuario y equipo? ¿Ha tenido problemas con el cobro de sus haberes? ¿Ha elevado solicitudes que no han sido atendidas? ¿En qué forma podría recibir apoyo su familia, por parte de la superioridad?'' Además, se les pedía que anotaran ``cualquier inquietud, queja o comentario respecto de su situación en el grupo de militares procesados''.

Los informantes confirmaron que el 13 de enero otra comisión integrada por el contralor general del Ejército, el procurador militar y otros altos oficiales acudió a la prisión militar del Campo Militar Número 1 con un doble fin: hablar con presos para que les plantearan su situación y buscar la forma de ayudarlos, y para amenazar a los militares miembros del CPCP y advertirles que dejaran de ``hacer ruido''. Esta reunión se efectuó en el llamado gallinero, ubicado a espaldas de la prisión militar.

Los entrevistados aseguraron que han respetado las disposiciones legales y que el propio secretario de la Defensa sabe de todos los abusos que sufren los soldados presos. Pese a ello, a través del procurador Macedo los acusa de haber omitido instancias, lo que derivó en el proceso penal contra los cinco tenientes trasladados a la prisión militar, y en la segunda averiguación previa contra cinco oficiales.

Los entrevistados solicitaron de nuevo la intervención presidencial para detener el hostigamiento y la persecución contra los familiares de los militares disidentes. Además, censuraron la ``pasividad'' del Senado de la República ---especialmente de la legisladora perredista Amalia García, que fue con la primera que tuvo contacto el dirigente del CPCP, Hildegardo Bacilio Gómez--, pues no ha intercedido para que se revisen los expedientes de los militares presos.

Los legisladores, agregaron, tampoco se han ocupado en revisar las cuentas que entrega la Secretaría de la Defensa Nacional, en las cuales salta a la vista ``el robo'' que hace el alto mando de los haberes no pagados a los procesados.

Precisaron que la ley militar viola la Constitución al establecer que a los procesados por los delitos de malversación y sedición se les pague únicamente 33 por ciento de su salario, y a los acusados de otros delitos sólo 50 por ciento. Sin embargo, dijeron, el Ejército no cumple con sus propias leyes, pues cuando a un acusado se le libera por falta de pruebas no se le reintegran los haberes retenidos, como lo establece el ordenamiento. ``Sólo un capitán logró recuperar sus haberes, pero después de tres amparos ante la justicia militar'', dijeron uno de los entrevistados, quien comentó que no es casual que entre los 72 militares que apoyaron el mes pasado la desaparición del fuero de guerra sólo haya cinco marinos y tres oficiales de la Armada de México, pues a ellos les reintegran inmediatamente sus haberes cuando se demuestra que son inocentes de alguna acusación. Sin embargo, la retención de haberes es inconstitucional porque no existe una orden judicial de por medio, aseveraron. ``Parece mentira, pero en la Armada las cosas son diferentes'', dijeron.