La sección 9, en la mira de los duros del SNTE

Claudia Herrera Beltrán /I Ť La madrugada del 10 de julio, Eloy Gómez Pando, uno de los dirigentes más rígidos y antiguos del sindicato magisterial, manoteaba y de súbito dejaba su asiento y suspendía la elección del nuevo comité seccional. ``En los anteriores congresos tuvieron todas las carteras, pero esta vez yo presido'', amenazaba a los delegados de la sección 9, reunidos para elegir a su dirigencia del periodo 1998-2001.

Bastión del magisterio disidente, la rebelde sección 9 fue puesta en la mira de la actual dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en mucho por presiones del sector duro de la estructura gremial que mantiene fuertes compromisos con el PRI. Durante una década, los líderes de ese grupo ``toleraron a sus opositores'', pero hoy no parecen ya estar dispuestos a seguir marginados, sobre todo rumbo al proceso electoral del año 2000.

En el conflicto de la sección 9 con el SNTE hay miembros del sindicato, como Jesús Martín del Campo, que ven el regreso de los autoritarios al organismo, quienes, explica, pretenden utilizar a los maestros de preprimaria y primaria del Distrito Federal como ``chivos expiatorios'' de un proyecto de restauración del cacicazgo sindical.

Pero también esos representantes del ala dura se valen de las fallas de sus enemigos históricos, los seguidores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes en la sección 9, durante esta década, llegaron a caer en los mismos excesos que criticaban: cerrazón y escaso aliento a la participación de las bases magisteriales, como en algunas ocasiones de ejercicio autocrítico ellos mismos han admitido.

A la actitud cerrada del oficialismo sindical, y al valor ``estratégico'' que se le concede a la sección 9, atribuye la investigadora de la UNAM Aurora Loyo el nivel de virulencia que ha alcanzado el conflicto intergremial, que llegó a su clímax con el encarcelamiento de cinco profesores, acusados por el Senado de la República de secuestro, motín y robo.

En términos numéricos, la sección 9 no es tan importante. Con sus 58 mil maestros apenas representa 0.5 por ciento del millón 100 mil maestros del país. Hay, sin embargo, otros factores que hacen relevante al magisterio capitalino: una membresía politizada, la más preparada y experimentada en su labor docente, aliada de otros gremios y agrupaciones sociales, y por todo ello, con gran impacto en los medios de comunicación.

Pero lo más importante es que si desbaratan esa sección, desarticulan a la CNTE, concluye preocupado el líder del magisterio de Chiapas, Víctor Ancheyta. Y es que la novena se ha convertido en el centro de operaciones de la organización disidente, la cual encabeza cuatro de las 55 secciones magisteriales (la 7 de Chiapas, la 22 de Oaxaca, la 18 de Michoacán y la 9 del Distrito Federal).

La CNTE constituye además uno de los movimientos gremiales más sostenidos, pues desde hace 25 años se ha mantenido como férreo opositor del charrismo sindical, no acepta espacios negociados en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y expulsa a sus militantes que lo hacen, privilegia la movilización como medida de presión, critica el modelo económico y mantiene nexos con organizaciones sociales y sindicales de izquierda.

Por eso un problema que empezó por la disputa intergremial de carteras en la sección 9 se mezcló, incluso, con posiciones ideológicas y de partido. Aunque el SNTE se declaró apartidista en 1992, la militancia política es un asunto que sigue ``haciendo mucho ruido''.

El mismo secretario general del SNTE, Tomás Vázquez Vigil, prendió la mecha a unos meses de su llegada, cuando afirmó que la mayoría de los maestros seguían siendo priístas, mientras sus críticos se declaran independientes de partidos políticos o tienen afinidad con el PRD.

Y cuando los profesores ocuparon el Senado, el 11 de noviembre pasado, y esa acción derivó en la detención de cinco de ellos, entre los que se encuentra la secretaria general de la sección 9, Blanca Luna, el tema se convirtió en arena de debates entre los legisladores priístas -quienes presentaron la demanda contra los profesores- y los perredistas -que salieron en su defensa y los declararon presos políticos.

En el centro del debate ha estado Vázquez Vigil, quien en seis meses no pudo resolver el conflicto. El 15 de julio, invadida su oficina por maestros, aceptó que la sección 9 concluyera su congreso sin la participación de una planilla institucional. En los siguientes meses, argumentó que el acto fue impugnado y que la decisión dependía de un Comité Nacional Electoral que en todo ese tiempo no ha sesionado.

Según Martín del Campo, los primeros 10 meses de su gestión muestran claros signos de ``desgaste'': su agenda se ha consumido en los alegatos con la sección 9, en resistir el divisionismo en su propio comité ejecutivo y en luchar contra el fantasma de la senadora Elba Esther Gordillo (ex lideresa del SNTE), a quien incluso se le culpa de ser responsable directa del conflicto.

Hace seis días, cuando Vázquez Vigil aparecía en público por primera vez desde la detención de los profesores, lo hacía en un acto organizado por Gordillo. Lo primero que hizo fue agradecer a la senadora por permitirle dar una improvisada conferencia de prensa sobre el problema de la sección 9, y mostró una postura contraria a la de antes: ayudaría a los maestros a salir de la cárcel.

Un contexto político distinto

Los movimientos magisteriales de las décadas de los setenta y los ochenta se desarrollaron en un contexto político distinto. El PRI era un partido hegemónico y permitía ``cierta apertura política'', incluso la aceptaba a su conveniencia para acotar los ``cacicazgos sindicales''. Ahora el panorama es distinto, explica Loyo, quien es autora del libro Movimiento magisterial de 1958. ``En una ciudad gobernada por la oposición, un gremio enfrentado al oficialismo representa un reto con vistas a las elecciones presidenciales''.

``Hay una especie de indefinición dentro del campo oficialista. Por un lado vemos a un senador Andrade defendiendo lo jurídico, y a una senadora María de los Angeles Moreno que al final acepta la negociación. Y a Elba Esther Gordillo, que es un figura importante en el SNTE, y permanece callada'', comenta Loyo.

La noche de la irrupción de los maestros al Senado de la República, Andrade, también director jurídico del PRI, sostuvo un mesurado debate con el profesor Néstor Trujano, posteriormente detenido. Horas después, cuando el recinto había sido abandonado, Andrade anunció que se aplicaría todo el peso de la ley, y en los siguientes días mantuvo esa postura.

Los mismo sucedió con el coordinador de los diputados del PRI, Arturo Núñez, quien posteriormente al encarcelamiento dijo que se procedería con todo rigor contra profesores oaxaqueños que en diciembre ingresaron al recinto de San Lázaro. Lo mismo hizo el priísta Oscar López Velarde, quien en repetidas ocasiones se refirió a la ocupación del Senado, y aseguró que ni el Presidente ni el secretario de Gobernación... ni el propio Juan Pablo II lograrían la libertad de los mentores.

Recuperar la novena, un viejo plan

Meses antes del 14 Congreso de la sección 9 -del 8 al 14 de julio- los maestros se quejaban de que el SNTE gastaba millones de pesos en una campaña para recuperar la novena, y que Vázquez Vigil la apoyaba asistiendo a ``extraños'' desayunos en hoteles, dando licencias sindicales, e incluso aseguraban que había pagado mil 500 pesos a aquellos profesores que lograron ser delegados al acto.

Entonces, el secretario técnico del SNTE, Aquiles Cortés, no negaba la asistencia del líder magisterial a las reuniones con directivos, supervisores y mentores. ``Hay 50 o 100 profesores que invitaron al maestro Tomás para platicar sobre lo que pasa en la sección 9, y él ofreció que el proceso se haría en el marco estatutario'', decía.

Finalmente, el 30 de junio, mes y medio antes de la elección de la nueva directiva de la sección, en un diario capitalino apareció un manifiesto, firmado por una agrupación desconocida en el medio magisterial, en el cual el llamado Consejo Democrático Plural de Unidad Magisterial acusaba a la actual dirigencia de la sección 9 de radical y de utilizar prácticas discriminatorias, y anunciaba su intención de participar en el proceso de elección.

Integrantes de esa expresión pertenecían -según documentos en poder de La Jornada- a un viejo grupo llamado Base Magisterial, creado en 1985, en tiempos de Humberto Dávila Esquivel como secretario general del SNTE, y que se alimentaba de antiguos vanguardistas seguidores del líder magisterial vitalicio Carlos Jonguitud.

Cobijado por el SNTE, ese grupo finalmente se presentó al 14 Congreso Ordinario de la sección 9, sin poder postular a su planilla, debido a la pertinaz oposición de la CNTE, que alegó irregularidades en la documentación de los charros y anuló su participación.

Pero los argumentos de la CNTE fallaron cuando Eloy Gómez Pando, en calidad de presidente del acto, en representación del SNTE, condicionó la conti- nuación de los trabajos a la inclusión de todos los delegados. El tiempo se detuvo a partir de las cinco de la mañana de ese 10 de julio de 1998.

Tres días después los profesores se apoderaron del edificio central del SNTE y, presionado, Vázquez Vigil aceptó el fin del acto, con la elección de Blanca Luna como secretaria general. A puerta cerrada, los detalles del congreso fast-track no se conocieron. Sólo la firma de aval del SNTE, el desconocimiento del nuevo comité, la sucesión de movilizaciones y, hasta ahora, la indefinición.