Acusa Del Villar a Gobernación de retener $62 millones

José Galán Ť El procurador de Justicia capitalino, Samuel del Villar, calificó de ``inaceptable'' que la administración y el manejo de recursos del Sistema Nacional de Seguridad Pública ``se manipule políticamente y con fines contrarios a la ley'', ya que, añadió, la entrega de la tercera parte del monto correspondiente al Distrito Federal --62.6 millones de pesos-- ``se mantiene congelada por la Secretaría de Gobernación al pretender imponer restricciones políticas contrarias a la autonomía de las entidades federativas''.

Además, ante las críticas del secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, de que el índice delictivo en el Distrito Federal ``es el doble al registrado en el resto del país'', Del Villar Kretchmar respondió, en una misiva dirigida al funcionario federal este lunes, y que ayer hizo pública en conferencia de prensa, que el gobierno federal ``sí es responsable'' de que se haya duplicado el índice delictivo en la ciudad de México entre 1993 y 1997, mientras que en 1998, ``por primera vez en ese quinquenio, se revirtió esta tendencia hacia una baja continua, misma que se mantiene en las primeras semanas de 1999''.

Luego de reiterar al secretario de Gobernación ``la cooperación plena'' del gobierno capitalino con las autoridades federales y locales para garantizar la seguridad de la población, el funcionario del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas denunció que no sólo el gobierno federal no ha entregado la totalidad de los recursos comprometidos para el Distrito Federal dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino que es responsable asimismo de la negativa ``para ampliar el uso, enteramente insuficiente, de frecuencias radiofónicas que exige urgente e inmediatamente la seguridad pública de la población de la ciudad''.

Declaraciones sin sustento

Los anuncios de que el monto de los recursos federales transferidos al Distrito federal en 1998, dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asciende a 180 millones de pesos, ``no tiene sustento alguno, ni que supuestamente su falta de disponibilidad es atribuible al gobierno de la entidad'', porque, añadió, la transferencia neta de recursos federales presupuestados no fue de 179.5 millones de pesos, sino de 51.5 millones de pesos, toda vez que el costo para el gobierno del Distrito Federal de mantener a los reclusos federales en penitenciarías locales fue de 128 millones de pesos, ``como planteamos a usted en atento oficio número 100/164/98 del 24 de agosto de 1998''. La entrega, hasta ahora, ha sido de 51 millones de pesos, mientras que el gobierno local ya cumplió con su parte.

``La Secretaría de Gobernación falta por integrar 62.6 millones de pesos mandatados por la ley al fideicomiso respectivo, mientras que el gobierno del Distrito Federal ha cubierto íntegramente su aportación a dicho fideicomiso'', agregó el procurador al leer el párrafo 2, parte tercera. ``Incluso, la disponibilidad de esos recursos se mantiene congelada por la Secretaría de Gobernación al pretender imponer restricciones políticas contrarias a la autonomía de las entidades federativas, que garantiza el artículo 15 del decreto del presupuesto de egresos del gobierno federal, y en las cláusulas decimoquinta y decimosexta del convenio de coordinación respectivo''.

--Señor procurador, ¿qué intenta el secretario de Gobernación al verter este tipo de declaraciones y ataques hacia el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y en materia de seguridad pública?

--A nosotros no nos corresponde especular. Lo que creemos, y por eso hicimos este comunicado institucional, es que resulta indispensable hacer las puntualizaciones debidas de acuerdo con el marco institucional de cooperación al que obligan las leyes.

El funcionario reiteró que el Sistema Nacional de Seguridad Pública debe mantenerse al margen de cualquier interés político electoral, y que ``debe ceñirse a las prioridades y a las urgencias que reclama la población para su seguridad'', para que no se repita el hecho de que, después de suscribir el convenio de cooperación en materia de seguridad pública, ``no sólo se retrasó la suscripción por parte del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la aprobación correspondiente, sino que cambiaron su posición e hicieron planteamientos por los cuales se violentaban esas disposiciones constitucionales''.

En una reunión sostenida el lunes pasado por el comité técnico del fideicomiso, se autorizaron 50 millones de pesos para el acondicionamiento y ampliación de la infraestructura penitenciaria, básicamente del penal de Santa Martha Acatitla; 18.4 millones de pesos para capacitación; 12 millones de pesos para la inversión y mantenimiento de equipo de laboratorio criminalístico, y 3.5 millones de pesos para capacitación especializada en formación de la Policía Preventiva.

``Tenemos mucha confianza en que la solidez de nuestro marco constitucional y de sus leyes permita cimentar una relación, como ha sido regularmente, de plena cooperación con las autoridades federales, en este caso con el Sistema Nacional de Seguridad Pública'', afirmó Del Villar.

``Vivimos en un régimen federal. Hay una autonomía del gobierno del Distrito Federal que está garantizada en la normatividad aplicable a este caso particular, y creemos que violentar esta normatividad constituye una motivación política que es contraria a las leyes aplicables'', finalizó.