Diálogo privado y resultados públicos, base de la propuesta oficial al EZLN

Andrea Becerril y Alonso Urrutia Ť La propuesta gubernamental para replantear el formato de diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) incluye conformar una nueva instancia de intermediación nacional y garantizar la continuidad de las negociaciones y resultados efectivos, mediante esquemas simplificados que promuevan ``encuentros privados y resultados públicos''.

El coordinador para el diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa, presentó anoche el documento a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). El texto dice: ``Mientras más directo, discreto y sencillo sea el esquema de diálogo, tendrá mejores garantías de éxito''.

La presidenta en turno de la Cocopa, la diputada Aurora Bazán, señaló que la propuesta que les entregó Rabasa ``no implica modificaciones a la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, sino que se enmarca dentro de ella''.

A su vez, el senador perredista Carlos Payán consideró que lo más relevante del documento es ``el cambio de actitud del gobierno y la aceptación de conformar una intermediación''. Subrayó que las experiencias de otros países demuestran que ``se necesitan los mediadores'' para lograr la pacificación.

No se acusó al EZLN de narcotráfico: Rabasa

En otro orden, Rabasa rechazó que el gobierno haya acusado al EZLN de estar involucrado en el narcotráfico; de lo contrario ``no hubiéramos pedido su colaboración para acabar con los plantíos''. Apuntó que no tienen pruebas de que las comunidades zapatistas sean responsables de la siembra de estupefacientes.

Rabasa llegó a las oficinas de la Cocopa poco después de las 18 horas a una reunión que duró casi dos horas y entregó a los legisladores el documento Elementos para un nuevo esquema de diálogo entre el gobierno federal y el EZLN, el cual plantea los criterios que deben prevalecer para una negociación fructífera.

``El gobierno federal estima que se requiere una redefinición del formato del diálogo y para ello propone tres criterios fundamentales: a) continuidad en las negociaciones, b) certidumbre en los avances que se logren y c) efectividad en los resultados''.

Sobre el primer punto, el gobierno advierte que la experiencia en cualquier proceso de diálogo demuestra que durante las negociaciones se presentan incidentes y lo importante es prever que cualquiera de éstos no suspenda la comunicación entre las partes, sino que debe resolverse a través de los cauces políticos y legales.

Asegura que la representación gubernamental está abierta a discutir la necesidad de crear otra instancia de intermediación reconocida por las partes y con base en la ley para el diálogo. ``Esta instancia deberá ser nacional y estar integrada por personalidades de reconocida autoridad moral, que puedan realizar su trabajo con total discreción''.

El segundo criterio es la certidumbre de las negociaciones, ``fundamental para considerar propuestas de compromisos, como se indica en la declaración de San Miguel''. El texto precisa que para el seguimiento y verificación de los acuerdos ya existe la Cosever.

Otro criterio del nuevo formato propuesto es la efectividad, para evitar que alguna de las partes pueda suspender unilateralmente el diálogo y se niegue a reanudarlo, como ocurre ahora. En síntesis, ``se requiere que el nuevo esquema prevea un principio de efectividad que impida suspender unilateralmente el diálogo y, por el contrario, asegure su continuidad en los términos y plazos convenidos por ambas partes hasta la firma del acuerdo definitivo a que se refiere la ley para el diálogo''.

Estos tres principios, dice el documento, estarían sostenidos en dos condiciones: la discrecionalidad de todo el proceso, con encuentros privados y resultados públicos, lo que evitará ``protagonismos innecesarios'', y la simplificación del proceso y de la agenda del 11 de septiembre de 1995.

Se incluirían los cinco puntos demandados por los zapatistas

En el escrito entregado a la Cocopa, el gobierno sostiene estar en la mejor disposición de incluir en las negociaciones asuntos de interés para ambas partes, pero propone dar prioridad a la distensión integral y a la conciliación entre los distintos sectores de la sociedad chiapaneca.

Al final de la reunión, Rabasa reiteró la oferta de llevar a la mesa de discusiones los cinco puntos que los zapatistas consideran indispensables para reanudar el diálogo.

El funcionario aclaró que no pretende que la Cocopa actúe como mensajera, sino que cumpla con su labor de coadyuvancia, que analice el documento y opine sobre el esquema de negociación propuesto.

Interrogado sobre el narcotráfico en la zona de conflicto, Rabasa aseguró que el gobierno federal no ha acusado al EZLN ``ni a nadie'' de estar involucrado en ese ilícito.

--Se acusa al gobierno de tender una cortina de humo, aprovechando la visita del Papa, para responsabilizar al EZLN de la siembra de drogas.

--No es nuestro propósito. No salió este punto en la reunión de hoy; no se me hizo saber que pudiéramos estar tendiendo una cortina de humo, pero no: el propósito es combatir el narcotráfico y para esos efectos solicitar la colaboración del EZLN.

Por separado, el vocero de la Cocopa, el diputado perredista Gilberto López y Rivas, consideró que no hay nada nuevo en la propuesta, pues mientras el gobierno no cumpla con los acuerdos de San Andrés el EZLN no aceptará volver a la mesa de discusiones, menos aun, agregó, con la creciente militarización y los intentos de inmiscuirlo en el narcotráfico.

Niega la SRE que EU haya exhortado a reanudar pláticas

Un cable de la agencia Ap consignó que el gobierno de Estados Unidos efectivamente exhortó a las autoridades mexicanas a reanudar pláticas con el EZLN.

El portavoz del Departamento de Estado, James P. Rubin, se refirió a este llamado cuando se le preguntó sobre un informe de Human Rights Watch, según el cual as violaciones de los derechos humanos son una práctica constante en México.

``Hemos visto el informe, pero no ha habido tiempo de estudiarlo. ``Si bien reconocemos que se han hecho considerables progresos en las reformas políticas y sociales en recientes años, seguimos preocupados por el problema de los derechos humanos'', dijo Rubin

Aseguró que en la reunión se analizaron programas para mejorar el desempeño de los funcionarios judiciales de México, así como el profesionalismo de la policía y de las fuerzas armadas.

Por su parte, el gobierno mexicano rechazó categóricamente haber recibido un ``exhorto'' del Departamento de Estado para continuar las investigaciones y procesos judiciales por la matanza en Acteal o un ``aliento'' para reanudar las conversaciones con el EZLN, pues el presidente Ernesto Zedillo ha reiterado en numerosas ocasiones que se trata de un tema que sólo compete a los mexicanos.

En respuesta a declaraciones del portavoz de Departamento de Estado, James P. Rubin, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció que el 11 y 12 de enero se realizó, en Washington, una reunión de funcionarios de México y Estados Unidos.

Sin embargo, insistió, en ningún momento se discutieron programas de cooperación para mejorar la eficiencia del Poder Judicial mexicano y la profesionalización de la policía y el Ejército; tampoco se habló de realizar programas de cooperación ni se hizo referencia al informe de Human Rights Watch sobre México, presentado días después en el Distrito Federal, afirma la SRE.

Aclara que los principales temas de la citada reunión fueron asuntos sobre la mujer y el niño, derechos humanos de los trabajadores migratorios en Estados Unidos, derechos de los mexicanos detenidos en ese país, derecho a la notificación consular y tráfico de indocumentados.