No deja de resultar sorprendente que en el país más poderoso e influyente del mundo, la escena política se desarrolle entre dos directrices contradictorias y disociadas: la del reconocimiento generalizado al buen des-empeño económico y social del gobierno de William Clinton, por una parte, y la tormenta moral de la clase política conservadora que se empeña en llevar hasta sus últimas consecuencias el juicio senatorial contra el mandatario.

Tal esquizofrenia política se hizo patente ayer cuando Clinton presentó, ante el Congreso que lo juzga por supuestos actos de obstrucción a la justicia cometidos en el ocultamiento de una aventura amorosa, uno de los informes presidenciales más cargados de logros de las últimas décadas, así como un ambicioso programa de trabajo para el presente año. Destacan, entre otros números, el pronunciado descenso de los hechos delictivos en todo el territorio de la Unión Americana, la tasa de desempleo más baja desde 1970, una inflación deleznable, intereses financieros a la baja y bolsa de valores al alza, así como una reducción significativa de los necesitados de asistencia social.

En suma, los estadunidenses perciben, mayoritariamente, que su país atraviesa por un periodo de buen manejo de la economía y por un momento de perceptible bienestar social. Tal percepción se refleja en las encuestas, una de las cuales coloca la porción de los ciudadanos satisfechos con la situación interna de su país en 53 por ciento, frente a 46 por ciento de hace un año. Poco importa, al estadunidense medio el aspecto más criticable y condenable de su gobierno, que es la serie de agresiones militares erráticas, vesánicas e inútiles en contra de diversos países de Medio Oriente y Africa.

Por su parte, Clinton, al rendir su informe anual, propuso un amplio programa de trabajo en materia de política social para este año, en lo que constituye un desafío a los sectores conservadores del Capitolio y a los poderosos reductos de la ultraderecha neoliberal: partidas multimillonarias para reforzar la seguridad social, el sistema de retiro, la educación y la seguridad pública, así como un presupuesto de defensa en el que los incrementos salariales y de prestaciones a los efectivos de las Fuerzas Armadas no es menos importante que la adquisición, desarrollo y perfeccionamiento de armamentos y equipos.

Paradójicamente, esta presidencia, la más coherente en términos de propuesta social que ha tenido Estados Unidos desde los tiempos del New Deal, y que goza de una popularidad y de una aprobación ciudadana claramente mayoritarias, se encuentra bajo el acoso de quienes se han empeñado en sacar a Clinton de la Casa Blanca con base en una persecución enfermiza por episodios que nunca debieron salir del ámbito de su vida personal y familiar.

Ciertamente, es muy poco probable que los intereses partidistas -o, simplemente, pacatos- que lograron activar el proceso de impeachment, o destitución, consigan, en cambio, las dos terceras partes de los votos del Senado que se requieren para poner fin a la presidencia de Clinton. Sin embargo, podrían causar un debilitamiento político del Ejecutivo de tal magnitud que el mandatario demócrata tuviera que permanecer, en los dos años que le quedan de gobierno, prácticamente maniatado. Aunque no se llegue a tanto, el acoso inquisitorial contra Clinton se traduce, ya, en un daño de grandes proporciones a la institucionalidad estadunidense y a su credibilidad.