Emilio Pradilla Cobos
Campo de batalla electoral

La lucha política rumbo a las elecciones del 2000 está en marcha y el Distrito Federal es uno de los campos de batalla más importantes por varias razones: el centralismo político y la concentración del capital lo convirtieron en el corazón del sistema político y económico mexicano y lo que

ocurre en él incide de muchas formas en la vida nacional; cuantitativa y cualitativamente, tiene gran peso electoral y los medios de comunicación aquí asentados dominan el panorama informativo; y su jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, se perfila como sólido aspirante para sacar al PRI de Los Pinos. Por ello, recuperar el DF golpeando a su gobierno parece ser la táctica del PRI y su gobierno federal.

En diciembre, la alianza PRI-PAN en el Congreso federal asestó un duro golpe a los ciudadanos del DF y su gobierno, al rechazar su solicitud de endeudamiento y excluirlo de las aportaciones federales, lo que afectará seriamente la satisfacción de sus necesidades básicas.

Ante el reclamo de Cárdenas, vinieron las incomprensibles respuestas de las secretarías de Gobernación y Hacienda, cuyos titulares no ocultan su deseo de ser precandidatos del PRI a la Presidencia. El Presidente de la República que recorre el país, sobre todo los estados donde se avecinan comicios locales, haciendo proselitismo por su partido, se lanzó a la palestra, haciendo críticas directas a Cárdenas en su discurso del jueves 14 en Chiapas; ante la lógica respuesta de Cárdenas, salieron al quite el secretario de Gobernación y el dirigente nacional del PRI, usando la arcaica y poco democrática idea de que al Presidente no se le critica, aunque él critique a quienquiera; mantienen un discreto y conveniente silencio sobre las campañas multimillonarias de los gobernadores priístas de Puebla y Tabasco y el panista de Guanajuato, su aliado político contra el PRD, pero lapidan el apoyo que Cárdenas da los fines de semana a las campañas estatales del PRD, que ninguna legislación prohíbe y forma parte sustantiva del juego político en las democracias.

En su discurso en San José de Costa Rica, el Presidente, al calificar al gobernador de Minas Gerais, Brasil, de ``irresponsable'', en una clara intervención en asuntos internos de otros países, trató también de descalificar agresivamente a todos los que se oponen al fundamentalismo neoliberal que él y su partido aplican en México, que ha mantenido en crisis permanente a la economía mexicana durante dos décadas y hundido a su pueblo en la pobreza extrema; sus saetas se dirigían sin duda contra el PRD y Cárdenas, ya que el PAN ha apoyado esta política desde tiempos de Salinas.

En este contexto, hay varios hechos a señalar. La democracia, a la que el PRI-gobierno parece no acostumbrarse, incluye normalmente acciones, participaciones y debates como los que nos ocupan; lo que es incorrecto es descalificar a otros partidos y políticos por lo mismo que hacen los priístas. Los estadistas, si lo son, deben respetar las reglas del juego político, pero sobre todo la prudencia y el cumplimiento de sus funciones públicas; Cárdenas, quien no está en campaña y espera los tiempos de su partido para decidir sobre su precandidatura, sólo ha respondido a los ataques de la cúpula del partido de Estado y de sus aliados panistas. Un sector muy importante del PRD y de la ciudadanía considera que Cárdenas debe ser el candidato del PRD a la Presidencia en el 2000 y él, como político, reacciona ante esas manifestaciones; igual lo hacen todos los posibles precandidatos de PRI y PAN, sean gobernadores o secretarios de Estado.

Lo que rechazan los ciudadanos del Distrito Federal es que, como ocurrió con el presupuesto para 1999, el PRI-gobierno y el PAN los tomen como rehenes en la lucha electoral, impidan al gobierno del DF responder a sus necesidades esenciales y asuman cupularmente, a su nombre y sustituyéndolos, el papel de jueces prematuros e inquisitoriales del gobierno que por abrumadora mayoría eligieron en 1997. El gobierno de Cárdenas está rindiendo cuentas todos los días y son los ciudadanos que lo eligieron los que tienen el derecho y la obligación de juzgarlo; no los dirigentes políticos perdedores en las elecciones, ni el gobierno federal que tiene la tarea de cumplir con sus compromisos, pues también está sometido a juicio por la sociedad.